En junio de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, Javier Milei, por entonces diputado nacional, difundió un video en sus redes donde afirmó que, si llegaba al gobierno, iba a “avanzar para terminar con esa aberración del aborto”.
De allí en más, muchas otras veces se expresó en redes sociales, foros internacionales y entrevistas contra el “asesinato de niños en el vientre materno”. También, miles de veces hemos escuchado a coro la definición de liberalismo, atribuida a Alberto Benegas Lynch (hijo), como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad“.
Después de ganar las PASO en 2023, el actual presidente expresó: “La mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, es otro individuo”, y agregó: “Estoy en contra del aborto porque creo en el proyecto de vida del prójimo”.
Las Bases de Acción Política y Plataforma Electoral Nacional 2023 de La Libertad Avanza, declaran como sus valores que ”promovemos la eficiencia, la transparencia, la meritocracia, el esfuerzo personal, la defensa del derecho a la vida desde la concepción, el respeto por las normas y la honestidad en la administración de los recursos públicos como los presupuestos fundamentales…”, y en el área de Salud propone “proteger al niño desde la concepción, y al adulto mayor hasta su muerte natural”. Para las elecciones de medio término en 2025 la plataforma de La Libertad Avanza ratificó dichos términos.
UN PROCESO
Es cierto que el Estado Nacional dejó de adquirir y entregar abortivos a las provincias, pero respecto de la ley 27.610, aún nada pasó.
Comprendimos que no es posible eliminarla por decreto. Normalmente, las leyes las dicta el Poder Legislativo y para derogar una ley se necesita otra ley aprobada por el Congreso. El Poder Ejecutivo no puede anular leyes por sí solo. Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) solo se pueden usar en circunstancias excepcionales y no pueden regular materia penal. Además, deben ser revisados por el Congreso, que puede rechazarlos. Por lo tanto, se hacía necesario contar con un Congreso favorable.
Todo parecía indicar que en las elecciones de medio término se buscaría conformar una lista de candidatos fuertemente comprometida con la defensa de la vida y que de esta manera se impulsaría la derogación de la mencionada ley.
Nos preguntamos: si tan central resulta la defensa de la vida para la doctrina oficial, ¿no hubiera sido oportuno que en las listas de candidatos del oficialismo no se admitieran abortistas?
Por otra parte, somos conscientes de que existiendo los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) muchos abortos hoy “voluntarios” pasarían por “legales”. Es así, que no solo se necesitaría una reforma profunda de las normativas sino una amplia labor educativa. No obstante esto, derogar la nefasta ley de aborto tendría un efecto muy importante. ¿Qué pasó que en los últimos tiempos que el tema parece haber dejado de tener relevancia en la agenda del Gobierno?
BANCO MUNDIAL Y ABORTO
Los argumentos vertidos por la investigadora y conferencista Guadalupe Batallán en el streaming ‘Haciendo lío’, de Santiago Alarcón, tomados del informe ‘El otro gobernante’, son una posible respuesta.
El informe de investigación citado, publicado por enlamiraresearch.com, expresa que "el Banco Mundial ha dejado de ser un prestamista técnico para convertirse en un actor político que redefine agendas nacionales desde fuera".
Es así que entre 1970 y 2025 el banco utilizó 212 préstamos por un total de 17.430 millones de dólares para incidir en las políticas demográficas y de salud reproductiva de varios países aprovechando crisis económicas, catástrofes naturales y colapsos fiscales con el objeto de condicionar agendas que en otras situaciones necesitarían debates legislativos e introducir condiciones que vulneran las soberanías nacionales, eludiendo la resolución democrática y la voluntad popular.
Los casos analizados fueron préstamos otorgados a lo largo de cinco décadas a países de África, Asia, Europa y América Latina. Con ellos, en 34 casos se financió a lobbistas y a la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la red de clínicas proveedoras de aborto más grande del mundo.
Desde 2017, el Banco Mundial permite que los gobiernos firmen compromisos legales sin ratificación parlamentaria para superar obstáculos constitucionales.
El dinero otorgado se fragmenta en tramos condicionando su entrega a la aprobación de leyes específicas o decretos presidenciales. Si el Estado incumple deberá reintegrar la totalidad sin la posibilidad de hacerlo en cuotas. Los contratos obligan a los países a comprometer fondos propios más allá del gobierno de turno.
El Banco Mundial promovió la reducción de la natalidad en países con tasas inferiores al nivel de recambio poblacional (2,1 hijos por mujer), considerando, en varios casos, el acceso a anticoncepción y aborto.
En lo que respecta a nuestro país, “un préstamo de 300 millones financia el 17,5 por ciento del presupuesto del Plan Nacional de Salud. Al vincular el capital al registro de servicios de interrupción del embarazo, el contrato blinda estas políticas frente a cualquier cambio legislativo futuro del Congreso”. Es decir que “la Argentina no puede revertir la ley sin arriesgarse a perder 300 millones de dólares.”
Que no nos pase como aquel burro perseverante que caminaba y caminaba persiguiendo una zanahoria que nunca llegaba a alcanzar.
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