El gobierno libertario suspiró aliviado ayer cuando el Indec divulgó el índice de inflación del mes de abril: se consiguió esta vez quebrar la tendencia alcista que venía afirmándose ininterrupidamente desde mayo de 2025 y que en marzo había entregado un índice de 3,4 por ciento. Abril exhibió una baja y entregó una inflación de 2,6 por ciento. Fue una satisfacción relativa: con esa cifra la inflación acumulada en el primer cuatrimestre trepó al 12,3 por ciento, un índice que ya supera la previsión anual del gobierno, que, según la Ley de Presupuesto, debía ser de 10,1 por ciento. A este ritmo difícilmente el año cierra con menos del 30 por ciento, aunque el gobierno insiste en que caerá fuertemente en los meses que restan.
Ya se sabe cuál es la promesa presidencial: en agosto el índice “empezará con 0”.Quizás una apuesta aventurada. Para comprender su sentido hay que tomar en cuenta que el principal compromiso del gobierno, el motor más vigoroso del respaldo que obtuvo en las urnas dos años atrás, fue la lucha contra la inflación que devora el salario y desordena planes y proyectos. Javier Milei amplió su crédito social durante los meses en que consiguió que la inflación se replegara y empezó a perder pie (como muestran las encuestas de opinión pública) cuando la situación se revirtió. Con estas malas noticias se iluminaron otras, referidas a la situación económica general.
Las cifras más recientes de la economía argentina reflejan con claridad las tensiones de una etapa de transición que combina ciertos indicadores de estabilización con persistentes señales de fragilidad estructural.
Mientras las cifras se lo permitieron, el gobierno se ha ufanado de la desaceleración inflacionaria y también puede acreditarse la expectativa de conseguir tres años consecutivos de crecimiento económico (en cualquier caso, moderado). Sin embargo, debajo de esos datos conviven desequilibrios financieros, una marcada heterogeneidad sectorial y un clima de inversión todavía incapaz de consolidar un proceso de expansión sostenida.
Un dato revelador surgió esta semana a partir de un informe técnico del Banco Central sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025. El documento constata que en el marco de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), durante el cuarto trimestre de 2025 lo que se ha registrado es un egreso neto de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El informe permite advertir que, antes que canalizar nuevas inversiones productivas, muchas compañías multinacionales utilizaron las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para reordenar sus estructuras financieras, en muchos casos aprovecharon la apertura parcial del mercado cambiario para cancelar deudas comerciales entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar utilidades acumuladas durante los años anteriores, cuando las restricciones cambiarias dificultaban la remisión y el movimiento de capitales. La estabilización monetaria y la desregulación parcial de la economía todavía no alcanzan, al parecer, para generar un clima de confianza suficiente que impulse un ciclo amplio de inversiones productivas. La persistencia de una tasa de riesgo país por encima de los 500 puntos es un indicador de esa desconfianza.
Un trabajo reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que preside el economista Jorge Colina, sostiene que “la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión”.
El estudio señala que mientras la inversión productiva continúa estancada, durante 2025 los argentinos destinaron el equivalente al 4,7% del Producto Bruto Interno a la compra de dólares para ahorro. El excedente financiero se canaliza hacia mecanismos defensivos de preservación de valor y no hacia la ampliación de la capacidad productiva, lo que expresaría un drenaje constante de recursos fuera del sistema económico formal.
El vaso medio vacío
Aun cuando la inflación, tomando como referencia “la herencia recibida”, se desacelera y se registren mejoras relativas en el orden macroeconómico, subsiste la percepción de que el proceso todavía carece de bases suficientemente sólidas. La acumulación reciente de divisas por parte del Banco Central no alcanza para revertir la debilidad de las reservas internacionales (que siguen siendo negativas). Preocupa la magnitud de los vencimientos concentrados en el corto plazo. A esto se suma otra dificultad central: la caída de los ingresos fiscales. La desaceleración económica de amplios sectores, junto con la reducción de tributos asociados al comercio exterior y al consumo, deprimen la recaudacióndel Estado y el gobierno vuelve a empuñar la motosierra del ajuste para salvaguardar su bandera de equilibrio fiscal. Así recorta sectores sensibles como jubilados, salud, discapacidad, universidades. Las marchas multitudinarias –como la que los universitarios promovieron esta semana en todo el país- contribuyen a poner en discusión la sustentatibilidad del programa.
El crecimiento que reflejan los índices está centrado en pocos sectores y en pocas regiones. Los sectores principales –minería, energía, agro- no son los que más mano de obra ocupan y, en general, están lejos de los grandes conurbanos donde crecen el desempleo y la pobreza y se extiende la crisis productiva y de la construcción. Así, el crecimiento sectorial no se despliega de manera homogénea sobre el conjunto de la sociedad. La situación resulta particularmente delicada en el conurbano bonaerense, donde la retracción industrial y el deterioro del empleo registrado incrementan la vulnerabilidad social.
