El plan económico, asediado por los fondos buitre y el Congreso

La campaña electoral acorrala al plan económico que enfrenta riesgos inesperados y un aumento de la incertidumbre sobre su futuro. El mayor capital en votos de Javier Milei -la estabilidad cambiaria y la caída de la inflación- se ve amenazado por factores externos e internos que apenas controla.

El factor externo es la decisión de un tribunal norteamericano que ordenó al país entregar la mayoría accionaria de YPF, estatizada por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el Congreso hace más de una década. El desastre legal que hicieron la expresidenta y su entonces ministro de Economía pone en riesgo el futuro manejo de YPF, instrumento fundamental de la política energética, porque ¿quién aceptará asociarse para la explotación de Vaca Muerta con una compañía cuyos dueños definitivos se desconocen? En ese sentido, el daño patrimonial del Estado Nacional excede con mucho la cifra de vértigo que quieren cobrar los fondos acreedores.

Además, apenas conocido el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, se pusieron en la cola para quedarse con las acciones de YPF otros fondos que quieren cobrar deudas pendientes del default de 2001, otra “hazaña” del nacionalismo populista nativo.

Los responsables de tanta ruina no mostraron la menor autocrítica. Se les ocurrió, en cambio, la brillante idea de que para cumplir el fallo se necesita una aprobación del Congreso votada con una mayoría de dos tercios. Los mismos que estatizaron YPF violando su estatuto, a pesar de las advertencias de los sectores más sensatos de la oposición, ahora se vuelven “legalistas”, lo que seguramente provocará la hilaridad de Preska.

La segunda amenaza a la “caja” del Poder Ejecutivo proviene de la oposición parlamentaria. En Diputados, una mayoría multiforme consiguió aprobar el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que apruebe aumentos de fondos para las universidades y el hospital Garrahan. Pero no se conformó con eso. También hostigó al presidente de la comisión, José Luis Espert, que es el que la mantiene cerrada y el primer candidato a diputado por LLA en la provincia. A Espert no sólo lo insultaron dos diputadas K en el recinto, sino que funcionarias y una concejal del Quilmes intentaron amedrentarlo con una práctica escatológica: el lanzamiento de excrementos contra su casa. El debate de ideas en su máximo esplendor.

El Gobierno fue derrotado por una suma de legisladores de la LLA, la UCR, el PRO y partidos provinciales. Hay diputados que ingresaron con la boleta libertaria, como Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y otros, que se volvieron opositores; hay también radicales rechazados por los hermanos Milei y dirigentes del PRO alineados con Horacio Rodríguez Larreta, como el diputado Álvaro González y la senadora Guadalupe Tagliaferri, que se pasaron a la oposición porque quedaron a la intemperie (ver “Macri de salida”).

Pero el riesgo mayor para el equilibrio fiscal es el de los gobernadores que apoyaban al Gobierno en la preservación del superávit, pero que ahora reclaman fondos amenazando con su poder en el Congreso.

El ejemplo más pintoresco de ese reclamo ocurrió el jueves último en el Senado en el que se produjo un episodio sin antecedentes: la primera minoría K, con la ayuda de dos senadores radicales -Martín Lousteau y Pablo Blanco- y una del PRO -Tagliaferri- se autoconvocó a una reunión de comisión para “dictaminar” sobre proyectos que representan un incremento sustancial del gasto público sin financiamiento, entre ellos, uno aumento a jubilados y la reapertura de la “moratoria previsional” que no es más que otorgar jubilaciones sin aportes.

La pintoresca reunión no hubiera sido posible sin los radicales y Tagliaferi que aportaron al quórum. No hubo taquígrafos, ni cobertura del canal de TV de la Cámara, por lo que se carece de registro institucional de lo ocurrido. Funcionaron como un Senado “paralelo” o “blue”, algo inimaginable hasta para el más encallecido observador parlamentario. No les importó porque ya convocaron a una sesión para el jueves próximo en la que tendrán votos suficientes para aprobar lo que crean necesario.

También presentaron un par de proyectos firmados por todos los bloques -menos el de LLA- cuya sanción derivaría en un déficit monumental. Uno de ellos dispone que la mayor parte del impuesto a los combustibles vaya a las provincias en perjuicio de la Nación. Otro tanto proponen para varios fondos fiduciarios. En suma, un saqueo que, de concretarse, dinamitará el actual plan de estabilidad. Los que conocen las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo atribuyen esta rebelión de los gobernadores a que Karina Milei no quiere cederles candidaturas expectables para las elecciones de octubre, pero más allá de la causa del asalto al Tesoro, la señal para los mercados será sin duda negativa.