Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
En todo país cuya organización contempla la posibilidad de la alternancia política, las instituciones son pensadas como una continuidad histórica que no se interrumpe con cada cambio de gobierno.
Hace al patriotismo, a la madurez política y a la confiabilidad -tanto interna como ante terceros países- de cualquier Nación, el cuidado racional para proyectar sus instituciones; especialmente aquellas que tienen importancia como manifestación y atributo de país soberano. Los servicios de Inteligencia son de esa clase de instituciones. Un país es soberano cuando decide por sí mismo y los servicios de Inteligencia contribuyen a la calidad de esas decisiones.
Israel no sería un país soberano si descuidara al Mossad. Y tampoco lo sería Suiza si descuidara su Servicio Federal de Inteligencia. Citar un país en conflicto permanente y otro que encarna la neutralidad ilustra la necesidad de la Inteligencia en todo tiempo y lugar, porque contar con servicios de Inteligencia es esencial para el buen gobierno de los Estados soberanos en cualquier circunstancia.
Esta breve introducción sirve para advertir que el perfecto disparate que en todos los órdenes viene siendo la Argentina, gobernada como si la aspiración nacional fuera ser reconocida como El Reino del Revés, supera la grosería en materia de Inteligencia.
SECRETOS QUE MERECEN SER PROTEGIDOS
Nuestra Constitución Nacional considera que hay secretos que merecen ser protegidos. Explícitamente lo dispone para el voto y para las fuentes de información periodística. Y esto basta para dejar claro que lo secreto no es ni remotamente sinónimo de espurio. Luego, implícitamente, es un valor sobreentendido en la organización nacional dispuesta por los constituyentes que determinados asuntos de Estado, por su propia naturaleza como las previsiones de guerra, imponen la necesidad de conservarse secretos.
Y ello no lesiona a la publicidad de los actos de gobierno como característica de una República, simplemente conserva la racionalidad y discreción que requieren el manejo de la diplomacia, las fuerzas militares, la seguridad y otras cuestiones de importancia para el mejor cuidado de los intereses de la Nación.
Tanto así que un Presidente puede ser acusado ante el Senado y destituido por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones si perjudica al país haciendo públicos secretos de Estado, pues en el mismo momento de asumir como tal se le exige, por el Artículo 93 del texto constitucional, prestar juramento de "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".
Luego, distintas leyes receptan la protección de lo que debe conservarse secreto en variados ámbitos de la vida social, penalizando la deslealtad de quien vulnera el secreto que le fue confiado. Una de esas leyes, por supuesto, es la Ley Nacional de Inteligencia.
Dicho esto, es inadmisible que la Agencia Federal de Inteligencia haya dejado expuestos, con la excusa de responder un requerimiento judicial, datos que exceden en mucho el objeto de la causa. Y peor aún: la intencionalidad de baja politiquería es evidente cuando lo que se ventila es el Libro de Actas que resume la vida administrativa de la AFI de diciembre de 2015 a enero de 2019, prácticamente todo el período presidencial de Mauricio Macri. Como si la AFI debiera mutar su existencia y empezar de cero ante cada alternancia de poder.
Inexcusable responsabilidad del actual gobierno, porque el Artículo 16 de la Ley 25.520 pone en cabeza del Presidente de la Nación, o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, autorizar el acceso a documentación con clasificación de seguridad.
Las actas en cuestión fueron enviadas a la Justicia en bruto, sin deslindar y proteger la información que no hace al objeto de la causa, igual que si fueran las actas de alguna sociedad de fomento. Pero como no son actas de una sociedad de fomento, era más que previsible que se filtraran y pasara lo que pasó. Hoy esa información circula libremente, se encuentra a disposición de cualquier servicio de Inteligencia y es analizada por los de aquellos países con intereses relacionados al nuestro. Que saben interpretarla.
Puede haber responsabilidad del juzgado o de la fiscalía, pero la responsabilidad primaria e ineludible es de Alberto Fernández, quien nombró interventora de la AFI a Cristina Caamaño, alguien que desde ese rol ha dañado severamente la ya endeble credibilidad institucional de la Argentina. ¿Es Argentina un país confiable? No. En ningún ámbito, en ningún sentido positivo. Y el gobierno es tan falto de lealtad que traiciona a sus agentes de Inteligencia. Discreción cero. Confiabilidad nula.
En un mundo donde la cooperación interagencial entre países es una necesidad creciente este tiro al pie de la AFI hará que por muchos años ningún otro servicio de Inteligencia la considere confiable. No hay ninguna razón de Estado que pueda justificar la violación del secreto en la que incurrió Cristina Caamaño al descuidar desde la intervención de la AFI nombres, estado y funciones de agentes de Inteligencia. Se pretenderá alegar la transparencia como justificación, pero la estupidez no es transparencia y la traición tampoco.
Si en lugar de "casta política" Argentina tuviera "dirigencia política", la preocupación sería discernir la responsabilidad de Alberto Fernández; comenzando por establecer si Cristina Caamaño y sus laderos son un montón de ineptos o agentes enemigos.
Finalmente, no se requiere la imaginación de John le Carré para entender que cuando al gobierno de un país lo domina el enemigo (ese mismo enemigo que dirigió organizaciones terroristas y fue vencido por las armas), pasan cosas como difundir la lista de los agentes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino (2010) o las actas de la AFI (2020).