Ignorancia gratuita, sin cupos y sin examen de ingreso

El Gobierno prefirió encuadrar la importante manifestación “en favor de la educación” como una marcha política. Finalmente todas lo son. Aunque en el fondo se trató de una importante movilización del mundo universitario a la que se sumaron voluntarios de todas las categorías, algunos con fines políticos, otros por la sacrosanta consigna de “aguante la enseñanza gratuita”, otros por el solidarismo que mueve a vastos sectores de la sociedad a sumarse a cualquier consigna que suene a regalo del Estado, no importa su contenido o sus efectos. 

El oficialismo demostró en este  caso, una vez más, su absoluta incapacidad de manejar seriamente la comunicación política, pese al ejército de trolles, streamers e insultadores profesionales que conforman su tropa, firme en su idea de que el insulto grosero y la descalificación sistemática de cualquiera que piense distinto es un mecanismo eficaz de conectarse con la población. Es evidente que entre las múltiples capacidades de la Regente presidente de LLA no figura el arte de persuadir y escuchar, ni siquiera a sus propios aliados. 

En este tema, además de la torpeza que significa impulsar un nuevo ajuste al presupuesto de las universidades a pocas horas de la marcha, resalta el hecho de que Milei se dejó robar el discurso sin lograr explicar a la ciudadanía sus razones y argumentos. 

Para empezar, en ningún momento el proyecto del Ejecutivo plantea duda alguna sobre la gratuidad de la enseñanza superior. De modo que esa falsa bandera se hizó con gran efecto de convocatoria e indignación popular sin una adecuada refutación, salvo el insulto. 

El proyecto oficial tiene dos propósitos que no son refutables en su concepto básico: la necesidad de que las universidades, que reciben una partida presupuestaria determinada por el Congreso, no pueden pretender no ser auditadas, como cualquier otro sector de los tres poderes. La Universidad, finalmente, no es un cuarto poder independiente que se autofinancia sin rendir cuenta a nadie.

Hay un historial de excesos y desproporciones en varios casos que más que justifican la necesidad de ese proceso. El duro e inmerecido ajuste casi al voleo, que golpea a los docentes, tiene que ver con la imposibilidad de auditar tanto contable como operativamente a esas casas de estudio. (Que tampoco hacen ningún esfuerzo autónomo para analizar su eficiencia, parte porque los directivos son incapaces de hacerlo, parte porque no quieren)

Solución fácil y demagógica

La solución fácil y demagógica de las universidades es amenazar con rebajar o no ajustar los ingresos de su personal docente, olvidando convenientemente el significativo peso de del gasto no docente, administrativo, asesorías, viajes, obras, mantenimiento (siempre convenientemente tercerizado) Eso hace que todo ajuste se limite a caer sobre la cabeza de los docentes, algo común a la mayoría de los ajustes que se hacen con motosierra y sin un profundo análisis. 

Recibir fondos del Estado (gasto) sin rendir cuentas posteriormente es un delito, del que no se excluye ninguna institución, repartición, poder o sector. La pretensión de las universidades de autoauditarse no tiene fundamentos ni jurídicos ni técnicos, ni administrativos. 

Ninguno de esos argumentos fue expuesto y defendido adecuadamente ante la opinión pública, que todavía debe creer que con esta marcha salvó a la enseñanza gratuita de ser decapitada por un gobierno insensible y cruel. Al igual que el Gobierno debe creer que ha pasado exitosamente el chubasco. 

Ni el ajuste ni la marcha disimulan una realidad más profunda: el sistema educativo nacional debe ser reviasado y rearmado casi desde cero. Sus resultados son malos, sus objetivos no se han cumplido, su eficiencia es dudosa y su capacidad para modificar el futuro de los individuos es altamente cuestionable. Esto es válido para toda la educación, incluyendo la primaria y secundaria. 

Sus deficiencias están aumentando la profundidad de la brecha entre las diferenes clases sociales y con el resto del mundo, en vez de achicarla, como se supone que ocurra. En la práctica, en muchos casos, es casi un engaño que hace creer que se está educando al pueblo, cuando en realidad se le hace perder el tiempo, o se le dan instrumentos imperfectos. Lo opuesto a lo que la sociedad cree. 

