La agenda globalista en su indisimulable afán de seguir reduciendo la población, además de impulsar y financiar abortos encuenra otra forma de lograr sus objetivos: la eutanasia y el suicidio asistido.
Lamentablemente los tentáculos globalistas siguen atacando a nuestro país con varios proyectos de ley presentados sobre este tema en el Congreso Nacional.
Otros países como España ya vienen sufriendo sus mortales efectos desde marzo de 2021.
NOELIA
Noelia es una mujer española de 24 años cuya vida depende hoy de la batalla judicial que libra su familia. El caso es un ejemplo de la resistencia frente a la instrumentalización de la ley de eutanasia por parte de las autoridades, especialmente las de Cataluña que es donde reside la joven.
El padre de Noelia sostiene que el sistema está permitiendo que una persona con graves trastornos mentales y con una autonomía física recuperada se rinda, en lugar de ofrecerle el tratamiento psiquiátrico que realmente necesita.
La familia de la joven está haciendo lo imposible por evitar que el Estado ejecute un suicidio asistido que, según denuncian, es fruto de una enfermedad y no de una decisión libre.
Su trayectoria vital está marcada por una elevada vulnerabilidad social y personal. Aunque pasó parte de su adolescencia en centros de menores, no fue porque a sus padres les retiraran la custodia ni porque la abandonaran; de hecho, fueron ellos quienes, por dificultades económicas, pidieron ayuda a los servicios sociales para que se hicieran cargo de sus hijas. En cuanto a su salud mental, Noelia declaró en sede judicial haber sido víctima de una agresión sexual múltiple, un trauma que podría ser el desencadenante de su Trastorno Límite de Personalidad. Además, ya tenía diagnosticado un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) con ideaciones suicidas.
Su entorno sostiene que su deseo de morir no es una decisión libre, sino una obsesión derivada directamente de su enfermedad mental, la cual ya la había llevado a intentar quitarse la vida en varias ocasiones antes de 2022.
Tras el intento de suicidio que la dejó parapléjica, su discapacidad fue elevada al 74%. Tras pasar unos meses en una clínica de rehabilitación recuperó bastante autonomía: puede asearse sola, moverse de la silla a la cama e incluso caminar con andador y subir escaleras. No padece dolor crónico severo, algo que queda claro en su tratamiento, donde tiene pautado analgésicos suaves. Actualmente vive en un centro sociosanitario.
En abril de 2024, Noelia inició el proceso de eutanasia, pero con una particularidad importante: no existe ningún informe psicológico independiente en el expediente, ya que ella se ha negado en todo momento a ser evaluada por peritos externos. Al llegar a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña en julio, el caso generó desacuerdo en el comité entre el médico y el jurista encargados inicialmente. Por este motivo, el expediente tuvo que pasar al Pleno de la Comisión. Este órgano está formado por miembros designados directamente por el Gobierno autonómico, muchos de ellos con un perfil claramente proeutanasia, quienes finalmente ratificaron la autorización por unanimidad, programando la fecha para el 2 de agosto de 2024.
El 1 de agosto de 2024, un día antes de la fecha prevista, el procedimiento fue suspendido por una medida cautelar dictada tras el recurso presentado por su padre.
En septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una resolución clave: reconoció el derecho del padre a recurrir, lo que supone un hito jurídico porque la ley española no suele permitir que terceros intervengan. Sin embargo, a pesar de este avance, el tribunal acabó dando la razón a Noelia. Los magistrados consideraron que sus problemas mentales no le impiden solicitar la eutanasia, a pesar de que ya tenía una discapacidad reconocida del 69% por salud mental antes del intento de suicidio, una cifra que solo subió al 74% tras las secuelas físicas del accidente.
En diciembre de 2025, el caso llegó al Tribunal Supremo de España, mediante un recurso de casación de la defensa del padre. Por su parte, el Gobierno regional de Cataluña ha presionado para que no se admita el recurso y se aplique ya la eutanasia; de hecho, han dejado clara su postura al solicitar hasta en tres ocasiones que se levanten las medidas cautelares para no alargar más la espera, que ya supera los dieciséis meses desde que se paralizó el proceso por primera vez.
LA LEY
El diseño de la ley Orgánica 3/2021 sobre eutanasia que rige actualmente en España, ha sido objeto de críticas, al considerarse que limita los mecanismos para descubrir posibles situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el sistema de supervisión recae en comisiones autonómicas cuya composición ha generado debate público, al cuestionarse su pluralidad ideológica y su grado de independencia, en particular por la exclusión de perfiles abiertamente contrarios a la eutanasia y la presencia mayoritaria de profesionales favorables a esta práctica.
El recurso ha sido presentado por el padre de Noelia, representado legalmente por la Fundación Abogados Cristianos. Su postura es clara: considera que su hija no está capacitada para decidir sobre su propia muerte, ya que cuenta con diagnósticos previos de varias enfermedades mentales e ideas suicidas. Además, el padre denuncia que, a pesar de este historial, actualmente Noelia no está recibiendo ningún tipo de tratamiento psiquiátrico que trate el origen de su sufrimiento.
La ley no contempla la posibilidad de recurrir; de hecho, solo se contempla si se deniega la prestación. Al considerar a la eutanasia un derecho personal, la normativa busca que nadie ajeno pueda entrometerse.
El caso nos sirve para advertir sobre las tragedias que traen aparejadas estas leyes aunque vengan romantizadas y disfrazadas de empatía. La libertad tiene sus límites, la vida humana no es un bien disponible, ni siquiera la propia.
Nuevamente como en el caso de la legalización del aborto la muerte no responde a la realización de un derecho si no a la consecuencia del abandono de la sociedad, que debería cuidar a sus ciudadanos más vulnerables.
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