La principal incógnita hacia adelante radica precisamente allí: si el programa oficial logrará transformar esta estabilización parcial en un proceso más amplio de inversión, empleo y crecimiento socialmente equilibrado, o si, por el contrario, terminará consolidando una estructura económica más ordenada en términos macroeconómicos, pero también más fragmentada y desigual.
Esos rasgos de desconfianza de los inversores y de creciente inquietud social son el marco que explica, por un lado, la atmósfera de disgusto público alrededor de personajes del oficialismo así como lo que Patricia Bullrich definió como “importante emocionalidad del Presidente”, que se manifiesta en sus reacciones airadas frente a críticas y hasta fente a divergencias de detalle expuestas por personalidades que buscan ayudarlo, como Domingo Cavallo. El paisaje de fondo es la elección del año próximo, en la que La Libertad Avanza se juega la reelección de Milei.
Encrucijadas
Ante ese desafío, el oficialismo debe elegir entre ampliar su sistema de alianzas para reconstruir –e incluso ensanchar- la base que llevó a Milei en 2023 o insistir con la táctica de fortalecimiento individual partidario que le permitió construir una fuerza nacional y alcanzar una representación numerosa en el Congreso. Esa opción se manifiesta inclusive en el seno del oficialismo. El primer camino supone llegar a acuerdos con gobernadores provinciales que se han mostrado abiertos a colaborar en el fortalecimiento de la gobernabilidad y con fuerzas políticas que no discuten el rumbo general emprendido por el gobierno, pero divergen en asuntos institucionales y en la distribución social de premios y castigos. Supone, en definitiva, subordinar rasgos ideológicos y batallas culturales a la sustentatibilidad política y la continuidad del rumbo.
La segunda vía, por la que los libertarios parecen tener una vocación preferencial, es en cierto sentido la inversa: implica subordinar las alianzas y los acuerdos políticos a la condición previa de disciplinamiento bajo la hegemonía libertaria, tanto a nivel nacional como en los órdenes locales. Por el momento, Milei sostiene esta segunda línea, representada por su hermana Karina. Y aunque quien parecía encabezar la otra línea, el influyente asesor Santiago Caputo, luce en los últimos tiempos de capa caída en ese juego interno, el hecho de que el Presidente preserve su continuidad y le respete el manejo de algunos dispositivos de poder (la SIDE o ARCA), indicaría que Milei cree tener tiempo –y está dispuesto a tomárselo- antes de clausurar definitivamente esa puerta. Una reserva de pragmatismo.
Después de Beijing
No sería la primera. Milei hace tiempo guardó bajo siete llaves las frases despectivas o agresivas que empleaba en tiempos de campaña para referirse a China y ha digerido con naturalidad que la República Popular sea el principal socio comercial de Argentina así como ha renovado el swap que engrosa las comprometidas reservas internacionales del país. Ese comportamiento luce muy funcional a la luz del importantísimo encuentro que han celebrado en Beijing Donald Trump y el dueño de casa, Xi Jinping.
La reunión fue interpretada como algo más que un intento de reducir tensiones comerciales o estabilizar la relación bilateral. Detrás de los acuerdos puntuales apareció la posibilidad de una coordinación estratégica entre las dos mayores potencias del sistema internacional, en el marco de un proceso en el que la revolución tecnológica empuja la creciente integración económica y en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, la inestabilidad energética y la desaceleración económica global.
En el corto plazo el principal interés común reside en evitar una crisis internacional de gran escala que termine dañando simultáneamente a ambas economías. China necesita estabilidad para sostener sus exportaciones, preservar el flujo energético y evitar sobresaltos financieros internos. Trump, por su parte, procura impedir un shock petrolero global que afecte la inflación y el crecimiento en vísperas de las decisivas elecciones de medio término.
Ese tipo de entendimiento encajaría con la visión que Xi Jinping viene planteando desde hace años al advertir sobre el peligro de la llamada “trampa de Tucídides”, concepto tomado del historiador griego que describió cómo el ascenso de Atenas y el temor que eso provocó en Esparta condujeron inevitablemente a la guerra. Xi utilizó esa referencia ante Trump para señalar que el ascenso de China no debía desembocar automáticamente en un enfrentamiento militar con Estados Unidos.
La apelación a Tucídides no implicaba necesariamente definir a Estados Unidos como una potencia en decadencia terminal, aunque sí suponía reconocer un desplazamiento gradual del equilibrio mundial. Desde la perspectiva china, el problema sería el riesgo de que Washington reaccionara agresivamente frente al crecimiento económico, tecnológico y militar de Beijing. En otras palabras: Xi buscó transmitir la idea de que China pretende ampliar su influencia global sin destruir el sistema internacional existente ni reemplazar violentamente a Estados Unidos como potencia dominante.
Lo que parece emerger es un esquema de coexistencia competitiva. Ambas potencias continúan disputando mercados, tecnología, influencia militar y liderazgo geopolítico, pero al mismo tiempo reconocen que ciertas crisis-el comercio global o la estabilidad financiera— requieren niveles de coordinación.
La reunión de Beijing, de trascendencia global, amplía el panorama de oportunidades para Argentina y amplía sus grados de libertad.