La Argentina sigue cumpliendo con el proceso solicitado por la jueza Preska en el juicio por YPF
YPF
La República Argentina continúa cumpliendo con el proceso de discovery ordenado por la jueza de Nueva York Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de YPF que tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, informó la Procuración del Tesoro de la Nación.
De acuerdo con fuentes oficiales, el cumplimiento de esta etapa procesal ha demandado casi dos años de trabajo coordinado y sistemático, e implicó la producción de más de 110.000 elementos probatorios, entre documentos y comunicaciones oficiales,.
Todo ello se realizó en el marco del compromiso del Estado argentino de actuar conforme a derecho y respetar las decisiones judiciales.
En relación con la orden vinculada a dispositivos y cuentas personales de funcionarios, la orden de Preska sobre este punto fue apelada ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y se presentó un escrito con fuertes argumentos de la posición argentina.
A pesar de eso, desde la Procuración del Tesoro aclararon que se avanzó en el cumplimiento de dicha orden, dentro de las posibilidades legales del Estado argentino y con estricto respeto de los límites establecidos por la Constitución Nacional.
En ese sentido, precisaron que las personas alcanzadas por los requerimientos de información optaron por cooperar o, en su caso, por abstenerse de aportar comunicaciones de carácter personal, amparándose, entre otros, en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia.
No obstante, fuentes oficiales informaron que “a partir del 15 de enero comenzará un insólito y desproporcionado pedido de desacato contra la República Argentina”,
Aunque aclararon que “ninguna solicitud de ese tipo tiene efectos jurídicos reales hasta tanto el país pueda ejercer su defensa y la cuestión sea analizada y, en su caso, resuelta por la jueza Preska”.
La insistencia de Burford Capital en este tipo de planteos no parece orientada a la ejecución de una sentencia que se encuentra apelada y pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones, sino a someter a la Argentina a pedidos intrusivos y desproporcionados, con el objetivo de generar presión política y mediática, indicaron desde la Procuración.
Según advirtieron, esta conducta se enmarca en el intento declarado de “poner arena en los engranajes” del proceso de normalización del país, lo que excede cualquier finalidad jurídica legítima.
A ello se suma el deterioro que habría sufrido la cotización de Burford Capital tras la audiencia de apelación celebrada ante el Segundo Circuito de Nueva York en octubre, circunstancia que podría haber intensificado las presiones internas por parte de sus propios inversores.
Desde la Procuración del Tesoro adelantaron que se informará oportunamente sobre cada una de las presentaciones que realicen los demandantes y sobre los argumentos que sostendrá la defensa argentina, haciendo uso de todas las herramientas legales disponibles para la protección de los intereses del Estado.
Asimismo, instaron a la opinión pública a remitirse exclusivamente a la información proveniente de fuentes oficiales.
Recordaron que, conforme al cronograma acordado por las partes, la presentación de escritos se extenderá al menos hasta marzo, por lo que no se prevé ninguna decisión judicial antes de esa fecha.