Desde hace años, los medios y las escuelas, vienen martillando con el “problema del embarazo adolescente”. En 2017, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA o PENIA) se estableció como política pública interministerial de alcance federal. Este plan, fundamentado como es de imaginar, en la obsesión kirchnerista del enfoque de género, diversidad y pretendidos derechos, comenzó a ser cuestionado por el actual gobierno: no solo por no hallar pruebas de su efectividad, sino porque se pueden ver los daños ocasionados.
Actualmente es impulsado por sectores progresistas para convertirlo en ley. En 2024 se presentaron varios proyectos de ley que obtuvieron dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Antes de llegar al recinto tendrían que ser girados a las comisiones de Mujer y diversidad, Niñez y Presupuesto.
CHAU GRAHAM
Hay quejas de que el plan no se está implementando. En febrero de este año la Defensora de Niños, Marisa Graham, presentó una demanda judicial solicitando al Ministerio de Salud de la Nación la pronta implementación del Plan ENIA, reclamó que se dote de personal desde el Ministerio de Salud, que se garanticen los insumos, que se ordenen las capacitaciones y que se restituyan los espacios de consejerías. Graham, la misma que al inicio de su gestión dijo que defendería solo a los niños deseados, la que se fotografiaba en 2018 con pañuelo verde, la que se quiso autoprorrogar el nombramiento a su cargo ya vencido. Finalmente, en la reunión bicameral que acaba de realizarse, se rechazó por votación de la mayoría el pedido de prórroga.
El próximo 16 de junio se procederá a iniciar el proceso de selección del nuevo titular de la Defensoría de la Niñez, conforme al reglamento vigente. Esperemos que el funcionario que se designe defienda a todos los niños, los nacidos y por nacer.
RAZONES CONTRA EL ENIA
Pese a la adhesión de algunos a un plan ideologizado y sin logros evidentes, existen muchas razones de peso para que no se continue, ni sea ley. Y no es solo una cuestión económica o política: hay en juego motivos educativos, jurídicos y de salud de los adolescentes.
LA FAMILIA Y LA ESCUELA
El derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores y convicciones es vulnerado.
Es deseable que la escuela tenga un lugar subsidiario de la familia, no que la suplante y menos que la desestime. Al amparo de este plan se introdujeron en las escuelas secundarias consejeros en cuestiones de sensibles e íntimas relacionadas con la sexualidad de los alumnos: anticoncepción, aborto, esterilización y cambio de sexo, estableciendo un puente entre la escuela y los centros de salud cercanos, esquivando a los padres y directivos de la comunidad escolar.
Sin verificación de la idoneidad de los consejeros, ni registros sobre qué información se les da, ni con qué criterios se los deriva a los centros de salud, los adolescentes pueden quedar aislados de sus afectos protectores más cercanos, en momentos en los que más vulnerables se encuentran.
LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES
Poco se habla de los efectos secundarios e indeseables de los anticonceptivos hormonales. El Plan de marras se despliega con toda una variedad de posibilidades de anticoncepción transitoria y permanente para los adolescentes que probablemente vean dañada su salud física a mediano o largo plazo, sobre todo aquellos que comienzan su uso a edades muy tempranas.
La consejería escolar en temas de sexualidad incentiva directa o indirectamente la iniciación sexual precoz, ni qué decir de la proliferación de enfermedades de transmisión sexual que se vieron altamente incrementadas.
Sus defensores se vanaglorian de haber reducido el número de embarazos de adolescentes pero no hay constancia de que se trate de menos embarazos o de menos bebés nacidos y más madres adolescentes de un hijo muerto.
CONTRA SU LEGALIZACIÓN
Los proyectos contradicen la Convención de los Derechos del niño (interés superior del niño, derecho intrínseco a la vida, derechos y deberes de los padres), la Convención Americana de Derechos Humanos (derecho a la vida y a la protección de los menores); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los artículos 2, 5, 14, 19 y 121 de nuestra Constitución Nacional.
También entra en colisión con las constituciones provinciales que reconocen el derecho a la vida desde la concepción, como por ejemplo, la de la provincia de Entre Ríos y otras normas vigentes: la Ley de protección integral de los niños niñas y adolescentes, la ley de los Derechos del paciente y del Código Civil y Comercial y del Código Penal.
Es una invasión del gobierno federal en las jurisdicciones provinciales y municipales.
ASPECTOS ECONÓMICOS
Si bien no son los más graves efectos, no es posible dejar de considerar que el plan genera un aumento de costos en salud pública derivados: depresión, infertilidad, aumento de suicidio adolescente (segunda causa de muerte adolescente en Argentina), infecciones de transmisión sexual, efectos de malformación fetal por uso de misoprostol. Además de gastos excesivos en personal de consejerías en las escuelas secundarias sin justificación alguna.
Y una muestra contundente: Uno de los objetivos del plan es facilitar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo. El excesivo gasto en insumos para aborto, deja en evidencia que la prevención del embarazo adolescente no se logró.
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