La madre de todas las batallas

Mañana a la noche, en lugar de ver el retorno de Susana Giménez, como estaba programado, los argentinos tendrán oportunidad de seguir por televisión el discurso con el que el presidente de la Nación presentará ante el Congreso el Presupuesto para el año 2025. 

Quedará así solemnemente formalizada y planteada la más importante batalla política y legal que deberá librar Javier Milei durante todo su mandato.  Como se recordará, durante el ejercicio vigente no se aplica este instrumento fundamental, sino un recurso extraordinario para suplirlo en caso de no ser presentado y aprobado en término, que consiste en el ajustar por algunos indicadores el presupuesto del año anterior y usarlo durante el año siguiente.

El ministro mago Sergio Massa no lo presentó en septiembre de 2023, por conveniencias puntuales, y entonces el Ejecutivo se encontró con algunas desventajas en la estructura fiscal, lejos de su concepción económica, pero con la gran ventaja de poder usar con bastante libertad y sin la obligación de coparticipar toda la recaudación adicional generada por la superinflación (pese a las limitaciones introducidas durante el gobierno de Juntos por el Cambio). 

Eso le permitió al gobierno de LLA no tener que plasmar ni verbalizar formalmente un plan anual con límites, parámetros y supuestos para todos los indicadores fundamentales, asignación de recursos, impuestos, estimación del producto bruto y la actividad económica y todos los elementos que constituyen un compromiso y al mismo tiempo contribuyen fuertemente a dar precisiones y una base de sustento a todo el sistema de producción y financiero nacional. 

Sobre todo, al transformar en ingreso no coparticipable la recaudación adicional producida por la inflación, también limitó el monto de transferencia obligatoria a cada provincia, con lo que redujo la nefasta capacidad de gasto provincial lo que ayudó tanto en controlar el exceso de los gobernadores, (también gracias al eterno default que les impide tomar deuda) como a usar las transferencias discrecionales como prenda de negociación en la aprobación de leyes. Eso colaboró fuertemente en bajar ciertos gastos. 

Al presentar ahora su Presupuesto para 2025 el gobierno no tiene más remedio que reflejar en él todas sus políticas, y asignarle un tiempo, un monto y un criterio en la distribución del gasto por área específica, y mostrar sus expectativas y los resultados previstos en el período. Eso incluye el desglose de todas sus políticas: impositiva, fiscal, de coparticipación, salarial, jubilatoria, monetaria, tarifaria, cambiaria, de gestión, performance y destino de las empresas del estado, de subsidios, de reducción de gastos, y en definitiva, lo obliga a plasmar con muchísima más precisión que hasta ahora su plan de gobierno. 

Como es innegable, ese plan nunca escrito ha venido variando de acuerdo a las dificultades encontradas para la utópica dolarización original, que fue virando hasta llegar a un proyecto casi totalmente opuesto a ese concepto. Este instrumento que se somete mañana lo obliga a poner negro sobre blanco y con precisión su proyecto, ya de por sí una tarea ciclópea si se analizan los discursos y cambios de rumbo de los 9 meses de gestión. La prestidigitación verbal se hace mucho más difícil, la “doma” de datos también. 

Tiene otra consecuencia más complicada. Al exponerse tan crudamente las realidades que afectarán a productores, empresarios, trabajadores, jubilados, subsidiados, provincias, inversores, pymes, exportadores, importadores y el tiempo de duración del ajuste, así como la incidencia sobre cada sector, se abre una discusión multisectorial, multipartidaria y multiespectro que necesariamente se verá reflejada en el debate y el resultado final, y lo que es más grave, en las decisiones de todos los sectores involucrados. 

CONGRESO DIVIDIDO

En un Congreso tan dividido y tajeado como el actual, es difícil creer que ya se han negociado y consensuado los aspectos principales para lograr las mayorías necesarias en cada Cámara. Tampoco el gobierno parece tener un sistema aceitado para este tipo de negociaciones y persuasiones. Al contrario. La oscilación entre llamar traidores o patriotas al mismo grupo de legisladores según lo que aprueben o rechacen tampoco parece un mecanismo idóneo. 