Esa tarea, una de las principales políticas de Estado que hace un siglo que viene gradualmente diluyédose, requiere una continuidad que parece imposible si se estudia el pasado y el presente de esa vital función. 

Y debe empezar por explicar y convencer a la sociedad de que la exigencia, la competencia, el esfuerzo, la eficiencia de todos los factores involucrados y el mejor aprovechamiento de los recursos es fundamental e ineludible para el crecimiento personal y también el del país. 

Mi hijo el doctor

Se debe rehacer el pacto educativo –habrá que recordar que Sarmiento impuso la educación pública a las trompadas, casi textualmente. Volver a recrear la ilusión que tan bien plasmara Florencio Sánchez en su obra Mi hijo el doctor, cuando los inmigrantes humildes soñaban con esa educación para sus hijos. El sueño que sueñan las familias chinas, japonesas, surcoreanas, donde no basta con estudiar y aprobar, hay que sobresalir. 

La misma aspiración estadounidense del siglo XX, cuando para afrontar la universidad, que nunca es gratuita, las familias creaban un fondo intocable para que uno de sus hijos, solo uno -que elegían entre todos los hermanos- pudiera cumplir el sueño americano. Y ese pacto debe embarcar a los padres y a toda la sociedad en esa cruzada. Importa no recordar las marchas de hace 4 décadas de los padres para que hubiera ingreso irrestricto sin cupos ni examen de ingreso. O sea lo opuesto a lo que querían conseguir.

El país incurrió en un error colosal en nombre de algún raro derecho, que fue el comienzo del fin de la educación nacional de calidad, algo muy argentino: privilegiar las apariencias por sobre la realidad. Conseguir el título sin esfuerzo, aunque detrás de ese diploma esté el vacío. No es de extrañar que tantos políticos se hayan recibido de abogado en dos años, en ignotas universidades, y que otros y otras mientan detentando un título inexistente,  ni siquiera tengan un diploma para colgar en su living, o su despacho, desde donde rigen con falsa autoridad los destinos de la patria. 

Los hijos de aquellos padres son los que ahora marchan pidiendo la misma condescendencia facilista. La apariencia. El relato. La chantada. Todo en nombre de la igualdad, el cuidado de la sensibilidad de sus hijos, los derechos humanos. La misma sensibilidad que mantiene a los criminales fuera de las cárceles en nombre de cualquier argumento. La sociedad debe educarse para poder educar. Eso incluye a muchos influencers y comunicadores. También a los artistas que alegremente vivan la educación publica gratuita, sin requisito ni compromiso alguno en contrapartida. 

La educación es un derecho, pero también implica una obligación para el estudiante, sus familias y la sociedad toda: tomarla en serio. Un pacto moral que es mucho más cómodo negar o no cumplir en nombre de los derechos humanos. 

La combinación de enseñanza gratuita con ingreso irrestricto sin cupos y sin examen de ingreso o selección por méritos previos es cada vez más inútil e incumple el principio central de cualquier enseñanza, particularmente válido en el mundo de hoy: más que enseñar a los jóvenes las materias de una carrera, es importante formar individuos que sean capaces de enfrentarse a problemas y resolverlos, de ihnovar, de recrearse o reinventarse a medida que el mundo cambie. Fomentar su curiosidad, su vocación por la excelencia y por competir y debatir ideas.  

El mundo enseña

El examen de ingreso o los promedios del secundario son obligatorios en cualquier país que intente progresar en el mundo. China, Rusia, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, tienen ese requisito y también cupo para cada carrera. No existe tal cosa como la posibilidad de elegir sin esfuerzo. Y eso vale para las universidades pagas y las estatales. 

El exámen de ingreso en China es sencillamente durísimo. Pero los graduados en tecnología o ciencias de sus universidades ganan hoy mejor que sus colegas del resto del mundo, incluido EEUU, y de paso han logrado un avance en las ciencias duras de tal magnitud, que ha puesto a su país muy cercano a ser la primera potencia del mundo, si no lo es ya. La posición de la sociedad argentina es que China es comunista y copia a Occidente, algo parecido a lo que pensaba Trump, que no es capaz de reconocer que su país atendió tantos reclamos de sensibilidad que ha perdido esa carrera. 

