La cajita libertaria
El país de La Libertad Avanza entra en una caja de fósforos, una caja chiquita. Lo que no entra, pues, sobra. Y lo que sobra se desecha, se tira, se desdeña.
En el país de La Libertad Avanza entran los sectores productivos que exportan, los ricos, los que aún acceden a los servicios privados, los que se miran en espejos lejanos que les devuelven las imágenes de lo que desean ser pero no son.
En el país de La Libertad Avanza no entran los jubilados -los gobiernos anteriores tampoco los tuvieron muy en cuenta que digamos-, los discapacitados, la educación y la salud pública, el tipo de a pie, la empleada en negro.
El Gobierno lo demuestra veto tras veto cada vez que le pone un candado a alguna iniciativa de corte social que pueda hacer naufragar su precaria hoja de cálculo adonde anidan los números del superávit fiscal.
Esta vez el pulgar hacia abajo fue para el aumento a los jubilados y a la ley de emergencia en discapacidad. En los últimos días se le coló en el Congreso la media sanción en Diputados a la ley de financiamiento universitario, que de prosperar en el Senado seguramente correrá igual suerte que las anteriores.
El Gobierno tiene claro que, al menos por ahora, su suerte está atada a que no suba la inflación.
Ese es su mascarón de proa de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre, la gran batalla a escala nacional. Antes, en septiembre, dirimirá en un pleito preliminar la contienda en la provincia de Buenos Aires, donde el resultado le mostrará si el modelo motosierra tiene pleno respaldo o si aún están con vida los programas filo peronistas.
De allí que el superávit fiscal, logrado en tiempo récord y a cualquier precio, no se toque.
El equilibrio en las cuentas públicas le permite al Gobierno evitar dos acciones clásicas de gestiones anteriores: emitir pesos y/o endeudarse para sostener el gasto público.
Sin gasto no hay necesidad de las dos acciones previas. Y la inflación entonces languidece hasta este dígito inusual que hoy experimenta la Argentina.
El problema radica en qué hay que cortar para que ese modelo de país entre en la cajita libertaria. El caso de los jubilados es el principal ejemplo. Vayamos a los números. El veto presidencial al aumento tuvo como argumento que su ejecución haría naufragar el superávit.
El incremento aprobado por los legisladores oscilaba entre un 7,2% y un 16,5%. Actualmente un jubilado que cobra la mínima gana $ 314.000, más el bono de $70.000, lo que hace un total de $ 384.000 (quedan $374.000 de bolsillo). Si se hubiera aplicado el incremento, el monto saltaría al humillante número de $436.000.
Según números de la Subsecretaría de Seguridad Social, actualmente en la Argentina aproximadamente 3 millones de personas reciben ese ingreso, al que le caben muchos adjetivos, entre ellos el de miserable. El 50% de quienes se encuentran en el sistema contributivo percibe ese nivel de ingresos. En el caso del haber máximo, de concretarse el aumento el jubilado o jubilada hubiese pasado a ganar $2.141.000. El impacto era del 2,1% del PBI.
Como para lavar un poco la conciencia, el Gobierno recibió la voz de apoyo del Fondo Monetario Internacional, siempre celoso a las cuestiones fiscales. El organismo saludó la decisión frente a “costosas iniciativas de gasto” y el presidente respondió confesando que su equipo ya trabaja en la reforma previsional, cuyo éxito está sujeto también a que La Libertad Avanza gane más escaños en el Congreso de la Nación.
INFLACION
El superávit fiscal no se toca.
En la cajita libertaria entra lo que entra y lo demás queda afuera. No hay contemplación alguna. El Gobierno confirma sus decisiones, su conducta de motosierra, cada vez que publica el índice mensual de inflación, al que ha logrado acorralar por debajo del 2%. De hecho, las estimaciones privadas revelan que el guarismo de julio orillaría el 1,9%.
Si pudiéramos desprendernos al menos por un momento de las formas, deberíamos decir que alcanzar este nivel de inflación en apenas un año y medio de gestión es todo un éxito.
Una victoria que debe ser leída en clave histórica en un país fatigado por la permanente escalada de los precios y algún que otro remezón hiperinflacionario. Así que el 1,9%, que para otras naciones con trayectoria de disciplina fiscal sería una catástrofe, para nosotros es un carnaval.
