El tiroteo que causó cinco muertos en una tosquera de González Catán, La Matanza, es tratado como un hecho policial, pero su trama es política.
Ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, exhibió una prudencia inesperada al hablar de la “pasividad” ante la usurpación de tierras por parte de las autoridades peronistas que hace 40 años manejan los punteros, la policía y la Justicia en ese territorio. Pero la Iglesia adoptó una actitud más honesta, denunciando a través de los obispos de Laferrere y San Justo, la actividad de organizaciones narcos y delictivas que explotan y matan a sus feligreses.
Habló de bandas, de la intensificación del reparto de armas para los “soldados del robo y de la transa”, es decir, del delito organizado que no hay manera que las autoridades puedan ignorar. Por eso les pidió que pongan fin a la violencia. Coincidió sin decirlo explícitamente con el vocero presidencial al reclamar la presencia del Estado en el más populoso distrito del Gran Buenos Aires. De un Estado que se retiró para que la delincuencia impusiera su poder.
Por lo tanto la cuestión de fondo es si se trata de “permisividad” ante la usurpación de tierras o de corrupción. O expresado más directamente: cuál es la magnitud del vínculo entre la política y el delito. Esa es la clave para frenar las matanzas. Eso es lo que dan a entender los obispos y no la mera identificación de que quién apretó el gatillo en esta oportunidad.
La ministra Bullrich se sorprendió de que en La Matanza pasen “cosas increíbles” como que el que maneja el área de Seguridad sea un ex policía bonaerense. Advirtió en ese sentido que si la Justicia determinase que hay connivencia entre los investigadores y los investigados, intervendrán las fuerzas federales.
El problema, sin embargo, ya excede largamente a la policía bonaerense que en tiempos de Eduardo Duhalde se había ganado el mote de “maldita policía”. Los que conocen el territorio apuntan a la política. A los punteros que además de juntar votos y manifestantes para marchas y actos en la ciudad de Buenos Aires parecen haber anexado el negocio del narco. A los llamados “gerentes de la pobreza” que estarían detrás de la organización de las usurpaciones, los loteos y las “ventas” de terrenos que deberían haber sido desalojados si las autoridades cumpliesen con su tarea.
La impunidad del robo de tierras apunta en una dirección, la de las autoridades municipales y provinciales. Entretanto, la ausencia de la coacción legítima del Estado degenera en violencia feroz, lo que ha transformado buena parte del conurbano en tierra de nadie o bajo la ley del más fuerte en el que las víctimas las ponen los sectores más desprotegidos de la población, no importa cuál sea su nacionalidad.
¿Cómo reaccionaron las autoridades provinciales ante la masacre? A través del ministro de Seguridad de la provincia que calificó de “chicanas” las críticas por el sangriento apogeo delictivo. Fue una respuesta para los medios. Nada que permita prever que la política se decida de una vez a combatir el delito. ¿Cuántos muertos son necesarios para que eso suceda?