El sábado 3 de enero, después de que Donald Trump confirmó la operación militar estadounidense que concretó la captura de Nicolás Maduro y su mujer en una fortaleza venezolana, el gobierno argentino expuso un jubiloso apoyo a esa intervención; Javier Milei consideró que, apartado Maduro, el camino a seguir debía ser la asunción de Edmundo González, el candidato que ganó las últimas elecciones en Venezuela,fue reconocido por numerosos gobiernos y vive en el exilio. “Edmundo debería asumir. Los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte (que Maduro)”, afirmó.
Eso fue antes de que Trump defenestrara verbalmente a María Corina Machado (la lideresa de la fuerza que promovió la elección de González) e informara que Delcy Rodríguez –la vice de Maduro- había sido juramentada como presidenta interina, encabezaría un gobierno de transición y que las autoridades estadounidenses estarían en contacto con ella: “Nos dijo haremos lo que necesiten,” relató Trump, quien también señaló que “si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más que Maduro”.
Después de esas definiciones, la Casa Rosada dejó de ejercitar la interpretación libre de los acontecimientos de Venezuela, se atuvo al alineamiento con las medidas y eventuales virajes narrativos que pudiera adoptar Washington y procuró sensatamente que el gobierno de Trump jerarquice en su lista de demandas la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que lleva más de un año como prisionero del régimen venezolano.
MADURISMO SIN MADURO
Aunque no sea exacto que el plan deTrump sea “madurismo sin Maduro”, como expuso Andrés Oppenheimer en el Miami Herald, lo cierto es que el mandatario de Estados Unidos ha tenido que matizar un poco sus propias declaraciones de primera hora después de la aprehensión de Maduro.
En los hechos, aunque evidentemente condicionada por el poderío exhibido por Trump y por sus amenazas (“Estados Unidos va a tomar todas las opciones militares que sean necesarias. Los líderes de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos”), la dirigencia chavista (“los líderes de Venezuela”) sigue en sus puestos y manejando el día a día. Algo se ha negociado con ellos (con todos o con algunos, las circunstancias lo revelarán). “En lo inmediato, nosotros no tenemos la capacidad de poner en el poder a la oposición democrática, pero las fuerzas militares y de seguridad tampoco tienen la capacidad de resistirse a Trump”, diagnostica una fuente de inteligencia al Washington Post.
“Es una negociación asimétrica –define el analista español Álvaro Frutos Rosado-. Pero toda negociación, incluso la más desigual, implica un intercambio. Nadie que no tenga nada que ofrecer negocia. Y Delcy, evidentemente, ofrece algo: acceso, control, mando sobre estructuras que no se disuelven con un comunicado de prensa. Venezuela es un país hiperarmado y militarizado. Milicias, colectivos, aparatos de inteligencia, redes criminales con lealtades políticas, mandos militares comprometidos. Si el poder chavista hubiese sido simplemente decapitado sin acuerdo, el resultado habría sido inmediato: violencia selectiva primero, guerra civil después”.
Esa negociación asimétrica frustró expectativas de María Corina Machado y sus seguidores, que vieron los acontecimientos de la madrugada del 3 de enero como una puerta hacia el gobierno de Venezuela. Trump juzgó –y no se puede objetar su realismo– que a ella “le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.
Se refiere con eso a que ella carece de las fuerzas organizadas necesarias para hacerse respetar, para poner orden en la Venezuela eventualmente caótica y anarquizada de la etapa postchavista. “En transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio, no con quien tiene la razón moral, por lo menos en esta etapa”, explica el teniente general Juan Martín Paleo, ex jefe del Estado Mayor Conjunto en Argentina. Cuando se usa la fuerza se dispara una inercia que no se sabe cómo ni cuándo se detendrá. Trump quiere probablemente resguardar a la señora Machado de ese desgaste, ella “es esencial para hacer grande a Venezuela de nuevo”. Es decir, no para gobernar todavía.
La Casa Blanca comprende que, sin esa negociación, en las actuales circunstancias tendría que incrementar –no reducir– su intervención militar y enviar tropas algo que contraría las promesas y, a la larga, los intereses de Trump, que este año afronta elecciones.
LA VOZ DEL AMO
“Si Trump no logra doblegar a Rodríguez por las buenas, necesitaría ordenar una invasión a gran escala, lo que no sería muy popular en EEUU- apunta Oppenheimer en el Herald de Miami. Y citando fuentes de Washington agrega:- necesitaría mandar entre 30.000 y 50.000 soldados a Venezuela para tomar el gobierno. Otros exfuncionarios hablan de hasta 200.000 tropas, y dicen que habría muchas bajas”.
Trump no quiere eso, claro; él prefiere arrolladoras operaciones touch and go (la captura de Maduro, que duró 47 segundos, el bombardeo a las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán) o el telecontrol, como el que ejercitará sobre Venezuela con la intención de desarticular el régimen evitando un caos y, conducir así una transición de plazos necesariamente inciertos.
Y obtener réditos que lubriquen sus vínculos con la sociedad estadounidense (donde la aventura venezolana no cuenta aún con consenso favorable y su propia imagen ha decaído en las encuestas de opinión).
Trump ha diseñado el proceso como un protectorado estadounidense sobre Venezuela: “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante –explicó el sábado 3 en conferencia de prensa–, hasta que el país esté a salvo y seguro. La gente que está detrás de mí (se refería a sus funcionarios) va a estar liderando Venezuela. Estamos hablando de un país que está muerto”.
