POR MARCELO CAPELO *
Desde el primer día, la mayor fortaleza del programa económico del Gobierno fue haber alcanzado rápidamente el equilibrio fiscal. Tal decisión resultó fundamental para cambiar las expectativas, enderezar el rumbo de la política monetaria y contener la inflación. Más allá de que los recortes iniciales de erogaciones fueron en muchos casos licuación de ingresos de agentes públicos y jubilaciones, y que algunas decisiones eran difíciles de sostener a largo plazo (como la cuasi paralización de la obra pública nacional), luego habría tiempo para mejorar la calidad del ajuste, transformándolo en reformas del Estado a largo plazo.
Pero en las últimas semanas, probablemente por no haberse logrado avances en negociaciones en temas importantes, como el traspaso de responsabilidades en materia de infraestructura a provincias (con los recursos nacionales correspondientes), aunque seguramente también al calor del proceso electoral, se aprobaron algunos proyectos de ley en el Congreso que ponen en riesgo el equilibrio fiscal.
Si todos los proyectos son aprobados y los vetos del Poder Ejecutivo Nacional fueran revertidos en el Congreso de la Nación, el superávit primario de 2025 podría resultar de 0,87% del PBI, en lugar del 1,6% comprometido en el programa con el FMI, mientras que en 2026 se reduciría a 0,49% del PBI, en lugar del 2,2% previsto en las metas con el organismo.
En ambos años, implicaría pasar al déficit financiero (0,4% y 1,7% del PBI en 2025 y 2026, respectivamente), es decir, se generaría un superávit primario muy por debajo de los intereses a pagar en el período, de modo que la deuda nominal aumentaría y se pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal del programa económico.
Resumiendo la situación: el conjunto de los proyectos impulsados por la oposición suben el gasto de un modo no sostenible en el tiempo, ya que significaría herir gravemente la estrategia antiinflacionaria del Gobierno, al recaer nuevamente en el déficit financiero. Debe tenerse en cuenta que estas leyes impulsadas por la oposición se dan en un contexto en que, además de mantenerse el equilibrio fiscal, existe un importante desafío pendiente en términos de reducción de la presión tributaria.
La reducción anunciada en los DEX, importante para incentivar mayor producción agropecuaria y exportaciones, resulta un modesto avance si se considera el desafío existent a largo plazo. Se debe tener en cuenta que los impuestos más distorsivos y que más urgentemente requieren reformas sumaron 10,6% del PBI en el año 2024.
EL LARGO PLAZO
Con una economía que a largo plazo difícilmente cuente con un tipo de cambio real alto, especialmente desde 2027 cuando el incremento en las exportaciones de gas resulte más notorio (sumándose a lo que ocurre cada año en petróleo), se necesitará mejorar la competitividad en términos estructurales, esto es, no sólo con reformas tributarias, sino también con cambios importantes en las regulaciones laborales, en materia previsional, de apertura y regulaciones en general de la economía.
Con una moneda probablemente apreciada a futuro, los costos laborales tenderán a ser altos cuando se los mida en moneda extranjera, de modo que para conservar o incrementar el empleo en el sector transable tradicional (especialmente industrial), resultará vital una reforma laboral e importante una reducción de contribuciones, apuntando por diversas vías a reducir el costo laboral no salarial.
Los desafíos existentes en materia de reforma tributaria no dejan lugar, entonces, a que el gasto público vuelva a aumentar en términos del PBI.
Esto es lo que ocurrió en el consolidado de provincias en el primer trimestre de 2025, cuando las erogaciones aumentaron un 16% en términos reales (por arriba de la inflación), cuando sus ingresos lo hicieron un 8%.
EL MEJOR CAMINO
Las cuentas pendientes en materia de competitividad y reforma tributaria requieren de acuerdos fiscales intergubernamentales que limiten la suba del gasto a un ritmo no mayor que la inflación observada, por varios años, y destinen los excedentes fiscales a financiar reformas tributarias y la conformación de fondos anticíclicos en Nación y Provincias.
Llegados a este punto, para aumentar la probabilidad de que existan tales acuerdos entre niveles de gobierno, que aseguren mejores niveles de competitividad a futuro, podría ayudar que el gobierno nacional no vete al menos uno de los proyectos impulsados por los gobernadores en el Congreso. En tal sentido, el más conveniente para ambas partes sería la reforma del fondo ATN, dado que tiene menor costo fiscal y que el gobierno nacional se aseguraría participar en forma automática con una porción del fondo, cuando ello no estaba previsto en la ley original de coparticipación.
* Responsable de la sección Fiscal de la Fundación Mediterránea.