Los riesgos del duro oficio policial son universalmente conocidos. Lo que mucha gente no comprende es que esos riesgos aumentan en forma exponencial, junto con los de cualquier habitante, cuando el marco jurídico de un país deja de ser un marco y se convierte en un elástico absurdo.
El domingo 16 de Mayo en Mar del Plata, el policía Diego Rosales falleció por el disparo del sorprendido propietario de un inmueble al que ingresó en persecución de jóvenes que participaban de una supuesta fiesta clandestina. El hecho no ha tenido mayor repercusión en la opinión pública, ni ha generado la mínima reflexión que merece todo sacrificio de un efectivo policial.
Pensar es formular preguntas incómodas, incluso dolorosas, sin esquivar la respuesta. Y aquí, dada la manifiesta inconstitucionalidad de todas las medidas adoptadas por el gobierno con pretexto de enfrentar la pandemia de peste china, la pregunta a responder es si las llamadas fiestas clandestinas son tales, porque en rigor de verdad no son más que el ejercicio de elementales derechos constitucionales. El punto clave es que aquí no se ha declarado estado de sitio, por lo que en lugar de orden impera una confusión de mamarracho que se cobra vidas.
Mientras se siga gobernando al margen de la Constitución Nacional lamentaremos muertes sin sentido. Parte de la confusión planificada desde la ilegalidad del gobierno es que ante el privilegio de los cercanos al poder, que a vista de todos hacen lo que se prohíbe al común, sean fiestas o velorios, los demás pidan castigo. Así avalan al régimen en su perversa manipulación.
Lo que debe exigirse es que el gobierno se someta a la Constitución Nacional. Este oportunismo totalitario del régimen kirchnerista aprovechando la pandemia acentúa adrede males de larga data. Entonces la poética expresión de Fito Páez cantada en su bello Tema de Piluso aparece brutalmente, para recordarle a los porteños la cercanía entre lo peor de Rosario y Villa Lugano. Por si no bastaba con otros enclaves disputados por el narco.
GUERRA CIVIL MOLECULAR
Y es que la proliferación de escenarios de Guerra Civil Molecular, como el observado en Lugano, es inevitable si el Estado no cumple su rol primario. Cabe pues insistir en el concepto: La Seguridad Interior consiste en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional.
Téngase claro: El principal problema de la Seguridad en Argentina no es el narco. El narcotráfico -y todos los males que trae- es otra manifestación del verdadero problema de la Seguridad en Argentina que son los gobiernos de la casta política y la ausencia de políticas de Estado. El desprecio por la Constitución Nacional de la casta política en su conjunto permite que el lugar de las políticas de Estado sea usurpado por la improvisación permanente, donde la falencia conceptual acarrea la pifia metodológica que consagra la inoperancia. Esta acelerada degradación de la autoridad estatal y el mosaico social no la detendrá el gobierno irracional que genera la miseria material y moral que la hace posible.
Porque la violencia, el miedo y la confusión le sirven al proyecto totalitario. El golpe de Estado kirchnerista del 19 de Marzo de 2020 ha dejado en evidencia que el sistema institucional está tan corrompido y subvertido que, lejos de sostener la Constitución Nacional, actores institucionales del Poder Judicial y Legislativo desertaron de sus funciones.
El marco de la pandemia, tomado como excusa por el kirchnerismo para dejar sin efecto la Constitución Nacional -excusa validada por la cobardía de jueces y legisladores-, potencia desde el desmadre institucional la indefensión e inseguridad de los argentinos, que hace más de una década ni cuentan con el Defensor del Pueblo de la Nación.
Una cuestión insoslayable para entender que esta situación ha de empeorar es que Argentina se empecina en estar indefensa y condenar a sus defensores. Ya sean militares que vencieron al terrorismo castrista, como al policía o a cualquiera que enfrenta a un delincuente. Se reprocha lo irreprochable. Y en ese reproche hay una trampa de falsedad ética que es pretender que el delincuente puede hacer cualquier cosa porque es un delincuente, pero las personas comunes están obligadas a obrar frente a ellos con una pulcritud y santidad inalcanzable para los humanos.
El resultado del disparate es que el Estado se vuelve contra los ciudadanos y los funcionarios leales a los principios de la Constitución Nacional, alentando la elusión de responsabilidades que permite el surgimiento de feudos delictivos de toda índole. Finalmente es preciso observar que como en el Desierto de los Tártaros, los avances del enemigo fueron vistos y alertados hace tiempo. Nada de lo que pasa es una sorpresa.
Con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se vivieron escenas de dolor en el sepelio del policía Diego Rosales.