Hace poco, el Senado expulsó de su seno al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por haber sido sorprendido en flagrante contrabando. La norma en mérito a la cual pudo tomar esa medida es el artículo 66 de la Constitución Nacional.
El mismo autoriza a ambas Cámaras del Congreso – mediante las dos terceras partes de sus votos - a remover a cualquiera de sus miembros cuando incurra en “…inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”. En ese caso, claro está, la inhabilidad para integrar ese cuerpo era moral.
Conforme a ese texto de la Constitución, tanto un senador como un diputado, pueden ser expulsados de la Cámara a la que pertenezcan por “…inhabilidad física o moral” que sean posteriores a su incorporación a cualquiera de ellas.
La eventual inhabilidad física – por ejemplo, una enfermedad que le impida totalmente ejercer sus funciones – atañe sólo a la salud de ese legislador lo cual, simplemente, obstruye el funcionamiento de la Cámara a la que pertenece.
En cambio, la inhabilidad moral de un congresal atañe a la República. Daña la respetabilidad de uno de sus poderes. Así es que un constitucionalista eminente, como lo fue Bidart Campos, opinaba: “…Si la causa es anterior pero la Cámara la conoce después, la norma puede funcionar igualmente” (Derecho Constitucional, T. II, pág. 90, Ediar, 1986).
Pues bien, la simple lectura de dicho artículo 66 deja claro que, si un congresal puede ser removido de su cargo por “inhabilidad moral” – adquirida luego de haberlo asumido - es porque, de haber sido conocida esa tacha, no hubiera podido llegar a él. Ni, siquiera, postularse para ocuparlo.
Si la Constitución prevé la remoción de aquellos legisladores cuya inmoralidad resulte sobreviniente a su llegada al Congreso, es evidente que tampoco quiere que aquel que ya sea portador de ella pueda llegar al él.
A eso aspiraba – aunque no lo dijera - el proyecto de ley de ficha limpia. El mismo pretendía introducir en el Estatuto de los Partidos Políticos un texto que impidiera la postulación a cargos electivos de todo aquél que hubiera sido condenado, en dos instancias, por cometer ciertos delitos (aunque fuera posible, aún, algún recurso más contra esa condena).
Proyecto que no pudo debatirse porque, con toda “inhabilidad moral”, Diputados ni siquiera prestó el quórum para ello. Maniobra para la cual se confabularon casi todos los partidos, incluso el oficialista.
Resultado: lo que la Constitución repudia, que es que entren inmorales al Congreso. Cosa que el mismísimo Congreso se niega rotundamente a instrumentar. La casta, es la misma de siempre. El resto, son internas.