Se trata de la misma discusión que existe sobre el Conicet. El ente tiene la obligación de subsidiar a todas las profesiones y a todos los profesionales, no importa lo que el país necesita ni el mérito y aporte de cada uno, que debería ser el único gálibo con que se determina un aporte que paga toda la sociedad. Claro que para eso esa misma sociedad tiene que valorizar el mérito como base del éxito, del respeto y aún de los ingresos. Detrás del solidarismo, la sensibilidad teatralizada y el ciego reclamo de equidad -un castrador de ideas y progreso- se esconde un complejo de inferioridad nocivo y peligroso. El subsidio a la falta de mérito. La negación del pensamiento crítico que tanto odian los dictadores y autócratas. 

No sólo Argentina, sino las universidades norteamericanas y aún Oxford y Cambridge se dejaron llevar por los reclamos de los alumnos que exigían equidad y que se les “bajara la presión”. El resultado ha sido una pérdida de prestigio y calidad de esas casas de estudio y de sus graduados. Recientemente Harvard decidió limitar el número de “A” en las calificaciones. El objetivo es levantar el nivel de exigencia, comptencia y excelencia. 

Muchas universidades públicas y privadas de prestigio mundial exigen un promedio que supere un elevado nivel  en el secundario, otras sólo aceptan alumnos que hayan cursado el IB (International Baccalaureate) el exigente programa de 2 años creado en Ginebra, y requieren aprobar sus cursos con un alto score, y la obligación de cursar especialización de alto grado en materias afines a la carrera a seguir.  Eso se aplica tanto a centros de estudios privados como estatales, en países y gobiernos de todo tipo o ideología. La Argentina tiene que recuperar ese criterio si no quiere ser un país vendedor de materias primas por el resto de sus días. 

La columna está de acuerdo con la enseñanza gratuita, en especial si la sociedad puede pagarla dentro de un esquema de sanidad fiscal. Hay que puntualizar, sin embargo, que ese criterio se aplica en muy pocos países.

Muchas naciones,aún en establecimientos estatales, caso EEUU y hasta Uruguay, obligan al estudiante que se recibe a devolver con pagos mesuales los costos de su educación. Lo mismo Australia y Gran Bretaña o Nueva Zelanda. En algunos de esos paises se utiliza el sistema de préstamos para costear los pagos del arancel, que se devuelven a una tasa proporcional a los ingresos del profesional que egresó. No hay otro país en el mundo donde exista un sistema como el argentino. Casi un privilegio, más que un derecho. Sin embargo, desaprovechado. 

El colmo del CBC

Dentro de las ineficiencias de alto costo fiscal y social del sistema local está el CBC, que insume un porcentaje muy alto de recursos docentes y costos, que culmina con el abandono de un altísimo número de alumnos durantes ese curso o antes de finalizar el primer año de la carrera. Hay quienes sostienen que ese curso sirve para eliminar y nivelar las “ïnequidades” de la enseñanza secundaria.  Poco más que una frase. El costo es desproporcionado y simplemente traslada a la universidad la carga de compensar la ineficiancia de la educación primaria y secundaria, que difícilmente se supere con un año de CBC. Una duplicación y desperdicio del gasto, de todas maneras de muy poco nivel académico y exigencias. 

Sobre la educación primaria y secundaria se debe puntualizar un hecho sintomático. En su libro de hace tres décadas sobre la educación argentina, Juan Llach proponía que la AUH se le pagara a las madres, no al padre. Consideraba con bastante razón que ellas eran el pilar del esfuerzo educacional. En ese momento, el pago de ese subsido por hijo estaba condicionado a que la familia se ocupara de mandarlo al colegio. Frente al masivo incumplimiento de esa condición, hace pocas semanas se ha eliminado esa obligación. Todo un símbolo de desestímulo al esfuerzo y la contrapartida de responsabilidad, además de una canallada para la niñez. 

Hay algunjos países donde se dan cursos de preingeso, pero éstos son más parecidos al IB, donde se avanza en el aprendizaje del idioma local y en una preparación para las materias centrales de cada profesión. La Rusia comunista y dictatorial le cobra esos cursos al alumno. La Sorbona cobra un arancel muy moderado para esos cursos a los locales, que se eleva en caso de extranjeros.

