Inocencia artificial

Este espacio se ha referido anteriormente a lo que se da en llamar el Adornigate, exponiendo la vergonzosa situación creada por la conducta del Jefe de Gabinete, pero ante la progresión de declaraciones, entrevistas y explicaciones entre ridículas, inverosímiles y penosas, no puede permanecer ahora inmutable frente a la evolución absurda del sainete, para no caer en el riesgo de – en vez de ser un periodismo ensobrado – pasar a ser un periodismo amigo y comprensivo, al que el gobierno recurre cuando necesita enviar algún mensaje que explique lo inexplicable. “No aclares que anochece” - dirían los viejos.

Es fácil comprender que el funcionario -y todo el gobierno de Karina Milei- están tratando de ganar tiempo. Uno para construirse un pasado que justifique los ingresos para su súbita vocación gastadora y el otro esperando que las buenas noticias económicas que por ahora se reflejan sólo en las encuestas, no en los ajustados, produzcan un derrame que llegue a las clases media y baja y les cambie el humor. Borrar o modificar el pasado, que es lo que intenta el ministro y sus entrenadores/consejeros, recuerda a Borges: “Una teoría del perdón que puede anular el pasado”.

Nadie ignora que el pueblo argentino, como otras sociedades, se apega por sistema al patriótico lema “roban, pero hacen”, que por otra parte no es muy distinto a lo que predijera hace dos siglos Alexis de Tocqueville, al describir los inexorables efectos negativos de la democracia moderna, de la que proponía una redefinición. 

Torpedo en la sala de máquinas

Mejorar la economía haría pasar a un tercer plano los efectos de cualquier imaginario complot de la oposición, el periodismo corrupto y las fuerzas del mal para desprestigiar a los funcionarios y mandaría a tercer o cuarto plano la preocupación por los actos de corrupción, real o inventado. Eso incluye también a los complots intestinos, un fuego amigo que puede obrar como un torpedo en la sala de máquinas. 

Los préstamos de insolventes a tasa cero, la compra de propiedades a precio de pichincha sin erogación de dinero, las herencias sin juicio sucesorio, las refacciones sin factura que “no costaron tanto”,  el  tarjeteo desproporcionado, la declaración de palabra de ganancias obtenidas mediante el trading en cryptomonedas -operadas con mecanismos que pese al blockchain son de escasa o imposible trazabilidad en cuanto a la identidad de los tenedores, (ganancias omitidas en las declaraciones impositivas y en las declaraciones patrimoniales) más las rectificaciones de declaraciones juradas presentadas expost a la Oficina Anticorrupción vía ARCA  -organismos dependiente del Ejecutivo, cuyas cúpulas han sido designadas sorpresiva e intempestivamente por el Gobierno- son elementos incontrastables que darían en la cárcel a cualquier ciudadano común, empleado, empresario, agricultor, monotributista, jugador de fútbol, sanciones que parece ser que las fuerzas del cielo creen que  no se les aplica.

Las contradictorias explicaciones dadas pública y probadamente al Congreso y a la opinión pública y la prensa, (desde la negación absoluta a la confesión de evasión que increíblemente esgrime ahora como prueba exculpatoria) las fantasiosas explicaciones sobre el origen de sus bienes y recursos, el testimonio de sus excolegas sobre su precaria situación económica, más el clásico argumento de que existe un complot para ensuciar su honra  -argumento que recitan sistemáticamente todos los inquilinos de Devoto - son además elementos que la opinión pública, que no es estúpida como el oficialismo parece creer, no pasa por alto, con las consecuencias correspondientes. 

Tiene lógica que un gobierno cualquiera defienda a sus funcionarios por sus decisiones políticas o técnicas. No se aplica en cuestiones de corrupción. Y en la mayoría de los casos, como Nixon, se van acumulando situaciones que terminan obligando al imputado a renunciar, porque cada explicación lo desacredita más. En estos casos tan evidentes, las explicaciones y justificaciones se van volviendo cada vez más ridículas, contradictorias e incriminadoras, hasta que el funcionario se tiene que ir y el gobierno en cuestión se compra todos los efectos negativos. En temas de corrupción, la defensa corporativa no es lealtad, sino complicidad.

