El Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa británica a Malvinas y ordenó iniciar acciones penales
El Gobierno nacional denunció este lunes que la empresa británica THALES UK LIMITED realizó vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas, y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía, en una nueva escalada del conflicto con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.
Según informó la Oficina del Presidente, las operaciones fueron detectadas en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas y se realizaron mediante una aeronave con matrícula británica, sin autorización de las autoridades argentinas. A partir de esa situación, el presidente Javier Milei instruyó a los equipos de Gobierno a avanzar de manera urgente con las actuaciones administrativas, judiciales y diplomáticas correspondientes.
De acuerdo con la información difundida, los vuelos estuvieron vinculados con una delegación de empresarios británicos provenientes de las islas que participó de una ronda de negocios con proveedores de Chile. El objetivo de esas actividades habría sido avanzar en la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur chileno, una iniciativa que el Gobierno argentino considera parte de las acciones que se desarrollan sin autorización nacional.
La denuncia por las operaciones aéreas se conoció en paralelo con una nueva ofensiva diplomática de la administración de Milei contra Londres por la explotación de hidrocarburos en la zona. En ese marco, el Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero denominado "Sea Lion", ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo intimó al Reino Unido a detener en un plazo de dos semanas las actividades vinculadas con ese emprendimiento y advirtió que, si Londres no cumple con el requerimiento, Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que sostiene tener sobre su plataforma continental.
"Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", afirmó Milei en su cuenta de X, al compartir el comunicado oficial.
El Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas constituyen una modificación unilateral de la situación existente mientras permanece abierta la disputa de soberanía. Como fundamento de su posición, la Casa Rosada citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia entre Argentina y el Reino Unido y llaman a las partes a encontrar una solución mediante negociaciones.
En el comunicado, además, la administración libertaria rechazó la respuesta británica a las recientes declaraciones de Milei ante la Asamblea General de la ONU y cuestionó que Londres denomine a las islas como "Territorio Británico de Ultramar". También sostuvo que el referéndum realizado en el archipiélago en 2013 no modifica, desde la posición argentina, la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
El conflicto por los recursos hidrocarburíferos se intensificó durante las últimas semanas. El proyecto Sea Lion es impulsado por un consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, y el Gobierno argentino sostiene que las actividades proyectadas afectan recursos ubicados dentro de la plataforma continental nacional.
En el plano judicial interno, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso recientemente una medida cautelar que ordenó a las empresas involucradas abstenerse de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto, mientras se tramitan cuestiones vinculadas con su impacto ambiental.
La denuncia contra THALES UK LIMITED agrega ahora un nuevo capítulo al conflicto, al incorporar operaciones aéreas que el Gobierno argentino considera realizadas sin las autorizaciones correspondientes. La Casa Rosada anticipó que, además de las actuaciones penales y administrativas, continuará con las gestiones diplomáticas destinadas a cuestionar las actividades británicas en las islas y en los espacios marítimos circundantes.
"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional", sostuvo el comunicado oficial.