La Suprema Corte bonaerense suspende a la jueza Makintach
La Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció por 90 días a la la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial San Isidro, Julieta Makintach, quien formaba parte del tribunal que juzgaba a los acusados por la muerte de DIego Armando Maradona tras el escándalo que produjo la filmación de un documental que ella protagonizaba.
La resolución sostiene: "La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires impuso licencia a la jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Isidro, Julieta Makintach. La medida surte efecto desde el día de la fecha y se extiende por 90 días".
La medida fue adoptada mediante la resolución firmada este 28 de mayo por los ministros Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, quienes decidieron apartar temporalmente a la magistrada del cargo tras un análisis preliminar de los antecedentes reunidos en el expediente en su contra.
En las actuaciones, se destaca la existencia de pruebas recabadas en la investigación de los fiscales de San Isidro que recibieron la denuncia inicial contra Makintach.
Según los jueces de la Corte, “la gravedad de los hechos allí investigados denotarían el incumplimiento de deberes que podrían comprometer a la magistrada en distintas esferas de responsabilidad”.
La Suprema Corte, en su resolución, señaló que del examen inicial de los antecedentes y de la presentación formulada por la Subsecretaría de Control Disciplinario se desprende una actuación de la doctora Makintach que evidencia, prima facie, “una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”.
Ese comportamiento -agrega el texto- "inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad, contrastaría abiertamente con el desempeño responsable de la jurisdicción”.
En ejercicio de sus atribuciones de superintendencia, la Corte resolvió que era necesario adoptar medidas para “garantizar la efectividad de la investigación y de las causas en trámite, como así también la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia”.