En ese esquema, por ahora Delcy Rodríguez, la “presidenta encargada” de Venezuela actúa como procónsul y el secretario de Estado Marco Rubio, a quien llaman “el virrey” en Washington, es el que maneja cotidianamente el joystick.
LA TUTELA, DE BAYONA A CARACAS
Cada vez que una gran potencia declara que una nación ya no puede gobernarse por sí misma, no está describiendo un hecho: está produciendo una relación de poder
En 1808, Napoleón Bonaparte lo hizo en Bayona, cuando apartó a Fernando VII y colocó a su propio hermano José Bonaparte –Pepe Botella- en el trono español, no presentó el gesto como una conquista. Habló de orden, de reforma, de racionalización de un Estado incapaz de gobernarse. España no sería una provincia francesa, sino un reino “regenerado” bajo tutela. La soberanía, formalmente intacta, quedaba en los hechos delegada. Más de dos siglos después, Estados Unidos produce un hecho comparable en Caracas. Cambian los lenguajes, cambian las legitimaciones, pero el mecanismo es reconocible: la suspensión de la soberanía con el argumento de un bien superior. En verdad, como un hecho de puro poder.
La situación venezolana, salvando las distancias históricas, exhibe un razonamiento similar. Nicolás Maduro es presentado no como un adversario político legítimo, sino como un usurpador que invalida la soberanía que dice encarnar, como un delincuente. Desde esa premisa, la tutela estadounidense justifica la dominación como administración transitoria que no sustituye al pueblo venezolano, lo protege de sí mismo”.
Fernando VII era el rey incapaz; Maduro, el presidente corrupto e ilegítimo. Pero en ambos, la solución propuesta no es la autodeterminación interna sino una soberanía asistida, vigilada, condicionada desde afuera. En ambos casos, la tutela no es una solución provisional, sino una redefinición del problema: el soberano deja de ser el pueblo y pasa a ser el tutor.
La historia española ofrece una advertencia. La tutela napoleónica no estabilizó el poder: lo fragmentó. Generó resistencia, autonomías locales, una revolución constitucional inesperada. El intento de gobernar España desde Bayona terminó por abrir un proceso que Napoleón no controló y que, paradójicamente, erosionó el orden que pretendía imponer.
Las tutelas imperiales suelen ignorar este punto: pueden desplazar gobiernos, pero no producen legitimidad. Pueden administrar territorios, pero no fabrican obediencia duradera. Y, sobre todo, tienden a desencadenar dinámicas políticas que desbordan al tutor.
De Bayona a Caracas, el problema no es solo quién gobierna, sino quién decide quién puede gobernar. Cuando una potencia se arroga ese derecho, la crisis deja de ser exclusivamente interna y pasa a ser, también, una disputa sobre el sentido mismo de la soberanía.
NO HAY ÁRBITRO IMPARCIAL
EE.UU. no había llevado a cabo una intervención directa en América Latina como esta desde su invasión de Panamá en 1989 para derrocar al entonces gobernante militar, Manuel Noriega.
Desde luego, tanto la intervención directa de Estados Unidos como la idea del protectorado y de algún procónsul confirman la idea de que Trump encarna una presidencia imperial. Esa idea a menudo se vuelve impugnación, cuestionamiento por no atenerse al orden más o menos institucional construido a partir de la segunda posguerra, un orden en el que uno de sus principios fundantes era la no intervención en asuntos de otros Estados.
Si bien se mira, esos loables valores han quedado parcial o totalmente descolocados por los cambios cada vez más acelerados ocurridos en el mundo, suscitados por la revolución de la tecnología y las comunicaciones: la frontera entre el adentro y el afuera se diluye; hoy se solicitan intervenciones externas, sea por razones ecológicas, sea por temas de derechos humanos (muchos de los que se indignan con algunas intervenciones promueven otras; jueces de un país juzgan hechos ocurridos en otro, bajo otras leyes) y hasta se han vuelto razonables intervenciones domésticas que años atrás hubieran sido repudiadas. De todos modos, muchas de las intervenciones solicitadas no se cumplen por impotencia del presunto árbitro.
LA UNICA VERDAD
Más allá de hacerse eco de los motivos que tantos venezolanos, exiliados o no, tienen para festejar la intervención contra un régimen tiránico que no respeta la voluntad de los ciudadanos, Estados Unidos interviene por sus propios motivos, que explicitó en el documento sobre Seguridad Nacional que comentamos en esta columna semanas atrás. Allí destacábamos que Estados Unidos ha convertido a América Latina en su prioridad estratégica. Y subrayábamos alguno de sus párrafos: “queremos asegurar que el Hemisferio Occidental (como designan a las Américas) se mantenga razonablemente estable y lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”.
El caso Venezuela reúne varias de esas condiciones.
Estamos ante algo más profundo que una vulneración puntual del derecho internacional. Estamos ante su irrelevancia práctica. El derecho internacional existe mientras las grandes potencias aceptan limitarse por él. Cuando dejan de hacerlo, el derecho no desaparece: se convierte en retórica.
La indignación no sirve frente a la realidad. Como aconsejó Spinoza, no hay que reír ni llorar, sino comprender. O, como Humpty Dumpty le respondió a Alicia: “El problema es saber quién manda. Eso es todo”.