Tampoco es sostenible el concepto de “le ofrecí al presidente renunciar, pero no me permitió hacerlo”. La renuncia no requiere permiso, como si fuera el seppuku nipón.  Y la renuncia de un hombre de bien es siempre indeclinable y no se ofrece: se firma. 

Sarta de despropósitos

Sin embargo, esta sarta de despropósitos, para ser benévolos en la calificación, tienen algún objetivo, además de intentar diluir la cuestión: dar argumentos y excusas a posibles fiscales, jueces y Cámaras de Apelaciones amigas. Una absolución sería una semisalida elegante, coherente con la otra línea argumentativa de “dejo que la Justicia actúe, no puedo hablar sobre esos temas”. Se ve que Adorni ha conseguido ahora algún permiso especial para hacerlo. Tal vez haya conseguido el asesoramiento de un gran abogado penalista del menemismo y funcionario de Milei, que era elogiosamente apodado en su momento como “mate y venga”.

Los argumentos de que la cantidad en discusión ni se compara con el nivel de robo del kirchnerismo, lo que es largamente cierto, son pese a ello despreciables, en los dos sentidos del término. La ética no se mide por el tamaño, ni los delitos. También se podría sostener, en esa línea de argumentación, que las actuales concesiones a amigos y favorecedores que se están haciendo alevosa y dadivosamente, inclusive con los innecesarios e inequitativos beneficios del RIGI y el super RIGI, no son tan malas comparadas con las de Cristina Kirchner.  

Ya se ha hablado aquí del dudoso secretismo del sistema de Declaraciones juradas patrimoniales, cuya parte privada queda en poder de la Oficina Anticorrupción y sólo puede ser exhibida por orden del Presidente de la Nación, el de la Oficina o un Juez. Un buen juez revisaría la cadena de custodia de esas presentaciones. 

¿Todo evasor es un héroe?

Otro punto colateral que amenaza con jugar un papel importante en el escándalo es la llamada Ley de Inocencia fiscal. Al eliminar la pena de cárcel para los evasores que confiesen haber incurrido en ese tipo de prácticas. Eso torna muy cómodo para justificar patrimonios y hasta para blanquear el origen de fondos (por eso los bancos no lo promueven, para no caer en incumplimientos a la ley de lavado, que tienen duras sanciones internacionales).

También en Argentina son punibles esos hechos, pero la sensación es que el Gobierno ha decidido omitir esa ley a todos los efectos, bajo el lema “todo evasor es un héroe” o similares. Por eso, salvo que alguien esté desesperado o atrapado, no es aconsejable usar ese régimen. Recuérdese que un segmento de la opinión pública la apodó ley para los funcionarios.

Esa misma ley tiene otra curiosa característica: al poner límites inferiores para que la evasión se considere delito, permite que cualquier autor de hechos anteriores a la ley se beneficie con el permiso, porque en Derecho Penal se aplica la ley más beneficiosa para el reo, retroactivamente. 

Esa ley tiene un problema (o ventaja, según el observador). Como los límites del delito son en pesos, 1.000 millones, si alguien hace cinco años evadió esa cifra, que en ese momento era sideral, evita cualquier sanción penal y aun impositiva, y sólo paga el impuesto correspondiente, sin ajuste. Enorme diferencia con el fuero laboral, donde la indexación es fatal para las pyme, golpeadas largamente desde todos los ángulos. 
 
También se podría sostener, en esa tesitura, que comparativamente el caso de Adorni es una minucia y debe ser exculpado. La corrupción nacional es multisectorial, multidimensional, multipartidaria, multimodal y multitudinaria.  Muchos la practican, muchos la toleran, la justifican, la dan por descontada y hasta la envidian, aplauden y admiran. En tal cuadro de situación será muy difícil de erradicar, porque, ¿Quién custodia a los custodios?, diría Juvenal.