Identifican a siete alumnos por amenazar

Un grupo de siete alumnos fue identificado en las últimas horas como presunto responsable de una serie de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos del partido bonaerense de Moreno, en el marco de una investigación iniciada tras una ola de más de 70 denuncias registradas en un solo día, informaron fuentes judiciales.

La causa está a cargo de la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del departamento judicial Moreno–General Rodríguez, quien trabaja en coordinación con las fiscales Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito.

Según la investigación, los episodios comenzaron a detectarse a partir de mensajes intimidatorios difundidos entre estudiantes y a través de redes sociales, en los que se advertía sobre supuestos ataques armados en escuelas. Entre las pruebas recolectadas figuran capturas de chats y publicaciones en plataformas digitales en las que los involucrados escribían frases como “vamos a ir armados” y “mañana tiroteo”, acompañadas por imágenes en las que se los observa posando con armas de fuego.

En uno de los intercambios, un alumno le escribió a otro: “Vas a ver una hermosa fiesta”, mientras que en otro mensaje se leía: “Mañana te dejo como un colador”, en alusión a un compañero. También se detectaron publicaciones en redes sociales con amenazas dirigidas a estudiantes de otros turnos escolares, con expresiones que aludían a represalias por conflictos previos.

Como resultado de las tareas investigativas, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local realizó siete allanamientos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos, varios de los cuales arrojaron resultados positivos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron armas que, según se investiga, serían las mismas exhibidas en las imágenes difundidas por los adolescentes, además de teléfonos celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Fuentes del caso indicaron que los siete menores fueron identificados, de los cuales dos tienen 16 años y, por lo tanto, son penalmente punibles. Todos fueron notificados de la causa por el delito de intimidación pública y citados a prestar declaración indagatoria junto a sus padres.

En paralelo, la fiscalía solicitó medidas patrimoniales contra las familias de los involucrados. En ese sentido, se pidió el embargo de bienes de los padres, una decisión que deberá ser evaluada por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. El monto de los eventuales daños aún no fue determinado, ya que deberá ser calculado por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta los costos derivados de los operativos policiales, las tareas investigativas y la implementación de protocolos de seguridad en los establecimientos.

Las fuentes consultadas señalaron que, a diferencia de otros antecedentes, en estos casos no fue necesario suspender las clases, aunque sí se activaron mecanismos preventivos y de seguimiento institucional en cada una de las escuelas afectadas.

PICO DE DENUNCIAS

La investigación se inició luego de que el jueves pasado se registrara un pico de denuncias por amenazas en instituciones educativas del distrito judicial, que incluye también a General Rodríguez. Muchas de esas advertencias fueron detectadas en mensajes escritos en baños escolares o difundidas a través de redes sociales, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención de las autoridades.

En ese contexto, fuentes judiciales explicaron que este tipo de conductas se encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal, y recordaron que los adultos responsables de los menores pueden ser alcanzados por sanciones civiles en caso de comprobarse daños derivados de estos hechos.

Al mismo tiempo, distintas jurisdicciones comenzaron a evaluar medidas para trasladar a las familias los costos que generan este tipo de episodios. En esa línea, autoridades provinciales y municipales analizan mecanismos similares a los aplicados en años anteriores ante amenazas de bomba, cuando se establecieron sanciones económicas para los responsables.

De acuerdo con voceros del área de seguridad, la reiteración de este tipo de amenazas, muchas veces amplificadas por su difusión en entornos digitales, encendió alertas en distintos puntos del país y derivó en un refuerzo de los protocolos de actuación en el ámbito educativo, así como en un seguimiento más estricto de las situaciones de conflicto entre estudiantes.