Se suele refutar algunos de los puntos de este análisis recordando que gracias a la Universidad surgieron los premios Nobel argentinos y otros avances.  Se olvida que todos ellos se formaron en un sistema que tenía exámen de ingreso, aranceles por recursar materias reprobadas, cupos milimétricos, y no se aceptaban con facilidad alumnos de cualquier país para formarlos con presupuestos que costeaban los argentinos.  También se debe mencionar que en aquellos tiempos aún no se había caído en el simplismo de Lanusse, de abrir poco menos que una universidad en cada barrio, creyendo que así se ;l la educación al alcance popular.

La calidad y condición diferencial de las universidades se basan en la concentración de conocimiento en algunos puntos y en la experimentación e investigación que en ellas se producen. Basta visitar las bibliotecas de Harvard o Stanford para comprenderlo. A partir de esa decisión fue creciendo el concepto de abrir un centro de estudio en cada esquina y pedir subsidios al estado. La Universidad de las Madres con todos sus excesos es un buen y fácil ejemplo. Ahí se patentiza, además del problema de calidad, el problema presupuestario. 

Incidentalmente, ya que se habla de lo mal pagos que están los docentes, debe recordarse que hasta entrada la década de los 70 la UBA tenía un 40% de profesores ad honorem, que aportaban su experiencia y conocimiento por agradecimiento y también por el prestigio que signicaba. No se trata de obligar a nadie a trabajar por un sueldo miserable, pero sí sirve para mostrar el grado de compromiso y respeto de la sociedad con la educación.

Sospechoso

Cuando se habla del número de alumnos que jamás completan el ciclo básico ni pasan de primer año, o permanecen inscriptos sin rendir materia alguna durante años, no se puede evitar la suspicacia de recordar que una parte importante de las transferencias de fondos universitarios se basa en el número de alumnos de cada casa,  con lo que a la universidad le conviene esta superabundancia de alumnos que no rinden, no estudian, no asisten. Eso es un fuerte desestímulo, a la vez que un alto costo económico para el estado, y un alto costo para los alumnos que sí rinden y aprueban materias y que se ven agobiados por la superabundancia de figurantes. El arancelamiento o la depuración de los seudoestudiantes perennes no genera ingresos . 

En cuanto a los cupos, la idea de que cada individuo tiene derecho a estudiar lo que quiera gratuitamente, sin requisito alguno ni académico ni económico, y el estado deba pagar por ello, parece un abuso. Obliga a un costo inmanejable y a un deterioro en la calidad general. Todas las universidades del mundo tienen cupos que distribuyen según diversas pautas y sujeto a varios requisitos. La pretensión de que Argentina sea una excepción en tantos aspectos es un poco exagerada. Países horriblemente comunistas, como China o Rusia, o de generoso socialismo como India o Nueva Zelanda, tienen cupos, también como un modo de ser selectivos y propender a la calidad, la exigencia y el mérito. Son decisiones académicas, con perdón de la palabra, para no ofender a los solidaristas. 

Otro punto favorito de los marchistas sensibles solidarios con dinero ajeno es la cuestión de los extranjeros. Este punto está más claro luego del DNU 366/2025, que limitó los beneficios de la gratuidad fijados por la ley 24.521, que incluía previamente a los extranjeros no residentes. Es más difícil pasar por alto la propia Constitución Nacional que, generosamente, como corresponde a un país rico y sin pobreza, garantiza buena parte de esos derechos a los residentes. 

Argentina se hace cargo de la educación sin cargo que los migrantes no reciben en su propia país, como ocurre con la salud y otros subsidios. Quienes más protestan por cualquier intento de reducir o limitar estos beneficios son justamente los países que clásicamente derivan con gran inteligencia la atención de estas cuestiones en Argentina. 

Casi todos los países con buenos sistemas educativos, desde Estados Unidos, China o Rusia, que establecen cupos diferenciados para extranjeros, y tambien aranceles diferenciales. Uno de los métodos más usado para no aparecer como poco solidarios, es cobrar un arancel único para todo el alumnado, pero becando en su casi totalidad a los ciudadanos nativos. 

