El Tourette verborrágico como método de gobierno

Con motivo del fallo salvador de la Cámara de apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el presidente Javier Milei sintió la necesidad de enviar un mensaje a la sociedad en un acto no relacionado, propósito que amplió luego a la conferencia previa al trascendental partido de la selección nacional con su par de Mauritania.

En dicho acto el mandatario atribuyó a su gobierno el resultado de la apelación, y acusó con descalificadores epítetos al exministro Axel Kicillof, al que terminó insultando, e hizo la lista de los dueños del éxito, incluyendo al Procurador General designado hace 20 días. La estrategia ganadora había sido reconducida por su antecesor, Bernardo Saravia Frías, del que no se hizo mención. 

Vinimos a arreglar los errores (traducido aquí a un idioma civilizado), sostuvo el Presidente.  Habría que recordarle -sin ánimo de defender a funcionarios indefendibles- que lo que dice la Cámara de Apelaciones es exactamente lo que sostuvo en su momento públicamente el ahora gobernador de Buenos Aires, independientemente de las razones que movieron a la generosa venta a Esquenazi y la posterior expropiación de YPF, actos sobre los que la columna estuvo siempre en absoluto desacuerdo. 

También debería recordar que el estudio de abogados norteamericano que representó al país fue siempre el mismo. 

En el mejor de los casos, el resultado del fallo debería atribuirse a todos, profesionales y funcionarios que participaron en el juicio, particularmente en la apelación. Y recordar que la jueza Loretta Prieska falló en contra del país. Al menos desde la apelación de 2020 en adelante la línea de defensa ha sido básicamente la misma. No es fácil sin embargo encontrar los motivos de elogio al jefe de Gabinete, con nula participación en el proceso, al igual que a la ministra Sandra Pettovello. Salvo la necesidad de decir algo a favor del golpeado ministro. 

Puntos fallidos

El magno entusiasmo discursivo tiene algunos puntos fallidos. El primero es el riesgo de anticiparse a celebrar un triunfo que aún no se ha confirmado, aunque haya cierto consenso de que los recursos de la demandante no prosperarán. 

El segundo error fue darle prácticamente la razón al reclamo de Petersen, al decir que la expropiación fue un robo, lo que seguramente será usado en su presentación por el fondo Burford que compró el juicio de Esquenazi. El tercer error fue ponderar la actuación del embajador y el canciller en lograr este fallo, lo que parece adjudicar a la justicia estadounidense las mismas virtudes que exhibe la justicia argentina, que admite y acepta todo tipo de injerencias políticas y de otra clase. Tal vez sea efectivamente así y haya que felicitar a Trump.

Para los desprevenidos, habrá que recordar que la quinta enmienda de la constitución norteamericana autoriza las expropiaciones para beneficio público siempre que el pago sea justo. No muy distinto a Argentina.  Bueno o malo, es la ley. Eso es lo que dice el fallo, simplemente. No se discutía otra cosa. 

Evidentemente, era necesario alardear del logro de una sentencia histórica, como gusta calificar Milei a cualquier resultado de su gobierno, en un momento donde su equipo, y él mismo, están recibiendo críticas diversas por hechos muy difíciles de explicar.

Nada de todo lo dicho invalida la sensación de alivio por el resultado, que puede alejar definitivamente la pesadilla en que sumergió al país la irresponsabilidad y los dudosos arreglos del kirchnerismo, que también involucraron a Repsol, que se benefició larga y sospechosamente con la venta-regalo a la empresa de Esquenazi, origen de todo el problema, rematado por la vengativa expropiación. 

(Luego de la cadena de Milei se conoció que el fondo Burford amenaza ahora con presentarse en otras jurisdicciones y hasta con solicitar una mediación improcedente, que no aplica en este caso. Esta actitud muestra mejor que ninguna otra la mala fe de la demandante en todo el proceso, que culmina ahora con la idea de cambiar de juzgado o de método de dirimir el conflicto cuando no le gusta el resultado, algo simplemente inaceptable en cualquier país. Sería un error imperdonable entrar en cualquier negociación que invente Burford)

¿Revolución moral?

Aunque el presidente y sus estrategas crean que este sistema de insultos, descalificaciones y logros históricos es efectivo, la idea es disputable. El caso de $Libra y los de Adorni, además de su gravedad, se magnificaron como consecuencia del reiterado discurso presidencial alzando la bandera de la revolución moral, que repitió en cuánto lugar del mundo pudo hablar. Ahora, con todo derecho, la sociedad exige un comportamiento en lo personal acorde a ese mensaje, aun sobre temas bastante menores en su gravedad a los de varios gobiernos anteriores. 

Algo parecido ocurre con los discursos descalificadores sobre quienes opinan sobre economía y la permanente ostentación de supuestos conocimientos que saturan la comunicación presidencial. La seguridad y contundencia de esa descalificación a la crítica y a los críticos inevitablemente se tornan en contra cuando las recetas oficiales no resultan o no se pueden cumplir. La lucha para aniquilar la casta, bandera discursiva central, se vuelve ahora un lastre para el Gobierno cuando se advierte que la casta no sufrió el ajuste y se notan los efectos en los hogares, ya sin ahorros para aguantar. Lo mismo con la metáfora de quemar el Banco Central, ahora instrumento mimado de Luis Caputo y el FMI. 

Lo mismo pasa con la lucha contra la inflación, una acción indisputable en sí misma, pero que al usarse como un alfanje descalificador y justificador contra cualquiera que tuviera una crítica o una necesidad real, ahora hace que una décima de aumento en el índice agite a la sociedad y los medios y siembre la alarma. 

 Esa falta de vocación de persuasión, componente vital de la democracia, reemplazada por el insulto o la grosería paralizante, termina dificultando cualquier corrección, cualquier modificación del plan que puede ser necesaria y adecuada, que debe explicarse el triple de lo necesario, o directamente negarla, ocultarla o disfrazarla, como ocurre. Esperable reacción de quienes sintieron que su opinión era descalificada por “ignorantes, ensobrados, ladrones” o cosas peores. 

Llamar a los empresarios “ladrones” y rebajarlos con insultos en cada oportunidad en que el mandatario se encuentra en un foro internacional que ni siquiera sabe de qué habla el orador tampoco ayuda, sobre todo cuando hay otros empresarios que gozan del favor oficial que son salvados del calificativo, con conductas  históricas iguales o peores que las de los desahuciados. Esas agresiones tienen efecto en muchos aspectos económicos y también en la credibilidad. 

Este efecto es hoy más relevante cuando la población está sintiendo más que nunca los efectos del ajuste, y percibe que hay muchos sectores de la denostada casta que no han sufrido proporcionalmente y que siguen vivos y exitosos, gozando de total impunidad. Si la respuesta a esas preocupaciones o carencias es el insulto, la ironía, la agresión y la descalificación, no sólo las críticas aumentarán, sino que el enfrentamiento se profundizará con desarrollos impredecibles.  Y eso también tiene efectos económicos, además de políticos.

Sugestiva la similitud entre este estilo de interrelación con la sociedad y el del presidente Trump, que está ganando una guerra por día, según su dialéctica, y de paso insultando, ridiculizando y apartando a quien osa no coincidir con él, como se pudo verificar ayer, cuando exhibió su histrionismo ironizando y burlándose en medio de una guerra en la que muere gente y se destroza la riqueza. 

Seguramente un sector importante del Gobierno cree que estas actitudes constituyen un método de comunicación. Suena más bien a un permanente y riesgoso mecanismo de incomunicación.