Destraba el Senado un proyecto antilavado exigido por el GAFI

Un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores dictaminó de manera favorable el proyecto de ley que adecua la legislación vigente en materia de represión de los delitos de lavado de activos proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y el terrorismo a los estándares internacionales exigidos por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

La sanción de la iniciativa, que cuenta desde 2023 con la aprobación  de la Cámara de Diputados y estaba desde entonces en un cajón de la Cámara alta, es una de las condiciones que pone el GAFI para no incluir a la Argentina en la denominada “lista gris”. En esa nómina figuran los países que tienen una normativa que dificulta la detección del tráfico financiero de fondos ilegalmente adquiridos.

El dictamen fue firmado por legisladores de la Libertad Avanza, la UCR y el PRO, pero no por el peronismo que había planteado introducir cambios a la sanción de Diputados. Cabe señalar que el kirchnerismo se encuentra en minoría en las dos comisiones -Justicia y Presupuesto y Hacienda- que analizaron la ley. El justicialista Oscar Parrilli, que pidió el año pasado que el proyecto siguiera en comisión, explicó que su sector “todavía” no había tomado una decisión definitiva sobre la cuestión.

Durante el breve debate el presidente de Justicia, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja) pidió el rápido tratamiento del proyecto, ya que el 3 de marzo una delegación del GAFI visitará la Argentina para emitir un dictamen sobre el estado de la legislación antilavado y si la norma no estuviese aprobada para entonces pedirá sanciones. 

La iniciativa podría llegar al recinto el próximo 23 para recibir sanción definitiva por lo que las sesiones extraordinarias, que vencen el 15, deberían ser extendidas al menos hasta esa fecha.

Según trascendió el ministro Mariano Cúneo Libarona llamó a los despachos de varios senadores para agilizar el trámite de la ley. Uno de los artículos que son objetados desde el propio oficialismo es el que dispone que la Unidad de  Información Financiera (UIF) pase a depender del Ministerio de Justicia al de Economía, pero como si se introduce esa reforma el proyecto debe volver a Diputados y los plazos exigidos por el GAFI se incumplirían, hay un principio de entendimiento para que el Ejecutivo vete la cláusula. De esa manera la UIF se mantendría en la órbita de Justicia que es lo que determina la legislación actual.