Por Pablo Francisco Arancedo
El acceso a la universidad pública gratuita siempre diferenció a la Republica Argentina respecto de otros países.
Nuestro querido país se conformó por distintas corrientes de inmigrantes quienes desembarcaron con la esperanza de un futuro mejor. La vida del inmigrante es durísima en general huye del hambruna o la guerra, huyen de la desesperanza a la esperanza.
Nuestros ancestros bajaron del barco, incluidos los del ex presidente Fernandez.
Los inmigrantes vinieron con la esperanza de encontrar un país mejor para sus descendientes.
Una de las pocas políticas de Estado de la argentina, es posibilitar el acceso gratuito a la educación universitaria, para facilitar la movilidad social ascendente del soberano. Es una cuestión transversal a los partidos políticos. Y está muy bien que lo sea.
UNA VACA SAGRADA
El acceso gratuito a la educación pública universitaria no puede ser un barril sin fondo. Mucho menos esa noble finalidad ser utilizada para financiar aguantaderos de los partidos políticos.
La universidad gratuita es una política de Estado con la finalidad de educar al soberano de formar profesionales egresados. No tiene por finalidad anotar alumnos para calentar bancos durante años. No es racional que el Estado subsidie a las universidades por su nomina de matriculados, sino que tiene que hacerlo en función de los egresados que terminan en tiempo oportuno.
Lo razonable es mantener la gratuidad de los alumnos en tanto aprueben sus materias en forma anual.
La política de gratuidad o subsidios tiene que ser directa a los alumnos quienes cumplan con su responsabilidad de estudiar. Por el contrario los alumnos que no cumplan con los planes anuales educativos perderán la gratuidad y tendrán que pagar. En otras palabras, premiar a los alumnos regulares y no mantener vagos.
También me parece que el acceso gratuito a la universidad tiene que pasar por una criba de exámenes. Tiene que ser política educativa nacional alentar o no el ingreso a distintas facultades según la demanda insatisfecha en nuestro país.
Los gobiernos populistas con el biri biri “ante cada necesidad un derecho” frase antojadiza con distintas leyes votadas por nuestros políticos profesionales aprobaron la creación de distintas universidades públicas en el conurbano y provincias, quienes sin mayores requisitos de admisión tienen una gran nomina de estudiantes para solicitar subsidios millonarios al Estado argentino.
Ello es un verdadero contrasentido, porque sabido es que, la mayoría de los profesores de la universidad pública dan clase por razones altruistas. Es una forma de devolver a la sociedad lo que la universidad les dio y otros para obtener prestigio y reconocimiento. La mayoría de los profesores universitarios no tienen con fin lucrar.
Distinta es la realidad en los rectorados de las universidades, donde sus burócratas junto a los sindicalistas universitarios comparten las cajas financiadas por el estado nacional. Aquí encontramos desde la vuelta de la democracia a la UCR en sus distintas expresiones universitarias y a los sindicalistas de APUBA y demás yerbas quienes perduran en el tiempo.
COTOS DE CAZA
Desde hace años muchas universidades públicas son cotos de caza de sindicalistas y políticos. En el rectorado de la UBA desde 1987 ha tenido injerencia la UCR como por ejemplo con su ex rector Shuberoff y demás parásitos.
El actual gobierno nacional tiene razón en exigir auditorias para obtener la rendición de cuentas del gasto de los subsidios nacionales. Los rectores de las universidades se cuelgan del travesaño y so pretexto de la declamada autonomía universitaria, que no tiene que ver, se niegan a rendir cuentas y no quieren permitir auditorias.
El gobierno nacional se equivoca al no explicar y difundir en los medios y redes sociales cual es el verdadero problema
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Hasta donde conozco, el gobierno nacional no está en contra de la gratuidad de los alumnos regulares. Está en contra del dispendio y del gasto de las cajas de las universidades para financiar a los partidos políticos y sindicatos universitarios.
Es hora que modifiquen la legislación que regula las universidades que se mantenga la gratuidad de los alumnos regulares y que sea onerosa para los alumnos crónicos y extranjeros.
También que se audite la forma del gasto universitario y si se acredita uso indebido de fondos públicos se realicen las denuncias penales que correspondan.
Educar al soberano es una sana costumbre y siempre distinguió a la Republica Argentina.
Para que ello se pueda mantener siendo su financiamiento limitado, es necesario incorporar mecanismos públicos de rendición de cuentas.