El Senado convirtió en ley el proyecto de inocencia fiscal II

La Cámara de Senadores convirtió en ley por 44 votos a favor y 23 en contra el proyecto denominado de “inocencia fiscal II” que tiene como objetivo facilitar el acceso de los contribuyentes al régimen simplificado de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Apunta también a que se reconozcan tenencias en divisas no declaradas anteriormente.

La norma elimina el tope actual de 1.000 millones de pesos de ingresos anuales y de 10.000 millones de patrimonio para poder acceder al régimen simplificado.

En otra de sus cláusulas limita la discrecionalidad del ARCA en la impugnación de declaraciones de los contribuyentes. Las observaciones sólo serán válidas sobre diferencias “significativas” en las presentaciones.

Las nuevas medidas incluidas en el proyecto se proponen movilizar las divisas que permanecen todavía fuera del sistema, a pesar de los últimos blanqueos aprobados por el Congreso. Al respecto, al anunciar su envío al parlamento el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que “tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio".

El miembro informante del proyecto, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA-San Juan) coincidió con el funcionario en que el propósito de la nueva norma era que “la plata escondida deje de ser plata muerta”. Opinó que el monto de moneda norteamericana fuera de sistema ronda los 170 mil millones de dólares. “Traer una parte al sistema bancario -afirmó- es una luz para la economía”.

De todas maneras, la norma mantiene límites para acceder al régimen simplificado. No pueden hacerlo grandes contribuyentes, altos funcionarios, diputados, senadores y jueces.

Se modifica también la legislación vigente en caso de diferencias entre el monto a pagar declarado por el contribuyente y el que establece el ARCA. Para que el contribuyente pierda el beneficio la discrepancia deberá ser significativa, es decir, del 15% del monto total a pagar por el impuesto. Esa discrepancia deberá ser además mayor a 5 millones de pesos.

Otra reforma consiste en que se invierte el cargo de la prueba: el que acusa, en este caso, el Estado, debe aportar la prueba correspondiente. La carga de la prueba le corresponde a Arca que no puede investigar sobre meras presunciones.

Por último, para poder ser utiiizados, los ahorros blanqueados deben haber ingresado al circuito económico por canales legales como los de los bancos. La fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre 2027.

Rechazaron el proyecto por el peronismo Jorge Capitanich, Adán Bahl y José Mayans. Este último sostuvo que a partir de su sanción desaparecería el delito de evasión y lo llamó “ley Adorni”. Aseguró que había sido pensado para beneficiar al ex jefe de Gabinete que estaba esperando la finalización del trámite parlamentario para presentar su declaración jurada ante la Justicia. También sostuvo que era una ley en beneficio de “narcotraficantes” y de “las mafias”.