El Gobierno inició un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades hidrocarburíferas en Malvinas
El Gobierno nacional puso en marcha un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas a las que investiga por su presunta participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, sin autorización de la Argentina.
La medida fue dispuesta por la Cancillería, luego de que el Poder Ejecutivo modificara el esquema de aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de las autoridades nacionales.
Según informó la Oficina del Presidente, el procedimiento alcanza tanto a personas humanas como a personas jurídicas y busca determinar si incurrieron en las conductas prohibidas por el artículo 2 de la normativa vigente. La investigación incluye a compañías vinculadas directamente con las operaciones y a otros actores que podrían haber participado o prestado servicios relacionados con esos emprendimientos.
La decisión se produce en el marco de la estrategia anunciada por el presidente Javier Milei para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y aumentar las consecuencias para quienes intervengan en actividades de explotación de recursos naturales en las zonas que la Argentina considera bajo su jurisdicción.
El anuncio se conoció luego de la cadena nacional realizada por el mandatario, en la que presentó un paquete de medidas relacionadas con la cuestión Malvinas y cuestionó los proyectos de explotación de hidrocarburos desarrollados en el área.
Entre ellos se encuentra el proyecto Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las islas y vinculado con empresas internacionales. La iniciativa contempla el desarrollo de recursos petroleros en una zona cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
El nuevo procedimiento quedó a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a partir del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un mecanismo específico para investigar eventuales infracciones.
La legislación establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requieren autorización de las autoridades nacionales. Las restricciones también alcanzan a quienes tengan participación directa o indirecta en empresas que desarrollen esas operaciones sin habilitación, así como a quienes les presten determinados servicios.
El régimen contempla además prohibiciones relacionadas con operaciones comerciales, económicas, financieras, logísticas, técnicas y de consultoría que puedan facilitar actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales por el Estado argentino.
El Decreto 868/2026 estableció, a su vez, nuevas pautas para la tramitación de los procedimientos administrativos. Los involucrados podrán presentar su descargo y ofrecer pruebas dentro de los plazos fijados por la normativa, mientras que la autoridad de aplicación deberá emitir una resolución fundada una vez cumplidas las distintas etapas del proceso.
El Gobierno también busca ampliar el alcance de las herramientas disponibles para impedir que compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas puedan continuar operando en el país o acceder a determinados beneficios.
En paralelo, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la legislación vigente y ampliar el universo de personas y empresas alcanzadas por las restricciones.
La Ley 26.659 fue sancionada en 2011 y posteriormente modificada para incorporar sanciones penales. El régimen contempla, entre otras consecuencias, la posibilidad de establecer inhabilitaciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en el país y la reversión de concesiones en determinados supuestos.
La ofensiva oficial se produce mientras avanzan las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas, una cuestión que volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno argentino.
La administración de Milei sostiene que las empresas que participen en esas operaciones sin autorización argentina violan las normas nacionales y que el Estado debe utilizar las herramientas legales disponibles para impedir que esas actividades generen beneficios económicos para sus responsables.
Con el inicio del procedimiento contra los 45 sujetos identificados, la Cancillería quedó habilitada para investigar cada caso y determinar si corresponde aplicar las sanciones previstas por la legislación. La medida representa así el comienzo formal de una nueva etapa en la política del Gobierno frente a las empresas vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.