Dictamen a favor del proyecto que vedaría el uso de los DNU a Milei

A poco más de una semana del triunfo del gobierno en las elecciones de renovación legislativa, la mayoría opositora del Senado firmó un dictamen para insistir con el proyecto de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que en la práctica vedaría su uso por parte del presidente Javier Milei.

Lo hizo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, en otras épocas aliada de la Casa Rosada. Pero Vigo es también esposa del ex gobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas) que en los comicios del 26 de octubre fue derrotado ampliamente por La Libertad Avanza.

El quorum para el funcionamiento de la comisión fue aportado por el kirchnerismo, los radicales Eduardo Vischi y Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri y la chubutense Edith Terenzi (Juntos por el Cambio). Todos antiguos “dialoguistas”.

El kirchnerismo firmó en disidencia tras aclarar por boca de la senadora Florencia López que compartía el sentido de la ley, pero que creía conveniente antes de llevarla al recinto conseguir un acuerdo político amplio para reunir una mayoría de dos tercios capaz de rechazar el previsible veto del poder Ejecutivo. Su planteo desorientó a los representantes de Provincias Unidas, en especial a Vigo a la que se la vio algo confundida.

El proyecto en discusión había sido aprobado en una de las múltiples sesiones de este año en las que la oposición había apabullado a la ínfima representación libertaria del Senado con leyes contrarias a la Casa Rosada. En el caso de los DNU, la norma dispone que esos decretos pierdan validez, si en 90 días no son ratificados por ambas cámaras (art. 3).

Pero en Diputados la cláusula que imponía el plazo perentorio de ratificación cayó porque no alcanzó los 129 votos necesarios. Si bien no se trató de una modificación del texto del Senado sino más bien de su rechazo, Vigo lo entendió como un cambio y pidió que la Cámara alta insistiera con una mayoría de dos tercios para darle sanción definitiva.

En respaldo a esta posición el radical correntino Eduardo Vischi comprometió el apoyo de su sector y fue aún más allá. Consideró que la ley que se apruebe no puede ser vetada por el Ejecutivo, porque, según alegó, con ella el Congreso estaría “reglamentando sus propias facultades”. Admitió de todas maneras que la cuestión será litigiosa y terminará en manos de la Corte Suprema.

Menos convencida de avanzar sin un pacto político general contra el gobierno fue López que pidió negociar hasta con los jefes de la oposición en Diputados. De lo contrario, argumentó, la situación “nos puede llevar a conseguir algo que dure poco”. Ningún otro kirchnerista habló y faltaron a la reunión los principales voceros de Cristina Kirchner. Lo que dio lugar a todo tipo de conjeturas.

Básicamente lo que intentaron Vigo y Provincias Unidas a menos de una semana del encuentro de Milei con los gobernadores fue iniciar una carrera contra reloj. La oposición debe aprobar todas sus iniciativas contrarias al Ejecutivo antes de la renovación parlamentaria que cambiará la relación de fuerzas. A partir del 10 de diciembre el oficialismo podrá defender sus vetos con votos propios y la hegemonía opositora finalizará.