El Senado no tratará la venta de tierras rurales a extranjeros
Patricia Bullrich no logró que el proyecto del Gobierno alcanzara los votos necesarios.
Por carecer de los votos necesarios para su sanción, el oficialismo del Senado resolvió este mediodía, no debatir el conflictivo proyecto sobre un aumento del porcentaje de tierras rurales que pueden comprar los extranjeros.
La Cámara volverá por lo tanto a reunirse este jueves a partir de las 14 para tratar el proyecto ómnibus de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el presidente Javier Milei, pero sin su capítulo tercero, que aumentaba de un 15 a un 25% la cantidad de tierras que podían quedar en manos de no argentinos.
La decisión fue tomada por el oficialismo después de una reunión realizada en dependencias del bloque de la UCR en el segundo piso de la Cámara alta en la cual sus habituales aliados parlamentarios le propusieron seguir adelante con la extensa norma redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero excluyendo la conflictiva cláusula inmobiliaria.
Poco antes de este reclamo, que finalmente aceptó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se había difundido la oposición a la enajenación de tierras de gobernadores que habitualmente sintonizan con la Casa Rosada.
Adelantaron que rechazarían esa cláusula el tucumano Osvaldo Jaldo, que controla dos senadores, y el neuquino Rolando Figueroa que controla uno. Si a esto se suma la oposición de varios radicales y de la salteña independiente Flavia Royón, el oficialismo quedaba lejos de los 37 votos necesarios para dar sanción a la norma.
Por esa razón Bullrich resolvió ir al recinto este jueves a partir de las 14 a continuar con la sesión que había pasado a cuarto intermedio antes del receso invernal, pero descartando el capítulo que tenía trabada el resto de la ley.
Para aprobar la iniciativa el oficialismo dice contar con votos más que suficientes con el apoyo de sus aliados.
Los principales capítulos de la norma regulan los mecanismos de expropiación, haciendo más rigurosas las condiciones para que un bien sea declarado de utilidad pública. Exigen además al Estado el pago por adelantado.
En materia de seguridad y desalojos dispone mecanismos sumarísimos para que los propietarios recuperen inmuebles usurpados o vuelvan a disponer rápidamente de su propiedad en casos de ruptura del contrato de alquiler.
También dispone cambios en el registro inmobiliario para facilitar su funcionamiento, lo que permitirá acceder a títulos de propiedad en caso de barrios populares instalados en predios usurpados.