Habrá mañana dictamen a favor de la reforma de la Ley de glaciares

Un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería del Senado inició el análisis del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que amplía las áreas en que puede realizarse la actividad minera.

Según anticipó la presidenta de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (JxC-Chubut), se espera que la mayoría oficialista firme mañana el dictamen correspondiente después de oír las opiniones de los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, presidente además de la Mesa del Cobre, y del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presidente de la Mesa del Litio.

Fuentes parlamentarias aseguraron que el oficialismo y sus aliados cuentan ya con las firmas necesarias para presentar un despacho favorable en términos similares al texto del Poder Ejecutivo. Esa situación se vio reflejada en la constitución de las comisiones y la designación de sus autoridades. Tanto en Ambiente como en Minería doce de los integrantes correspondieron al oficialismo y sus aliados, mientras al peronismo le otorgaron cinco. Esto provocó protestas del interbloque PJ/K y amenazas de impugnación de los actuado en la Justicia.

La cláusula central del proyecto es la que dispone que se podrá realizar actividad económica en las áreas ocupadas por formaciones de hielo que “no constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos”.

En torno a esta disposición se centró el debate en el que distintos senadores peronistas afirmaron que todos los glaciares se verán afectados, que la norma es además inconstitucional porque los niveles de protección ambiental los fija la Nación, no las provincias y que, de acuerdo con el proyecto en discusión, los gobernadores definirán los lugares en los cuales se podrá hacer prospección minera. El kirchnerista Carlos Linares hasta sugirió que el gobierno cedía ante el “lobbying” de las empresas de la actividad.

El primer expositor, el secretario de Minería, Luis Lucero, polemizó con los kirchneristas y explicó que el principal objetivo de la iniciativa era “aclaratorio”, porque la Ley de Glaciares vigente, sancionada hace más de una década, no define de manera inequívoca la diferencia entre zonas glaciares y periglaciares en las que se podría practicar la minería .

Explicó, asimismo, que el envío del proyecto había sido por pedido de las provincias mineras al que respondió afirmativamente el Poder Ejecutivo. Negó además que fuera inconstitucional el hecho de que cada provincia determine qué proyectos mineros podrán ser autorizados. En ese plano calificó de contradictorios los argumentos del peronismo que reclamaba por el federalismo y se oponía simultáneamente a que las provincias pudiesen decidir que emprendimientos se podían realizar en su territorio.

A su turno el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, defendió la iniciativa y advirtió que las prohibiciones legales derivaban con frecuencia en casos de corrupción. Reivindicó también la potestad de las provincias de administrar sus recursos naturales.