Eduardo Bittar propone una agenda federal para el consejo de la Magistratura

CÓRDOBA– Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba y candidato titular de la Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía, planteó la necesidad de que el Consejo de la Magistratura incorpore una agenda federal centrada en los problemas cotidianos de quienes ejercen la profesión y utilizan el sistema de Justicia.

“Hace años que Córdoba no tiene una voz en el Consejo de la Magistratura de la Nación y mucho menos una voz fuerte”, afirmó Bittar al explicar el sentido de su candidatura.

Las elecciones se realizarán el 20 de octubre y definirán a los representantes de la abogacía con matrícula federal para el período 2026-2030. Bittar ocupa el tercer lugar entre los candidatos titulares de la lista encabezada por Alberto Biglieri e integrada también por Claudia Sarmiento y Jazminka Mihaljevic.

Uno de los ejes de la candidatura es trasladar al ámbito nacional una forma de gestión desarrollada en el Colegio de Abogados de Córdoba: identificar problemas concretos del ejercicio profesional, construir consensos institucionales y transformarlos en una agenda de trabajo. Durante la gestión encabezada por Bittar, el Colegio impulsó la reforma del Código Arancelario provincial, amplió su política de capacitación profesional, incorporó una agenda de modernización e inteligencia artificial y promovió espacios de diálogo institucional frente a los conflictos que afectaron el funcionamiento de la Justicia.

“Tenemos que garantizar que se respete la igualdad de acceso a los cargos de la Magistratura”, sostuvo Bittar. Uno de los principales ejes de su propuesta es modificar el Reglamento de Concursos para que la experiencia del abogado independiente sea valorada en igualdad de condiciones con la carrera desarrollada dentro del Poder Judicial.

Según los datos citados por el candidato, de 168 pliegos aprobados en el último período, solamente seis correspondieron a profesionales provenientes del ejercicio independiente. Para revertir esa situación, la Lista 3 propone procedimientos objetivos y previsibles, respeto sustancial del orden de mérito, publicidad de todas las etapas y una reducción de los márgenes de discrecionalidad.

La agenda también incluye la realización de concursos para el ingreso del personal a los Tribunales Federales. Bittar señaló que Córdoba cuenta desde hace tres décadas con ese mecanismo en la Justicia provincial y planteó que su aplicación en el ámbito federal permitiría ampliar las oportunidades de acceso, establecer criterios objetivos y reducir los márgenes de discrecionalidad en el ingreso.

DEFENSA DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Para Bittar, la representación de la abogacía en el Consejo no debe limitarse a la selección de magistrados, sino incorporar también los problemas que afectan cotidianamente a quienes ejercen la profesión.

Entre ellos, menciona el respeto de los honorarios profesionales, otro de los compromisos centrales asumidos por la lista 3.  La propuesta plantea promover el respeto efectivo de la Ley 27.423, poner en agenda las demoras en las regulaciones y defender el carácter alimentario de los honorarios profesionales.

Bittar también propone simplificar el acceso a la matrícula federal. La iniciativa busca reducir trámites duplicados para los profesionales del interior y avanzar hacia una mayor articulación entre las matrículas provincial y federal.

“No puede haber diferenciación. Ni con la matrícula ni con la regulación de honorarios”, remarcó.

VACANTES, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

La situación de la Justicia Federal ocupa otro lugar prioritario. La agenda identifica juzgados vacantes, concursos demorados, falta de personal, limitaciones edilicias, problemas de conectividad y atraso tecnológico que repercuten directamente en los expedientes.

La Lista 3 propone acelerar los procesos de selección, mejorar el equipamiento y los sistemas de gestión e incorporar herramientas de automatización e inteligencia artificial bajo criterios de transparencia y supervisión humana.

La modernización, sostiene la propuesta, debe reducir los tiempos de respuesta y facilitar el seguimiento de los trámites, sin reemplazar la atención que deben prestar magistrados y funcionarios ni generar nuevas barreras de acceso.

SIETE COMPROMISOS PÚBLICOS

Unidad en Defensa de la Abogacía es la única lista que formalizó siete compromisos para su actuación en el Consejo:

1. Selección de magistrados basada en mérito, idoneidad e igualdad.
2. Independencia judicial acompañada por responsabilidad institucional.
3. Defensa del ejercicio profesional y mejora del servicio de Justicia.
4. Publicidad de las posiciones y rendición periódica de cuentas.
5. Evaluación objetiva del desempeño judicial mediante estadísticas e indicadores.
6. Modernización responsable de la gestión judicial.
7. Formación judicial de excelencia, federal, abierta y plural.

La propuesta incluye además la promoción de un Código de Ética Judicial, procedimientos disciplinarios eficaces y con plazos razonables, y la publicación de los votos y posiciones de los representantes de la abogacía en las decisiones institucionalmente relevantes.

Bittar considera que la representación profesional debe mantener un contacto permanente con los colegios y asociaciones del país para que las distintas realidades territoriales puedan llegar al Consejo.

“No queremos solamente ocupar una silla. Queremos que Córdoba vuelva a tener voz y que los problemas reales de la abogacía formen parte de las decisiones del Consejo”, sintetizó Bittar.