“La volatilidad cambiaria de julio no se trasladó a los precios, lo que permitió que el IPC volviera a estar por debajo del 2%. No obstante, hay que ser prudentes. La suba del tipo de cambio señala que está habiendo presiones a la depreciación del peso, y que no se corrigen se pueden empezar a notar en otros precios de la economía”, dice Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.
Y añade: “No obstante, tampoco se puede ignorar que cada señal que la dirigencia política da en contra del equilibrio fiscal y del proceso de reformas, como fueron los proyectos aprobados en el Congreso nacional hace unos días, golpea la credibilidad en el país y hace más difícil la tarea”.
El Gobierno no erra en el diagnóstico al momento de identificar cuáles son las principales causas de la inflación. Han quedado sepultados en el tiempo, en la cada vez más lejana era kirchnerista, los argumentos de los economistas heterodoxos que adjudicaban el fenómeno de la suba de precios principalmente a la concentración económica y la escasez de la oferta.
Hoy se impone el manual liberal que reduce las causas al exceso de gasto público y la emisión monetaria para solventarlo.
El punto ya no se discute. Lo que está en debate es la operatoria para talar el gasto. La motosierra ha cortado a diestra y siniestra pero al momento de decidir el objetivo las voces discordantes se multiplican. Hay quienes sostienen que el Gobierno bien podría haber mantenido o aumentado las retenciones a las exportaciones agropecuarias y con ese dinero financiar el incremento de las jubilaciones sin hacer zozobrar el superávit fiscal.
En el campo, por el contrario, explican que la reducción del impuesto ya proyecta un incremento en la superficie sembrada, lo que se replicará en los números de la cosecha. Eso retornará a la sociedad en consumo y crecimiento. La no intervención estatal activa de inmediato al sector privado, que se expande por su lógico afán de renta.
En el achique del Estado también cayó la otrora Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, que orbitaba en torno a la cartera de Hacienda. Toto Caputo le puso la firma a su disolución, lo cual disparó de inmediato la reacción de los empresarios del sector, que aseguran haberse quedado sin una “interacción institucional necesaria”, en palabras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Hay ajuste del gasto por celo fiscal y también como herramienta de disciplina política. Esa lectura hacen los especialistas ante el dato de que en 600 días de gestión, el presidente Javier Milei echó a 600 funcionarios del Ejecutivo, lo que da un despido cada 4 días, aproximadamente.
ACTIVIDAD
Todo lo hecho por el Gobierno hasta el momento no termina por cimentar la tan mentada confianza entre los empresarios locales y extranjeros. Nadie arriesga una moneda, mucho menos en un contexto de elecciones legislativas, aunque se sabe que el oficialismo tiene casi todas las de ganar frente a una oposición desmembrada y deslucida.
A la espera de las ansiadas inversiones, la actividad económica hiberna.
Por ahora sólo hay prolijidad fiscal pero no abunda el consumo y crujen los puestos de trabajo. Tan es así que en la semana la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el sector pierde en promedio unos 1.500 empleos por mes.
Para que los números no queden como una etérea referencia, va un ejemplo concreto. El miércoles se informó que la principal acería de Bragado, Acerbrag, decidió suspender su producción por tiempo indeterminado debido a la fuerte caída de las ventas. Hay, en este caso, 600 trabajadores en vilo.
El escenario de tensión y angustia despertó a los obispos de la Iglesia Católica, quienes en un comunicado advirtieron que “ningún plan económico es exitoso si deja sin trabajo a las familias”.
Mientras tanto, sólo el sector energético parece tener certidumbre de lo que será su porvenir. Aunque manda Vaca Muerta y su productividad en materia de hidrocarburos, algunos rubros como el litio, por ahora menores, también despuntan.
Su proyección surge prometedora. De lo contrario no habría desembarcado en Buenos Aires la misión del Center for International Private Enterprise (CIPE), con sede en Washington, quien llegó para advertirle a los gobernadores los riesgos de aceptar inversiones provenientes de países autoritarios. Léase los dólares de China, que se expande en el mercado local aprovechando el desplome del precio internacional del mineral.
La sugerencia parece tener un barniz de inocencia, que no es tal. Pero se entiende, ellos hacen su trabajo. Menos comprensible es la actitud de algunos actores locales, tan permeables al interés extranjero. Un capítulo más del viejo Manual de zonceras argentinas.