Una protesta de los alumnos argentinos es el uso del promedio de notas de cada país para compararlo con el argentino, con lo que, debido a los distintos niveles de exigencia hacen que muchas veces se privilegie a los extranjeros residentes permanentes y se postergue a los argentinos, algo bastante injusto que a veces restringe becas, ascensos y hasta la selección de candidatos para acceder a otros niveles, como en el caso de los médicos. Esto se ha solucionado en algunos países mediante la aplicación de un porcentaje de “desagio”a las notas generosas de otras jurisdicciones y mayores exigencias en la aprobación de equivalencias, ahora un mero trámite administrativo sin ninguna valoración académica ni de contenidos o prácticas. 

Si bien la CN establece el derecho inalienable a la gratuidad, como en otros temas, existe la posibilidad de limitar el dispendioso sistema actual. A quienes creen defender la solidaridad universal argentina y la generosidad constitucional y citan a Alberdi, debe repasarse al gran pensador, que cuando hablaba de fomentar y proteger la inmigración, ponía énfasis que se trataba de la inmigración europea. También se puede cancelar a Alberdi si gustan. 

La realidad es que más allá de los discursos y las solidaridades, quienes pagan estos costos son los estudiantes argentinos, tanto en calidad como en utilización de recursos aportados por la sociedad toda. 

El clásico argumento de que los extranjeros contribuyen con sus impuestos a la recaudación local, ese argumento no se apoya en ningún estudio serio. Al contrario, las evidencias muestran que la contribución en impuestos directos e indirectos es escasa, entre otras razones por el alto nivel de informalidad y por el tipo de gastos en que incurren. Pero esa afirmación deja cómodos a los defensores de cualquier cosa con argumentos falaces. Argentina, que también en este punto es diametralmente opuesta a cualquier otro sistema en el mundo, podría canjear la percepción de esos magros impuestos por las prestaciones educativos y de salud y ahí se notaría la falacia. 

El tema de los migrantes  cobra aún más dimensión e importancia en la enseñanza primaria y secundaria, donde las diferencias en el nivel de aprendizaje se notan más, y que es una de las razones por las que se creo el CBC ante la ineficacia de toda esa etapa. 

El otro punto, que debe reconocerse se repite mundialmente, es la subordinación ideológica a los contenidos y exigencias del sistema. No se trata de una característica genética, sino cultural, que a menudo se relaciona con la educación previa de cada uno.

Quienes cursaron Economía, por ejemplo, saben que durante muchos años la UBA repasó superficialmente las ideas de Adan Smith y privilegió hasta el error académico el estudio de Marx, en muchos casos probadamente equivocados o parciales. El paso siguiente fue privilegiar a Keynes y los matematicistas, sin mostrar las diferencias entre teorías diferentes, como debería ser toda educación. 

La ideología es el veneno de más efecto y perduración en la educación, mucho más en el caso de las disciplinas de ciencias duras técnicas, científicas y tecnológicas. 

Eslogans, frases hechas, planteos ideológicos

Este punteo sólo intenta mostrar parte de la vasta cantidad de temas que componen o deberían componer los elementos de una política educativa. Es de notar también las enormes diferencias entre la UBA y otras universidades subsidiadas del país, tanto en calidad como en eficiencia económica, sin necesidad de recurrir a extremos escandalosos como la estafa de la Universidad de las Madres.

Ninguno de estos puntos se profundizó en el reciente debate, lleno de eslógans, frases hechas y planteos ideológicos, sin demasiados intentos de ninguna de las partes en profundizar en ellos, lo que sería imprescindible para formular una sólida política educativa que respondiese a las necesidades del país y también de sus habitantes. 

“Aguante la educación pública”, al igual que “son una manga de ignorantes, chorros e hijos de… “ no configuran un temario adecuado para lograr un nivel  de formación que ayude a conseguir mejores trabajos y que cambie la matriz productiva del país. Probablemente hay muchos más puntos que los aquí enunciados para debatir y acordar. 

De lo que sí se puede estar seguro es de que el actual sistema, de algún modo hay que llamarlo, no es eficaz ni económica ni socialmente, y está cada día más lejos de aprovechar las características y condiciones de los argentinos. No se arregla con una marcha. Ni con cien.