Una vez más el concepto: La “Seguridad” consiste en garantizar el estilo de vida propiciado por la Constitución Nacional.
Esa definición, tan simple y tan precisa, irradia suficiente claridad para deslindar metodológicamente lo conducente de la sarasa al analizar la realidad y los actos de gobierno.
La semana pasada, con toda la pompa que las circunstancias de su propio e inconstitucional estado de sitio de facto le permiten, el gobierno de Fernández anunció el “Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires”.
Sergio Massa, el mismo Sergio Massa que allá por diciembre de 2015 alardeaba de la firmeza irreductible de sus convicciones tuiteando: “Conmigo se termina la era K, por más violencia y chequera que quieran usar”, hizo de vocero kirchnerista sintetizando el anuncio en otro tuit: “Un programa integral que incluye más patrulleros y policías, cámaras, paradas seguras y cárceles, y que es posible gracias al trabajo coordinado entre Nación, Provincia y Municipios para llevar seguridad y tranquilidad a los y las bonaerenses”.
O sea, nada que no debiera hacerse rutinariamente. Y nada que trascienda lo instrumental. Es sugestivo que el punto central de los anuncios sea la adquisición de elementos, incluyendo la realización de obras, por un total de casi 38.000 millones de pesos. Hablamos del mismo gobierno de los sobreprecios en la compra de fideos y con un historial, en las anteriores presidencias de Fernández, de obras que literalmente terminaron en la nada.
Ayuda a entenderlo este textual del comunicado oficial, que recomiendo leer detenidamente: “Tomamos la decisión política de llevar adelante las siguientes acciones para abordar uno de los principales temas de preocupación de la agenda social y de nuestro gobierno: la inseguridad. Nuestra mirada sobre la inseguridad es integral, por esto incluye financiamiento, infraestructura, tecnología, incorporación y capacitación de fuerzas de seguridad”.
Ponen la mirada en la inseguridad y nunca definen que entienden por Seguridad. Eso equivale a equipar un ejército para enviarlo a la guerra sin definir porqué ni contra quiénes se pelea. Aquí, en el contexto de país que dañado en sus instituciones y degradado en su cultura exhibe miseria intelectual, donde proliferan hechos delictivos y escenarios de guerra civil molecular, el concepto de la Seguridad debe ser repetido una y otra vez, sin cansancio, para comprender que no hay plan sin una idea rectora. De poco sirve tener las herramientas sin saber para qué usarlas.
Seré breve: Todos los anuncios en materia de Seguridad se diluyen en un único problema que no resuelven: gobierna el kirchnerismo. Es conceptual y fácticamente imposible que un proyecto totalitario de corrupción estructural mejore la seguridad, en especial a partir del golpe de Estado iniciado el 19 de Marzo de 2020 con la pandemia como excusa para pisotear la Constitución Nacional.
Si Ud. no es idiota, habrá observado en este tiempo las groseras contradicciones en que incurren los funcionarios kirchneristas que ocupan cargos en el área de seguridad. Se desmienten unos a otros y a sí mismos para generar confusión. Porque sólo en la confusión puede parecer que solucionan algo.
En tal sentido, no es casual el auge de las usurpaciones bajo este inservible e inconstitucional estado de sitio de facto, que imposibilita a muchos propietarios la vigilancia de sus inmuebles por las restricciones a la libertad de tránsito impuestas por el gobierno. La persecución estatal sobre los honrados para impedirles trabajar y atender sus propiedades, ha sido interpretada por la delincuencia como lo que es: una vía libre para hacerse de lo ajeno. Ya sea la intrusión en casas de veraneo, pasando por la toma de tierras para nuevas villas miserias (“barrios carenciados” en el diccionario de la corrección política), a pretensiones mapuches, todas esas actividades ilegales se encuentran facilitadas por funcionarios de este inaudito “Estado presente”, que se ausenta cuando lo requiere la honradez y toma partido por la delincuencia.
Ocurre que el orden está siendo subvertido, abundando situaciones que lo dejan en evidencia. Así, hay fiscales que reniegan de ser garantes de la legalidad anteponiendo su “sensibilidad social” a la función. Ocurrió ante la usurpación de terrenos en González Catán, cuando el mes pasado la fiscal María Belén Casal Gatto interpretó que debía mediar entre la víctima y los usurpadores para que estos pudieran salirse con la suya. Algo similar pasa con el fiscal de Usurpaciones y Flagrancias, Eduardo Elizarraga (UFID 5) de Pinamar, que demuestra más preocupación por la situación de los usurpadores que por hacer cesar el delito. Y finalmente, el colmo: Sabina Frederic usando al Ministerio de Seguridad de la Nación como guardaespaldas de los usurpadores mapuches.
La cuestión de fondo en estos conflictos es muy simple: La Constitución Nacional y el kirchnerismo se repelen. Representan cosas opuestas. Y si Sabina Frederic sigue en su cargo es porque sabe Cristina Fernández, quien detenta el poder, que las usurpaciones son esenciales para reemplazar la República por un sinfín de tolderías.