Errores graves del Presidente

Haciendo gala de su irremisible incontinencia verbal, el Presidente culpó a las "pañuelitos verdes” por la tendencia negativa de la natalidad en el mundo. Todos los analistas se han ocupado ya de explicarle al mandatario que ese hecho es multicausal y global, que no comenzó recientemente y que no hay demasiado que deba o pueda hacer el Estado para resolver el supuesto problema, de modo que la columna no quiere repetir los argumentos que han llovido fustigando semejante precaria idea. 

Más allá de ese faux pas presidencial, y más grave, es su idea de que el Estado puede y/o debe corregir esa situación. Tal criterio va en contra de las bases mismas del liberalismo y hasta de la democracia, la libertad de pensamiento y la libertad sin aditamentos. Este principio central precede y tiene predominancia sobre cualquier consideración económica o de cualquier otro tipo que se pretenda esgrimir o tratar como si fuera una enfermedad social. 

Cualquier cosa que se intente hacer para corregir esa circunstancia, caería inexorablemente bajo la definición de experimento social, de tristes reminiscencias a lo largo de la historia. Tan grave como cuando China prohibió tener más de un hijo por familia o cuando Hitler decidió que eliminaría a los judíos, o cuando Stalin separó a los hijos de sus padres para que no los educaran como “reaccionarios”. 

También sus dichos implican una arbitrariedad económica, tema en el que se dice ducho. Finalmente, la economía es una ciencia social y la escuela austríaca -que hasta hace tres años era la religión adoptada por Milei tras abjurar del keynesianismo y antes de convertirse al libertarismo anarcocapitalista– se ocupa de condenar la intervención del Estado para corregir la acción humana, lo que siempre terminan empeorando cualquier problema que trata de solucionar.

También incurre en una apreciación liviana cuando implícitamente asume que toda demanda genera su propia oferta, el principio simétrico a la ley de Say (que rezaba que toda oferta crea su propia demanda). Si ambos principios fueran ciertos la pobreza no sería un fenómeno preocupante a nivel mundial. 

El trabajo, devaluado

Lo que dicen los textos clásicos debe ser revisado. Simplificando, la proporción entre capital, innovación y trabajo de la época descripta de Dickens, cuando se formularon casi todas las teorías económicas que hoy se estudian, no tiene ningún parecido con las proporciones actuales. El trabajo ha perdido importancia cuantitativa en la generación de riqueza y probablemente la pierda todavía más en un futuro no muy lejano, por varias razones, no sólo por la IA. Hablar de la destrucción creativa y sostener que ocurrirá lo mismo ahora que en la Revolución Industrial es no tener en cuenta el funcionamiento de las sociedades. Es posible que haya tareas mejor remuneradas, pero eso no será un fenómeno masivo. La brecha social podría tender a ensancharse. 

Ello sin tener en cuenta el hecho de que toda reconversión se produce en períodos largos de tiempo, no de modo automático instantáneo o en un par de años. No es fácil imaginar lo que se va a hacer con las víctimas de esa reconversión en el interín, aun suponiendo que TODOS los conductores de diligencias se reconvertirán a conductores de trenes. 

Suponer que un aumento de población aumenta el bienestar, la riqueza y la capacidad de producción de un país por sí solo, es gratuito. No tendría sentido tener un millón más de habitantes si no se genera el trabajo para brindársele. A contrario sensu, suponer que ese adicional de población va a generar per se una alta demanda que cree puestos de trabajo es también gratuito.  No muy diferente que cuando se sostiene que una gran cantidad de migrantes sin recursos generarán una demanda tan alta y pagarán tantos impuestos que excederán su costo. 

Tal vez la sociedad mundial ha percibido que procrear más hijos sea reducir la calidad de vida de toda la familia y condenar a sus descendientes a la pobreza. Tal vez la reducción de la natalidad tenga un profundo basamento económico, además de otras situaciones, cambios y enfoques sociales que han ocurrido a través de dos siglos y siguen ocurriendo cada vez más rápida y bruscamente. 

Si se acepta ese encuadre, resulta peligroso que un mandatario tome con superficialidad el tema, no sólo desde la dialéctica, sino desde la formulación de políticas y planes. Dar por sentado que la migración de hoy traería para cualquier país los mismos resultados que la inmigración de hace dos siglos, es otra superficialidad difícil de justificar. 

Difícilmente Alberdi sostendría hoy lo mismo que sostenía sobre la inmigración europea, ahora aplicado a países con características, objetivos políticos y criterios morales y de principios tan diferentes. Por eso cuando se lo cita como si Las Bases hubiesen sido escritas ayer se cae en un anacronismo peligroso, casi rayano en la ignorancia o la mala fe. 

Todo lo anterior insertado en un mundo en que EE UU ha decidido, crecientemente desde Bush hijo en adelante, dejar de ser el custodio del Orden Mundial y el líder de Occidente para transformarse en una potencia sin rumbo fijo. 

El dilema previsional

Cuando se dice alegremente que “la cantidad de trabajadores formales deberían ser el doble y crecer en determinada proporción para hacer sostenible el sistema de jubilaciones", por caso, se da por supuesto que ese objetivo es alcanzable. No hay ninguna razón para pensar tal cosa. Sin tener en cuenta el hecho terrenal de que al menos en Argentina, una parte no menor de la recaudación jubilatoria se dedica a otros menesteres que nada tienen que ver con el sistema de retiro. Es de esperar que a nadie se le ocurra poner un tope a los años que puede vivir cada individuo para resolver el problema. 

