Farenheit 451: De Bradbury a la Cámpora y los Fernández

En su novela Farenheit 451 -temperatura a la que el papel arde- Ray Bradbury nos pinta un mundo en el que los bomberos se ocupan, no ya de apagar incendios, sino de quemar libros. La cultura es el enemigo. Y debe ser aniquilada, fuego mediante. 

Un hilo no muy delgado une a ese mundo con el de la contracultura K, en el cual los más altos funcionarios –es decir, quienes más obligados están a observar la ley– prenden fuego a toda sentencia que no es de su agrado.
 
Bomberos que incendian, por una parte. Por la otra, funcionarios que ocupan cargos previstos por la Constitución que desacatan el orden que ella instaura. El siniestro absurdo es el mismo.

Así, la vicepresidente, sentenciada a prisión, dijo al tribunal que la juzgó que a ella la absolvería la historia y que, en cambio, condenaría a los jueces que la sentenciaron. “La ley no me alcanza”, cree, porque también se cree por encima de ella y, de paso, se considera digna de la historia. Además, dijo que esos jueces son “esbirros de Magnetto”, como si todo se tratara de una pugna de poder entre ella y ese empresario y el Código Penal no existiera. 
Por su parte, La Cámpora –nombre que evoca a un traidor a Perón- pide que Alberto indulte a Milagros Sala, estafadora de pobres y torturadora de disidentes, condenada a trece años de prisión por asociación ilícita. Así lo decidió la justicia provincial de Jujuy, en todas sus instancias. De modo que, no tratándose de la justicia federal, Fernández no está facultado para indultarla. 

Claro que a la tropa mercenaria que acampa pidiendo la gracia presidencial, esa minucia la tiene sin cuidado. Poco le importa que la Constitución diga otra cosa. Si, total, Fernández la visitó estando ya sentenciada y el Papa le envió un rosario. Ella también está por encima de la ley.

Finalmente, el Presidente acaba de anunciar –rodeado para mayor escándalo de catorce gobernadores– que no piensa obedecer el fallo de la Corte Suprema que ordena al Estado Nacional restituir a la Ciudad de Buenos Aires fondos que le correspondían en concepto de coparticipación de impuestos. 

Que en esta república exista división de poderes, que la Corte sea el tribunal máximo del país y que le corresponda decidir en las causas “que versen sobre la Constitución y las leyes de la Nación” -artículos. 1, 108 y 116 Const. Nac.– tampoco es relevante. Lo cosa es que al gobierno, el fallo no le gusta. 

Que el art. 36 de la Constitución castigue a quien usurpa “funciones previstas para las autoridades previstas por esta Constitución” –y la Corte es una de ellas– tampoco les mueve un pelo.

Fernández, la vice y sus acólitos actúan como los bomberos de Bradbury. Prenden fuego a las instituciones. Momento es para que la oposición, tan poco atractiva, se movilice frente este golpe palaciego. O mejor, que lo haga el pueblo espontánea y pacíficamente, como lo hizo durante la presidencia de Cristina. La defensa de la República no es del resorte exclusivo de los políticos. Más bien, lo contrario.