El Gobierno envió al Congreso una reforma de la Ley de Sociedades para flexibilizar el funcionamiento de las empresas
El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto para reformar de manera integral la Ley General de Sociedades, con el objetivo de modernizar el marco legal bajo el que operan las empresas en la Argentina y reducir la intervención estatal en la actividad privada.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al vocero presidencial Manuel Adorni, quienes sostuvieron que la normativa vigente responde a un esquema “rígido y anacrónico” que, según la visión oficial, dificulta la inversión y limita la libertad de organización de las compañías.
El proyecto apunta a reemplazar aspectos centrales de la actual legislación societaria, sancionada en la década de 1970, por un sistema basado en la autonomía contractual entre privados. De acuerdo con el Gobierno, la reforma permitirá que las empresas tengan mayor capacidad para definir sus propias reglas internas mediante estatutos y acuerdos entre socios, mientras que el rol de la ley quedará como un marco supletorio para resolver situaciones no previstas.
Entre los cambios más relevantes figura la digitalización total de los procesos societarios. El texto prevé habilitar el uso de domicilios electrónicos, libros y registros digitales, además de permitir que las asambleas de accionistas y reuniones societarias puedan realizarse a distancia. También se contempla la posibilidad de constituir sociedades mediante firma digital o electrónica y crear legajos digitales públicos para cada compañía.
Según explicó Sturzenegger, el objetivo es eliminar buena parte de la burocracia vinculada a la constitución y funcionamiento de las empresas, reduciendo trámites presenciales y documentación en papel. El ministro sostuvo que la reforma busca adaptar el derecho societario argentino “a la economía del siglo XXI” y enviar una señal favorable a inversores locales e internacionales.
La iniciativa también incorpora figuras novedosas vinculadas al desarrollo tecnológico y la automatización empresarial. Distintos reportes sobre el proyecto señalaron que el nuevo esquema habilitaría sociedades administradas mediante sistemas automatizados o inteligencia artificial, además de reconocer estructuras empresariales ligadas al ecosistema digital y cripto.
Otro de los aspectos centrales del texto es la reducción de controles estatales sobre las compañías. El Gobierno propone limitar las facultades de supervisión y avanzar hacia un sistema con mayor peso de los acuerdos privados. Dentro de esa lógica, el proyecto permitiría que determinados conflictos comerciales puedan resolverse bajo legislación extranjera o mediante mecanismos de arbitraje internacional, una medida que el oficialismo considera clave para atraer inversiones.
Desde la Casa Rosada argumentan que el régimen actual genera costos y trabas que desalientan la actividad empresarial y la llegada de capitales. En ese sentido, la reforma se presenta como parte de la estrategia de desregulación económica impulsada por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión.
El proyecto se suma a otras iniciativas oficiales orientadas a promover inversiones privadas, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado “Súper RIGI”, recientemente enviado al Congreso para fomentar desembolsos millonarios en sectores tecnológicos, energéticos y de infraestructura.
En el oficialismo consideran que la reforma de la Ley de Sociedades puede mejorar la competitividad del país y facilitar la radicación de empresas extranjeras. También sostienen que el nuevo esquema permitiría acelerar la creación de compañías y simplificar la operatoria de pequeñas y medianas empresas mediante procedimientos digitales y menos requisitos administrativos.
Sin embargo, la propuesta ya comenzó a generar cuestionamientos desde sectores políticos y especialistas que advierten sobre una posible reducción excesiva de los mecanismos de control estatal. Algunos críticos señalaron que la flexibilización podría debilitar herramientas de supervisión destinadas a proteger accionistas minoritarios, trabajadores y acreedores. También surgieron reparos respecto de la posibilidad de aplicar legislación extranjera en conflictos societarios y de habilitar empresas automatizadas sin estructuras tradicionales de administración.
El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido parlamentario en un escenario donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita construir acuerdos para avanzar con sus iniciativas económicas. En ese contexto, el debate sobre la reforma societaria se anticipa como uno de los próximos ejes de discusión entre el Gobierno, la oposición y el sector empresario.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo insistieron en que la propuesta apunta a transformar el clima de negocios en la Argentina y acompañar el proceso de apertura económica impulsado por la administración libertaria. “La idea es pasar de un modelo basado en la desconfianza hacia el sector privado a uno sustentado en la libertad contractual y la innovación”, señalaron funcionarios durante la presentación de la iniciativa.