Por eso es peligroso continuar otorgando exenciones impositivas y regímenes de privilegio a las industrias extractivas de bienes no renovables de alta demanda, como viene sosteniendo la columna. Raya en lo irresponsable cuando esos recursos fiscales deberán usarse de algún modo inteligente para enfrentar ese desequilibrio entre población y empleo. 

Fomentar, reclamar o promover el crecimiento poblacional en la esperanza de que de ese modo crecerá el empleo es también una simplificación poco responsable. 

Igualmente grave, aunque con diferentes consecuencias, es la insistencia presidencial y de sus negociadores en el Congreso y con los gobernadores para postergar las PASO o modificarlas. La columna cree que las primarias obligatorias son innecesarias, pero no es este el camino para solucionar el problema. 

Hasta ahora, tanto las PASO como las otras dos patas seudoinstitucionales de la casta, la ley de partidos políticos y la ley electoral, se han venido modificando, reglamentando y “reglamentando” o suspendiendo su aplicación según la conveniencia del gobierno de turno y las mayorías conseguidas de cualquier modo. Nada más casta que esa mezcolanza de prohibiciones, prohibiciones, limitaciones, monopolios, negocios, trampas jurídicas, fraudes y escamoteos. 

El punto es que, en prácticamente todos los casos en que se modificó el sistema, salvo unos intentos parciales durante el gobierno de Juntos por el Cambio, se trató de conveniencias puntuales del oficialismo. Las provincias usaron ese recurso a conveniencia. También el PRO en CABA. La sola idea de que se puede “suspender” la vigencia de las PASO es una ofensa contra la inteligencia, la democracia y la seriedad.

Ridículo y vergonzoso  

El argumento de que así se ahorran recursos del país es entre ridículo y vergonzoso. En primer lugar porque si la legislación fuera adecuada y ayudase a la democracia y la transparencia, esos mismos costos resultarían baratos. En segundo lugar, porque ningún político argentino puede hablar sobre el modo de resguardar los recursos del país mirándose al espejo. Basta abrir los diarios y ver las fortunas que manejan personajes de cuarto nivel o directamente ignotos, al amparo de sus protectores. Vale para todos los gobiernos, incluido el actual. 

Suspender las PASO porque al oficialismo le conviene que la oposición no tenga tiempo de organizarse, o porque no quiere mostrar una reducción de su apoyo electoral, o porque de ese modo se evita la aparición de una opción opositora fuerte, es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y lo que quiere seguir haciendo La Libertad Avanza, que supuestamente vino a terminar con estas trampas de la casta. Y que ahora hasta está dispuesto a sacrificar presupuesto para que le permitan hacer lo mismo. 

Nuevamente, las PASO no deberían existir. Los partidos deberían poder elegir sus candidatos o realizar sus alianzas acorde a sus propias reglas. En torno a ese principio debería pensarse el cambio. Pero no una suspensión. No una medida que se aplique en las próximas inmediatas elecciones, como ocurrió con la nefasta y rentada reforma de la Constitución que permitió la reelección de Menem. 

Todo cambio debe regir en la elección que siga a la próxima, no a la inmediata. Hoy se debería cambiar o derogar la ley, pero no con vigencia en las próximas elecciones, sino a las siguientes. Esa es la única garantía de seriedad. También el 45%, para citar un solo caso, es una aberración inaceptable y antidemocrática. Al no existir las PASO el votante debe tener la oportunidad de elegir candidatos alternativos si se destacan en la primera vuelta. El 45% es un tapón arbitrario que no respeta a las mayorías. 

Todo el sistema electoral y el de los partidos políticos debe ser revisado y requerir para su aprobación los dos tercios de ambas cámaras, así como todo cambio futuro. Se trata de un grupo de leyes tan importantes como la Constitución, no puede suspenderse a la ligera su vigencia, postergarse o cambiarse porque un par de gobernadores, asesores, funcionarios o legisladores estén interesados –decentemente o no– en aprobarlo con mayoría simple. Vale para el kirchnerismo, vale para el PRO, vale para el mileísmo. Vale para todos. 

También aquí el Presidente, no ya su partido que no ha demostrado tener demasiados principios, está traicionando sus propias ideas de libertad al proponer esta ley de suspensión prácticamente inconstitucional. Pero peor aún, está yendo en contra de sus propias convicciones técnicas. Como se sabe, la economía, todo el sistema financiero del mundo, todas las inversiones, se basan en la confianza. Pero antes de tener confianza en un Banco Central, hay que lograr la confianza en el sistema institucional. 

Buena parte de la incertidumbre que ha vuelto a manifestarse en estos días tiene que ver con la desconfianza en las instituciones. Con el temor a que este u otro gobierno tome cualquier rumbo. La confianza institucional es el primer paso para lograr la credibilidad económica. Ya se abandonó, o cajoneó, la lucha contra la corrupción, gracias a la gestión del ministro Mahiques.  Esta suspensión sería el broche de oro. 

A los asesores y funcionarios del Presidente, ocupados en su patrimonio, eso no parece importarles. A Javier Milei le debe importar. Su misión no es consolidar un partido ni complacer a asesores, familiares y amigos. Tampoco reelegirse ni perpetuarse. Su único compromiso debe ser con el país. No lo entenderá, claro. Lo mismo hay que decirlo.  Lo importante es que lo entienda la sociedad.