Es ley el régimen permanente de asistencia a discapacitados
En el Senado la norma tuvo amplio consenso como el obtenido en Diputados. Oficialismo y oposición sancionaron una iniciativa que cambia la emergencia que caducaba a fin de año por un sistema permanente de prestaciones para discapacitados
La Cámara de Senadores convirtió en ley por unanimidad el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La norma reemplaza la emergencia en discapacidad que vencía a fin de año y mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otros beneficios.
En la Cámara de Diputados la iniciativa también había sido aprobada unánimemente porque los libertarios aceptaron incorporar los cambios propuestos por la oposición.
Entre sus puntos principales la norma dispone que la pensión no contributiva por discapacidad es compatible con el empleo formal y con los regímenes tributarios de trabajadores independientes siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos. En el caso de que sus ingresos superen ese límite, la pensión se suspenderá.
En caso de que el vínculo laboral o los ingresos terminen o vuelvan a estar por debajo del límite, el beneficiario puede solicitar su recuperación inmediata, con derecho a cobrarla desde la fecha de la solicitud.
Inicialmente la oposición en Diputados había impulsado la prórroga de la emergencia que vencía a fin de 2026. Con ese propósito logró emplazar a las comisiones para que trataran el tema y estaba a punto de llevarlo al recinto cuando el Ejecutivo envió al Congreso el presupuesto con recortes en el área de discapacidad. Diputados y senadores del oficialismo quedaron descolocados con esa movida, pero lograron finalmente desactivarla.
En el presupuesto se eliminaba, por ejemplo, el certificado único de discapacidad como instrumento para acceder al beneficio y se consideraba incompatible la pensión con el empleo formal. La nueva ley elimina ambas medidas. Derogaba además el arancel único de prestaciones, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podía fijar sus propios valores, sin actualización automática por inflación.
El texto consensuado ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
El miembro informante de la iniciativa, el libertario Agustín Monteverde, sostuvo que establecer un régimen permanente en lugar de una emergencia resultaba indispensable para terminar con la incertidumbre de los discapacitados y los prestadores. También afirmó que no involucraba ningún recorte de fondos y que para 2028 representaba un gasto fiscal será de 1,2 billones de pesos lo que consideró un “esfuerzo importante” para el Estado.
Por su parte el peronismo Guillermo Andrada sostuvo que para 2027 el gasto público en la materia sería cercano a los 600 mil millones de pesos. Ambos usaron la misma fuente: la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El legislador porteño explicó asimismo que el nuevo sistema establece auditorías para comprobar que la asistencia llegue a quien verdaderamente la necesite. La aclaración aludía a las denuncias por el otorgamiento de pensiones por punteros políticos a personas sin discapacidad alguna.
A su turno la justicialista Alicia Kirchner consideró imprescindible aprobar la ley porque vencía a fin de año el sistema en vigencia. Aclaró sin embargo que eso no quería decir que el proyecto no fuera perfectible. Estimó, además, que las personas con discapacidad no eran “beneficiarias” del régimen como había afirmado Monteverde, sino “titulares de un derecho”.
