"La democracia se sostiene con consenso"

“Es inaceptable, inadmisible y es una regresión tener una Corte Suprema integrada exclusivamente por varones”, destacó Ricardo Gil Lavedra, quien asumió hace pocos días un segundo mandato al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

En dialogó con La Prensa, el exfuncionario radical que fue secretario de Interior de Raúl Alfonsín y ministro de Justicia de Fernando de la Rúa, se mostró crítico con algunas decisiones implementadas por el gobierno de Javier Milei. También ratificó su deseo de mejorar la institución que presidirá por los próximos dos años.

- ¿Cómo percibe hoy usted el tema que está ocurriendo actualmente entre el Gobierno y el juez Casanello a partir de los alimentos?

- Las decisiones judiciales hay que respetarlas, acatarlas y deben ser corregidas dentro del ámbito de la Justicia. Por supuesto que siempre hay una tensión entre los poderes políticos y los jueces, porque estos últimos son los encargados de que el ejercicio de las facultades de los distintos poderes se desenvuelvan dentro de las normas consiguientes. Los magistrados defienden el estado de derecho. Y las decisiones equivocadas de los jueces, que muchas veces las hay, tienen que corregirse dentro de la Justicia, no en la agenda pública.

- ¿Usted cree que la gente percibe esto como algo negativo con respecto a la Justicia?

- La Justicia, lamentablemente, tiene un muy bajo nivel de confianza y de credibilidad. Creo que todos tenemos que trabajar para restablecerla, inclusive los propios jueces, porque la función de estos dentro de una democracia constitucional es estratégica. Es decir, los jueces son los que aseguran la vigencia de la Constitución y las leyes. Por lo tanto, la legitimidad de los magistrados no depende del voto popular, sino de la confianza que despierte en la ciudadanía. Cuando es muy baja, todas las decisiones de los jueces quedan bajo sospecha. Con lo cual es muy importante que todos contribuyamos a fortalecer y asegurar la independencia y la credibilidad de la justicia.

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL

- ¿Cuál es su opinión sobre la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema?

- Arrancaría diciendo que creo que la integración de la Corte debe respetar las reglas constitucionales y, de acuerdo a estas, hay que atender la diversidad de género. Esto no existe en el mundo occidental y no es lo que establece la Carta Magna, cuyas facultades presidenciales han sido reguladas por el propio Poder Ejecutivo, que se comprometió a respetar la diversidad de género. Por lo tanto, yo creo que muchas veces uno naturaliza esta gravedad con las impugnaciones que se le hacen a Lijo, porque parten de la base de que está postulando a un hombre.

-¿Qué percibe respecto a los requisitos?

- Nadie puede dudar de que los candidatos a la Corte, precisamente para poder restablecer esa confianza, tenían que ser gente incuestionable y intachable. Pero nosotros nos hemos manifestado públicamente en contra de la opinión del Presidente acerca de que la Corte podría estar integrada solo por hombres.

- ¿Qué sería lo urgente para mejorar en materia del desarrollo de la democracia?

- El camino de la democracia, lo que exige, es el pluralismo. Este significa respetar la diversidad que tiene una sociedad democrática. No hay nada peor en una sociedad democrática que haya alguien que se crea el dueño de la verdad. Esa es la única manera de poder alcanzar acuerdos, porque una democracia se sostiene cuando hay consensos sostenibles en el tiempo. De lo contrario, cada gobierno cree que es refundacional y que está destinado a inaugurar una nueva Argentina. Desde ya, la opinión popular es muy importante y creo que hay una muy fuerte que procura un cambio. Pero para que estos cambios sean duraderos, tienen que hacerse entre todos buscando los acuerdos imprescindibles. No hay cambio que no pueda hacerse dentro de la Constitución. Y en una democracia constitucional, esto es a través de la elaboración de consensos.

- ¿Y respecto a la Justicia?

- En este aspecto suelen aparecer dos estadios que son, primero, recuperar la confianza y las autoridades políticas tienen que contribuir a fortalecer la confianza y esta independencia. Luego, en segundo lugar, algo que es alcanzable para aquellas reformas judiciales necesarias para que la justicia funcione mejor, resuelva las causas en tiempo útil y sea más accesible. Está muy bien la decisión que tomó el ministro de Justicia de poner en marcha rápidamente el sistema acusatorio, que también es un cambio cultural mayúsculo en materia penal, que traerá mayor agilidad, transparencia y fortalecerá la imparcialidad de los jueces, entre otras cosas. Pero también hay que hacer cambios en los expedientes no penales y hay muchas cuestiones que pueden modificarse para mejor.

RENOVACIÓN

- ¿Qué percepción tiene a partir de esta aprobación a su mandato mediante la renovación de su cargo?

- Ha habido una ratificación de confianza para el rumbo que nosotros habíamos escogido para el Colegio y para cómo defender mejor el ejercicio de la abogacía. Esto nos crea una gran responsabilidad para el futuro, para poder continuar y hacer frente a otros desafíos que tiene, sin duda, el ejercicio profesional en estos tiempos.

- Asumieron luego de finalizada la pandemia, ¿qué dificultades tuvieron en estos últimos dos años?

- Nos encontramos con un colegio cerrado, sin una estructura organizacional establecida. Es decir, que los desafíos eran enormes porque nosotros nos habíamos comprometido a adecuar al colegio a los nuevos requerimientos que tenía la profesión. En consecuencia, hemos hecho, por un lado, una intervención enorme dentro de los edificios del colegio. Hemos intervenido en 3.000 metro cuadrados, que son el 30% de la superficie total. Hemos creado gran cantidad de salas de coworking, salas para tener reuniones de los abogados con sus clientes, también audiencias virtuales con los tribunales. Hemos equipado todas las salas con alta tecnología para poder multiplicar también los cursos de capacitación Educación. Hemos también creado un campus virtual, inauguramos una app para poder hacer todos los servicios del colegio desde el teléfono. Digitalizamos todos los trámites... En fin, se hizo mucho más de lo que pensamos al comienzo y en un contexto sumamente adverso, porque esto fue en medio de una inflación galopante, lo cual lo hemos logrado gracias a una administración muy cuidadosa de los recursos.

- ¿Han podido definir algo sobre temas como honorarios o el secreto profesional a partir de algunas cuestiones legislativas que se quieren aprobar?

- Nosotros hemos advertido con gran preocupación que los jueces no respetan las escalas de honorarios que determina la ley. En consecuencia, pensamos tener una actitud mucho más activa en ese sentido. Es decir, nos presentamos directamente como colegio para reclamar el cumplimiento de la norma. Por supuesto, hemos presentado también un amparo en defensa de los abogados por su inclusión como sujetos obligados en la nueva ley de activos que ha sancionado el Congreso. Si bien se señala para algunas actividades, nosotros pensamos que todas esas actividades forman parte del secreto profesional.

- Siempre se trata de afectar esa obligación legal, ¿no?

- No vamos a permitir que el ajuste se haga sobre los honorarios. Por eso también estamos en contra de un decreto que sacó el gobierno de la Ciudad, estableciendo la posibilidad de reducir los honorarios mínimos que tienen los mandatarios para las ejecuciones fiscales. Podemos tener también una reunión con la Asociación de Mandatarios, que vamos a brindar todo nuestro apoyo en ese sentido.