El gobierno de Trump demanda a Nueva York por una ley que prohíbe arrestos migratorios en tribunales sin una orden
Nueva York (AP) - El gobierno del presidente Donald Trump demandó el jueves al estado de Nueva York por una ley que impide que los agentes de inmigración arresten a personas en los tribunales de Nueva York, afirmando que protege intencionalmente a criminales peligrosos.
La demanda, presentada en el Distrito Norte de Nueva York, es la más reciente de una serie de acciones legales contra políticas estatales o locales que, según el gobierno, interfieren con la aplicación de las leyes migratorias, dijeron las autoridades.
La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó en un comunicado de prensa: “Las políticas de ciudades santuario sin ley son la causa principal de la violencia que los estadounidenses han visto en California, y el estado de Nueva York emplea políticas similares de ciudades santuario para evitar la aprehensión de extranjeros ilegales”.
La Ley de Protección de Nuestros Tribunales de Nueva York de 2020 prohíbe que los agentes federales de inmigración arresten a personas que entran y salen de los tribunales o que están en el tribunal para realizar procedimientos, a menos que tengan una orden firmada por un juez. El senador estatal demócrata Brad Hoylman, proponente del proyecto de ley, expresó en aquel momento que la legislación era una reprimenda a la práctica de la primera administración de Trump de convertir los tribunales de Nueva York en “terrenos de caza” para los agentes federales.
En la demanda del Departamento de Justicia se indica que los arrestos en o cerca de los tribunales son más seguros para los oficiales y el público porque las personas son revisadas en busca de armas y contrabando antes de entrar a los edificios.
Se enviaron correos electrónicos a la oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y a Hoylman en busca de comentarios.
Hochul forma parte del grupo de gobernadores demócratas que estarán en Washington el jueves para enfrentar preguntas del Congreso sobre políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.