La Ciudad intimó a los gremios a garantizar el 50% del servicio de subtes
Ante la paralización total de las líneas de subte y Premetro, el Gobierno de la Ciudad intimó a los gremios, trabajadores y empresas a garantizar una prestación mínima del 50% en cada recorrido. La medida fue oficializada mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo y Empleo.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los trabajadores, sindicatos y empresas vinculadas al servicio de subte y Premetro a garantizar una prestación mínima del 50% en todas las líneas, luego de la paralización total de la red de transporte porteña en medio de un conflicto gremial.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1201/SECTE/26, dictada por la Secretaría de Trabajo y Empleo, que exige el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto N.º 230/26, mediante el cual se fijaron los servicios mínimos obligatorios para el transporte subterráneo.
La normativa establece que, ante conflictos colectivos de trabajo, huelgas o cualquier otra medida de protesta que afecte el funcionamiento del sistema, deberá garantizarse una cobertura mínima del 50% en cada línea de subte y del Premetro.
En ese marco, la administración porteña intimó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, los trabajadores del sector, la concesionaria Emova Movilidad S.A. y Subterráneos de Buenos Aires a adoptar medidas inmediatas para restablecer las prestaciones exigidas.
Además, la resolución establece que las partes deberán informar de manera urgente las acciones implementadas para cumplir con la intimación, detallando la modalidad operativa y el nivel de cobertura que se garantizará en cada recorrido.
Desde el Gobierno porteño señalaron que la interrupción total del servicio compromete la movilidad urbana y afecta directamente los derechos e intereses de miles de usuarios que utilizan diariamente la red de transporte.
Por otra parte, las autoridades advirtieron que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente podría derivar en la aplicación de sanciones administrativas, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
Finalmente, la Secretaría de Trabajo y Empleo convocó a los sectores involucrados a una instancia urgente de negociación, con el objetivo de garantizar los servicios mínimos obligatorios y encontrar una salida institucional al conflicto.
La administración de Jorge Macri ratificó así su postura de exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes, con el objetivo de preservar la continuidad del transporte público y proteger a los pasajeros afectados por las medidas de fuerza.