Las provincias ahora se ven en una mejor situación para defender su dispendio, porque todo lo recaudado en los impuestos más importantes pasa a ser coparticipable, sin depender de ningún favor ni negociación de transferencias discrecionales. Paradójicamente, el éxito mayor del gobierno, y también su mayor objetivo futuro, que es la reducción de la inflación, al menos a valores humanos, ayuda a que no se licue el monto coparticipable. De modo que los gobernadores están en una posición más cómoda, posición, que se sabe, no está del lado de la austeridad presupuestaria. 

Este cuadro anticipa una dura discusión sobre la composición del Presupuesto, sus supuestos, la asignación de gastos, la política impositiva, y en general, todos los objetivos que enarbola el Ejecutivo. Ya el gobierno ha anticipado su política de déficit cero, su decisión de abstenerse de emitir, su lucha contra la inflación y el sinceramiento de las tarifas de energía. También sostiene nuevamente que el ajuste lo pagará alguien más que no sea la clase media y la clase baja. Todo esto se verá reflejado de golpe en la discusión que comienza mañana. 

Para medir la magnitud del enfrentamiento, basta con el ejemplo de la ley del ajuste jubilatorio, aprobada con una mayoría de dos tercios, vetada por el gobierno, y luego beneficiada por un grupo de legisladores que decidieron no ratificar su voto para insistir con la ley y anular el veto. Más allá de las opiniones sobre la procedencia o no de la ley, o de vetarla, este caso parcial muestra la discusión que se abrirá ahora. 

Aquí conviene hacer una pausa. La ley de Presupuesto no se forma como las demás leyes. Es un proyecto exclusivo del Ejecutivo que requiere la aprobación o el rechazo del Congreso. Éste puede sugerir enmiendas o cambios, pero no hacerlos. Puede condicionar la aprobación o el rechazo a ciertos cambios. Pero no puede per se modificarlo. Debe finalmente aprobar o rechazar el presupuesto en un todo dentro de un plazo. 

Si el proyecto no se aprueba, regirá para 2025 el Presupuesto de 2024, que a su vez es el de 2023 modificado. Lo que, además de crear un caos interpretativo y una discusión eterna, vuelve a reducir la Coparticipación en función de la recaudación adicional por inflación, lo que hará pensar a algunos legisladores provinciales antes de rechazarlo. 

¿EL CEPO SIGUE?

Del otro lado, un rechazo al proyecto obligaría al gobierno a usar los mismos criterios del presupuesto de 2023, incompatibles con sus políticas, al menos con las de hoy. Si bien será imprescindible estudiar minuciosamente el proyecto de Presupuesto a presentarse, de nuevo vuelve a ponerse en discusión la idea central del gobierno, esta vez en detalle y duramente, pasado ya el período de gracia del gobierno nuevo. 

Un solo ejemplo. Luego de varias piruetas dialécticas e ideológicas, el gobierno parece decidido a continuar con el cepo, sinónimo de ancla cambiaria, de proteccionismo, de redistribución forzosa y freno de cualquier crecimiento sostenible. Dentro de esa idea, está claro que aún si liberase el cepo ello no implicaría un mercado libre de cambios, que no parece estar en el GPS gubernamental. Nada más que esa discusión puede llevar años. 

Ese es apenas uno de los miles de puntos a discutir y negociar en un medio que no se caracteriza en general por la formación teórica de los legisladores ni por el equilibrio y muñeca política del gobierno. 

Ni siquiera importa ahora determinar quién tiene razón o que es lo acertado o errado, algo de por sí etéreo y difuso. Lo que se puede dar por descontado es que por varios meses la incertidumbre y las contradicciones serán habituales y constantes. Eso también tiene un efecto sobre la sociedad y sobre el futuro. 

Como telón de fondo, una verdad que la ciudadanía ya ha digerido y confirmado: la casta no pagará el ajuste, con todos los efectos negativos que ello pudiera tener. Negociar con ella no es un promedio. Es no cambiar. Y la casta está en el Congreso, en el Ejecutivo, en la justicia, en el gobierno y en la oposición, en las grandes empresas prebendarias y contratistas absueltos, en los planeros, en los gremios, en todas partes y en todo lugar. 

El programa de Susana era menos complicado y más divertido, seguramente.