Agustín Rossi.
En la edición anterior de esta columna se señaló que la dinámica de la guerra civil molecular es la sistemática y fáctica negación del concepto de Seguridad. Se trata de un proceso de degradación social que responde con agresión sin contenido a la frustración por ausencia de futuro. Así, yendo de la decepción institucional a la postración jurídica, se genera en la población un clima de claudicación, un agobio que se traduce en indiferencia cívica ante la proliferación de escenarios donde se ignora o desafía el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado. Esa abulia de masas no significa que no haya reacciones ciudadanas advirtiendo lo que sucede, sino que los reclamos de los afectados y quienes perciben el riesgo se diluyen en la confusión diaria sin instalarse en la agenda política como cuestión a resolver.
Philippe Delmas, autor de El brillante porvenir de la guerra, observa que la guerra ya no nace de la potencia de los Estados, sino de su fragilidad, por lo que la primera cuestión de seguridad es la avería de los Estados que evidenciando problemas de legitimidad plantean a sus habitantes la dificultad de un vivir juntos.
Para entender mejor esa debilidad, es preciso remarcar que la dinámica de la guerra civil molecular, un fenómeno autónomo en cualquiera de sus fases, no excluye del escenario otras categorizaciones específicas que lejos de ser autónomas son dirigidas por intereses con propósitos bien definidos: guerras de Inteligencia, subversión, crimen organizado, narcotráfico, etc.
Problemáticas distintas que se entrecruzan en una misma realidad compleja erosionando las convicciones fundantes del Estado afectado. En nuestro caso, esas convicciones hacen al estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional. Aquí el desarrollo de la guerra civil molecular se encuentra potenciado por ser gobierno un proyecto totalitario de corrupción estructural, cuyo empeño está puesto en subvertir el orden constitucional.
Y tal es su determinación para hacerse del poder constituyente que, utilizando como excusa la pandemia de peste china, ha dado el golpe de Estado más estrambótico de la historia: uno que ocurriendo a la vista de todos es disimulado hasta por la oposición que debería denunciarlo.
Afirmo y sostengo que desde el 19 de marzo de 2020, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, se violentó la Constitución Nacional dando inicio a un gobierno de facto y que quienes cumplen roles institucionales desde la oposición parlamentaria y la Corte Suprema de Justicia de la Nación obran en complicidad pretendiendo que sigue siendo de iure. El golpe de Estado ha salido perfecto; sí, pero sostener la gobernabilidad es otro asunto.
SE AGOTA EL MIEDO
El miedo al covid es un exitoso disciplinante social y político, pero se va agotando por hartazgo. Como temor de relevo no prendió el estallido social anunciado por Mario Ishii, cuyo plazo venció sin siquiera ser recordado. Entonces irrumpe ante la opinión pública el Presidente Duhalde diciendo que advirtió a los Fernández sobre un posible golpe militar; dando pie a que Gustavo Sylvestre, vocero del kirchnerismo, en la pantalla de C5N acuse de golpistas a Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.
Ocurre que la mejor manera de encubrir un golpe de Estado real es agitar un golpe ficticio difamando opositores. Pero como en el kirchnerismo la militancia se demuestra odiando, Sylvestre sobreactúa su personaje y se va de boca agraviando a los veteranos de la Guerra de Malvinas, con lo cual clarificó a todo militar que obedecer a ultranza a este gobierno deslegitimado en el facto es traicionar la propia sangre, la vertida durante la guerra contra el terrorismo castrista y la ofrendada en el TOAS.
En ese marco el ministro de defensa Agustín Rossi eligió hablar y perdió la ventaja que le daba el silencio. Porque al juzgar imposible un escenario de golpe de Estado, también exhibió su ceguera: "Yo no veo ningún desastre en el horizonte''. ¿Qué entenderá por desastre? Asumieron el 10 de diciembre de 2019 y en menos de 9 meses trajeron a discusión el rol de las FF.AA. como último sostén del orden constitucional, haciendo que el General Juan Martín Paleo -Jefe del Estado Mayor conjunto- saliera a reafirmar "el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución Nacional''.
Si las FFAA se ven en necesidad de reafirmar su obvio compromiso con el orden constitucional, el gobierno de Alberto Fernández, que con un inconstitucional estado de sitio de facto pretende someter a su arbitrario permiso la libertad de los argentinos, debería considerarse advertido por tomarse atribuciones que los constituyentes no le concedieron y equipararon en infamia con la traición a la Patria.
LAS USURPACIONES
Civil o militar el deber de todo ciudadano argentino es defender la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional. Los militares, con buen criterio, no quieren que sus instituciones vuelvan a interferir en la vida política, pero llegado el caso tampoco pueden convalidar el abuso de poder aborrecido por los constituyentes.
Surgido de iure, el gobierno se ha deslegitimado subvirtiendo el orden al extremo de ser el mayor riesgo para la paz, pues hace de la Argentina un reino del revés en el que, por ejemplo, ante usurpaciones de tierras con planificación política Sabina Frederic, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, decide perseguir a ciudadanos que exigen el cumplimiento de la Constitución y las leyes en lugar de a los delincuentes.
Alguna vez un simple molinero se plantó frente a Federico El Grande diciendo: "Hay jueces en Berlín''. Federico entendió y acató. Por eso fue Grande. Lamentablemente no hay jueces en Buenos Aires ni nada grande, que no sea la infamia, en el gobierno.