El Gobierno implementó un nuevo esquema de auditoría para entidades de la seguridad social

El Gobierno nacional dispuso nuevas reglas de auditoría y control para los síndicos y representantes que actúan en entidades encargadas de administrar prestaciones de la seguridad social y regímenes de complementación previsional. La medida fue oficializada este jueves mediante la Disposición 6/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por la subsecretaria de Seguridad Social, Alexandra Biasutti, establece un nuevo marco reglamentario para ordenar y unificar las pautas de actuación de los funcionarios encargados de supervisar organismos previsionales. Según explicó el Ministerio de Capital Humano, el objetivo es fortalecer los mecanismos de control y adecuarlos a los principios de “buena administración” y simplificación impulsados por la Ley de Bases.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a dotar a los síndicos y representantes de mayores herramientas técnicas y administrativas para facilitar el cumplimiento de sus funciones y garantizar una supervisión “efectiva y transparente” de las entidades alcanzadas.

En ese sentido, la disposición remarca que la actividad de estos funcionarios deberá sustentarse en principios de independencia profesional, autonomía funcional y rendición de cuentas. La intención oficial es reforzar la capacidad de fiscalización sobre organismos que administran recursos sensibles vinculados al sistema previsional y a beneficios complementarios para trabajadores y jubilados.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la modificación de los criterios de selección de síndicos. A partir de ahora, se aplicará un esquema de evaluación basado en el mérito y con mayor flexibilidad respecto de la experiencia específica en seguridad social. La normativa establece que se realizará una valoración integral de la trayectoria profesional y de los conocimientos de cada postulante, en línea con la política de simplificación administrativa promovida por el Gobierno.

Además, el nuevo régimen incorpora un esquema obligatorio de informes y presentaciones periódicas. Entre las principales exigencias figura la elaboración de un Plan de Trabajo Anual, que deberá presentarse en una versión preliminar antes del 31 de mayo de cada año y en su versión definitiva antes del 30 de junio.

Ese documento tendrá que incluir controles sobre el cumplimiento de las obligaciones legales, un análisis de la evolución económico-financiera de cada entidad y estudios vinculados con la sostenibilidad de las prestaciones. También deberá contener información sobre la cantidad de aportantes y beneficiarios de cada régimen supervisado.

La disposición también fijó un calendario para la entrega de informes semestrales. Los síndicos deberán presentar un reporte antes del 28 de febrero correspondiente al segundo semestre del año anterior y otro antes del 31 de julio sobre el semestre en curso.

A su vez, se incorporó la obligación de comunicar “hallazgos significativos”. Según la reglamentación, cualquier presunta infracción o circunstancia que pueda afectar la continuidad de las prestaciones deberá ser informada dentro de los cinco días hábiles desde que el funcionario tome conocimiento de la situación.

Otro de los aspectos contemplados por la norma busca evitar vacíos institucionales. En ese marco, se estableció que los síndicos cuyos mandatos hayan vencido continuarán transitoriamente en funciones hasta que se formalice una prórroga o se designe a un reemplazante.

La Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social será el organismo encargado de aprobar los planes de trabajo y supervisar técnicamente los informes presentados. De esta manera, el Ministerio de Capital Humano conservará el control de tutela administrativa sobre las entidades alcanzadas por la nueva reglamentación.