El hambre hipoteca el futuro de niños y adolescentes argentinos

Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA reveló que casi 4 de cada 10 menores no tienen acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.

La inseguridad alimentaria en la infancia -es decir la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos-, afecta la salud, el desarrollo y el aprendizaje, con consecuencias que pueden durar toda la vida. En la Argentina actual, casi 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes la padecen. Esto equivale a unos 4,3 millones de chicos que enfrentan, cada día, desde la necesidad de reducir porciones de comida hasta situaciones más extremas como sentir hambre por falta de recursos. Así lo reveló el informe titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, presentado recientemente por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). 
Esta información forma parte del documento estadístico “Derechos de la Infancia en Argentina (2010-2024): Avances, Desafíos y Desigualdades”
La presentación del informe estuvo a cargo de Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, autoras del trabajo e investigadoras del ODSA-UCA, y de referentes clave en la temática: Sergio Britos (CEPEA, UBA, UCA), María Eugenia Herrera Vegas (CESNI), Catalina Hornos (Haciendo Camino) y Alberto Cimadamore (IIEP UBA-CONICET), quienes debatieron sobre el presente y futuro de los niños argentinos.
“Lejos de aplacarse, este problema viene empeorando desde hace varios años, con un panorama actual más dramático que hace 15 años y con un piso que no baja del 30% de incidencia desde 2018”, advierten las autoras del documento.
“Se trata de una situación persistente que afecta a gran parte de los niños y adolescentes. El seguimiento de los mismos niños entre 2022 y 2024 muestra que más de la mitad atravesó al menos un episodio de inseguridad alimentaria en ese período”, detallan, para luego añadir: “Solo el 44,5% logró mantenerse siempre en situación de seguridad. Esto revela otra cara del problema: mientras en 2024 la inseguridad alimentaria afectó al 35,5% de los chicos, los datos dinámicos muestran que muchos más pasaron por al menos un momento de privación”.

FACTORES ESTRUCTURALES

Respecto de la evolución del vínculo entre los factores estructurales y la inseguridad alimentaria a través de distintas coyunturas, las autoras afirman que pudieron verificar el mayor riesgo de inseguridad alimentaria que traen aparejadas algunas características de los hogares de los niños y adolescentes: monoparentalidad, hogares numerosos, hogares con vínculos débiles con el mercado laboral, estratos de más bajo nivel socioeconómico, hogares con menor vinculación de los niños con la escuela y la residencia en el AMBA. 
Sin embargo, a lo largo del tiempo las investigadoras observaron cambios en la incidencia de factores como el ser de un hogar numeroso, el tener déficit de asistencia escolar o residir en el AMBA, con asociaciones que en algunos periodos se debilitan o incluso se revierten. 
“Los factores socioeconómicos como el estrato socioeconómico, la condición de empleo del jefe/a y el ingreso del hogar presentan un patrón estable, con una peor situación respecto a la seguridad alimentaria entre niños y adolescentes pertenecientes a hogares en situación de desventaja económica estructural, lo que refleja la centralidad del acceso sostenido a recursos para garantizar una alimentación adecuada”. 
Durante 2023-2024 se aprecia una reducción de la inseguridad alimentaria asociada a la percepción de AUH+TA, aunque probablemente subestimada por cuestiones metodológicas, como el sesgo de selección o la falta de control por diferencias no observadas entre perceptores y no perceptores.
“La inseguridad alimentaria en la infancia es un problema estructural agravado por crisis coyunturales. Entre 2010 y 2024, la inseguridad alimentaria infantil en la Argentina mostró una tendencia sostenida al alza, con picos en 2018, 2020 y 2024”, sintetizan. 
En el último año, el 35,5% de niños/as y adolescentes (NNyA) atravesó IA, y el 16,5% IA severa. Entre los determinantes estructurales fuertes, se encuentran: pobreza, empleo precario, estrato social bajo. En ese sentido, destacan que “la inseguridad alimentaria afecta de modo particular a hogares pobres, con jefes/as con inserción laboral precaria, monoparentales y numerosos (cinco o más miembros)” y que “el empleo es el factor más decisivo”. 
Asimismo, Tuñón y González Sisto apuntan al impacto desigual de la inseguridad alimetaria según la región y la composición del hogar. “El AMBA muestra mayores niveles de inseguridad alimentaria que el interior urbano, especialmente a partir de 2017”, afirman, para luego añadir:  “La monoparentalidad se mantiene como un factor de riesgo a lo largo del tiempo. La AUH más la TA tuvo un efecto protector frente a la inseguridad alimentaria, especialmente en contextos críticos. Si bien los hogares que la reciben son más vulnerables estructuralmente, el análisis con modelos de efectos fijos muestra que la AUH+TA reduce significativamente la inseguridad alimentaria (–0,81 puntos en la escala del índice)”, detallan. 

FENOMENO DINAMICO

Por otra parte, las autoras ponen de manifiesto que la inseguridad alimentaria no es estática: más de la mitad de los niños y adolescentes atravesaron inseguridad alimentaria en al menos un año entre 2022 y 2024. “El 14,8% sufrió inseguridad alimentaria crónica y otro 9,2% empeoró. Solo el 44,5% se mantuvo libre de inseguridad alimentaria durante los tres años”, agregan.
Entra las principales conclusiones, remarcan que la inseguridad alimentaria es un fenómeno dinámico y fuertemente influido por condiciones estructurales como el tipo de hogar, el nivel socioeconómico y la situación laboral. “Aunque políticas como la AUH (+TA) ayudan a mitigar el riesgo alimentario, su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos”, reiteran. 
“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas integrales que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, destacan, para luego añadir: “Para enfrentar eficazmente la inseguridad alimentaria infantil, es crucial implementar políticas públicas integrales centradas en la inclusión laboral, el fortalecimiento de programas de transferencia de ingresos como la AUH (+TA), y la construcción de sistemas de protección social intersectoriales. Estas estrategias deben priorizar a los hogares más vulnerables, revalorizar el rol de la escuela como espacio de contención y diseñarse con un enfoque territorial y federal. Además, es fundamental garantizar el derecho a una alimentación adecuada mediante la transformación de los sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles y equitativos”.