A fines de junio de 2008, se dio a publicidad en Córdoba un fallo judicial con dos circunstancias no comunes. La primera sería la celeridad con que se juzgó. Porque el delito se había cometido sólo un par de meses antes.
Se me ocurre pensar que el juez de Río Cuarto que dictó la sentencia, al conocer el caso, debió sentir tal horror, que seguramente le dio especial prioridad al fallo.
En cuanto a la celeridad con la que el juez trató el caso creo que jugó su sensibilidad personal por el tipo de delito cometido.
Muchos de ustedes recordarán –porque no hace tanto tiempo- que en la ciudad de General Deheza, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, siete adolescentes le prendieron fuego; sí, le prendieron fuego a un joven discapacitado mental de 23 años.
Eran las dos y media de la mañana del 2 de abril de 2008 cuando el teléfono sonó en la casa de Diego, un muchacho con retraso mental. Un grupo de siete chicos de entre 15 y 17 años lo invitaba a un asado. Sus deseos de compartir pudieron más que el temor a las bromas pesadas y a las burlas que solían gastarle.
Cuando llegó a la casa donde se realizaba la reunión, los adolescentes –de buena posición económica- lo llevaron directamente al patio. Fue ahí cuando le rociaron los pantalones y las zapatillas con bencina, elemento inflamable. Un pibe de 15 años se agachó y prendió fuego a los pantalones del invitado con un encendedor.
Afortunadamente, el pobre chico enfermo empezó a los saltos y a los gritos de dolor. Tuvo los reflejos suficientes para arrojarse a la pileta, que por suerte, todavía tenía agua. Este detalle circunstancial quizá le salvó la vida.
El comisario Seimandi comentaba que en sus más de 30 años en la policía no había conocido un hecho simultáneamente, tan cruel, como cobarde. Y agregaba que el pibe enfermo tuvo la lucidez necesaria para salvar su vida arrojándose a la pileta para que el agua apagase las llamas, que ya habían encendido sus ropas produciéndole, de cualquier manera, algunas quemaduras.
En cuanto al castigo de los culpables, dos de los chicos tenían 15 años. Por ende ambos eran inimputables para la ley. Es decir que no tenían responsabilidad penal por su falta de discernimiento a esa edad. Los demás chicos contaban entre 16 y 17 años.
A estos, que podrían ser castigados por el Código Penal, aunque con el atenuante de su edad, se les disminuyó la sanción, porque las lesiones del pobre pibe discapacitado de 23 años no fueron graves, aunque tardó varios meses en reponerse totalmente.
La sanción, en definitiva, fue que a cuatro de los jóvenes se los condenó a realizar tareas obligatorias durante un año en establecimientos para discapacitados.
LA INDIFERENCIA
Los padres de todos los chicos debieron realizar terapia psicológica obligatoria hasta que los peritos determinaron la finalización del tratamiento. Reitero que todos los chicos eran estudiantes secundarios y de familias de buena situación económica. Y los padres de casi todos ellos eran incluso profesionales. Y ahora pregunto: ¿ninguno de los muchachos pensó en un riesgo de vida que se corría?¿A nadie se le ocurrió que esa broma era demasiado cruel? ¿Que se trataba de un discapacitado mental que estaba sólo frente a siete adolescentes? ¿Ninguno sintió previamente una pena o solidaridad con el indefenso?
Debe alertarnos a todos esa indiferencia, en una época en que el hombre llegó a la luna, entre tantos otros logros. Es evidente, que si bien nada positivo ya nos asombra en el hombre, tampoco nos asombra nada negativo. Y agrego que la crueldad sin motivo es más repudiable todavía que la crueldad por odio o por dinero. Porque la bondad, la comprensión, la solidaridad, tienen límites.
En cambio, el mal puede ser infinito. Y cierro, como siempre, con un aforismo para estos adolescentes de Córdoba que quizá no pensaron en la posibilidad del enorme daño que podían causar. Entonces les recuerdo que la bala que mata por error no es menos asesina. Y el aformismo final: “La maldad gratuita es la mayor maldad”.