Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotraficante
“El jardinero” no es el único mexicano en la mira de la justicia estadounidense.
Nueva York (EFE) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de delitos de narcotráfico y posesión de armas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros exfuncionarios de ese estado mexicano.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la imputación contra 10 personas por "conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos".
En la causa figuran otros dos políticos en actividad: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal del mencionado distrito.
Los apuntados “conspiraron para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina” y protegieron a los narcos de ser investigados y detenidos. En concreto, se los acusa de alinearse con la facción dirigida por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos', y recibir "millones de dólares" de los beneficios del cartel.
La Justicia alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran "secuestrando e intimidando a sus rivales". Por eso, permite que los mafiosos "operen con impunidad".
Los antiguos cargos imputados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Todos deberán responder por tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de 40 años de prisión y cadena perpetua.
A Valenzuela Millán, de 35 años, se le achaca además participar en los secuestros de un informante de la DEA y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que recibiría cadena perpetua.