Desatando el paquete

Como se ha dicho en este espacio, el DNU es más un enunciado de principios que un cambio copernicano, como diría El Carlo. Sirvió sin embargo para que cada uno se viera obligado a ponerse la camiseta de su equipo y salir al ruedo. Los opositores, o sea el peronismo, el radicalismo en todos sus disfraces y rótulos y la izquierdaunidajamásserávencida salieron a acusar de dictador y ladrón de derechos al presidente. Para ellos es mucho peor que Maduro, parece. 

Los puristas que quieren predicar sus principios mientras el barco naufraga y los marineros se agarran a trompadas con los pasajeros acusaron al presidente de querer hacerse del poder absoluto tipo Rosas, y obviamente repudiaron el decreto, como si Milei fuera el inventor de ese mecanismo legislativo. (Que a la columna tampoco le gusta, pero no sólo cuando lo usa Milei) Hablan de no sentar un precedente, algo ligeramente sesgado si se tiene en cuenta que éste viene a ser más o menos el DNU número 851 en la historia nacional.

Los constitucionalistas habituales salieron a vaticinar inconstitucionalidades con una serie de argumentos al menos discutibles, para no caer en la grosería, que son los mismos que usará Raúl Zaffaroni -el gran jurista según los medios – que ahora patrocina un juicio de invalidez contra el decreto motorizado por el gobernador de esa gran democracia que es la riojana. 

Los sindicatos de todo tipo, tras los ensayos de la semana pasada, tienen ya un calendario de paros que a todas luces es político puro, tal como ha sido siempre el estilo del peronismo, del cual es una de las tres ramas. (La otra debe ser la legislativa y la tercera la violencia callejera) 

La estadista Losada y el polirubro Lousteau parieron la idea de presentar un proyecto de “ley espejo” del DNU, con el que sostienen que salvarán la división de poderes al dar forma de discusión parlamentaria de una ley a un decreto que no les gusta porque no les conviene. Sólo un desprevenido puede no advertir que, al mejor estilo radical, se trata de una excusa para no votar el DNU, y luego diluir la discusión de su ley espejito hasta la nada. 

Hay sólo una cosa que no admite discusión: que el país y su sociedad están en un estado dramático de necesidad y urgencia, cualesquiera fueren los instrumentos que se intentase utilizar.

Un mérito indiscutible

El DNU tiene un mérito indiscutible: se atreve a derogar una ley de alquileres que ni los partidos, ni los puristas, ni los constitucionalistas, ni los sindicalistas se han atrevido a, o no han querido eliminar, que ha sumido en la angustia injustamente a todos los inquilinos argentinos. 

En ese estado de cosas el gobierno ha presentado al Congreso, tal como querían los constitucionalistas y los puristas, un proyecto de ley mucho más profundo, abarcativo y contundente que cualquier ley o decreto de los últimos 100 años de Argentina. Al igual que el DNU, un fortísimo mensaje a la población de las políticas que propone el gobierno, en línea con sus propuestas de campaña y como única alternativa de salvataje a la ruina acuñada por la política que se siguió durante casi un siglo. 

Por supuesto que, en vez de analizar el contenido del proyecto, tarea ardua que obliga a leer, a saber y a tener algo de calle, la oposición multipartidaria, los constitucionalistas, los puristas, los sindicalistas y Lousteau, sólo han concentrado su ataque otra vez sobre la alegada postura monárquica de Milei, que pide (no se los arroga) más o menos los mismos poderes de que gozó el kirchnerismo durante todos sus gobiernos, con o sin razón. 

No hay duda que la Constitución fustiga con dureza esa delegación de poderes, y es probable que no debió incluirse tan amplia delegación, sobre todo porque será rechazada por el Legislativo, algo que algún inepto en el Gobierno no midió adecuadamente. Pero una buena parte del resto del articulado está en línea con algunos conceptos centrales que resultan imprescindibles.

El primero es la necesidad de crecer urgentemente, única forma no inflacionaria ni deficitaria de tener más inversión y empleo privado y salir de esta infección de estatismo que ahoga al país. Esa es acaso la mayor urgencia. Por eso el proyecto libera ampliamente la actividad privada de regulaciones, trabas, coimas, huelgas, ataques al derecho de propiedad, cargas impositivas insostenibles, permisos y acomodos, arbitrariedad estatal y prebendas. Eso es una constante en todas las áreas productivas clave que toca la ley, con una minuciosidad de diagnóstico apabullante. 

Esa idea es coherente con la contención y baja de la inflación, fundamental para la inversión y el crecimiento, y también para ganar el reconocimiento y agradecimiento de toda la sociedad. 

En ese intento se desregula y se saca el yugo estatal del testuz de los emprendedores, pymes, empresarios, cuentapropistas y otros héroes que han venido remando en dulce de leche durante tantos años. También se unifican y trasparentan los sistemas de adjudicaciones y licitaciones que de todos modos requieren mucha tarea de reglamentación seria aún, no para poner más requisitos, sino para obligar a más transparencia. 

Ese objetivo principal obliga a liberar el comercio internacional, tanto de exportaciones como importaciones, sobre el que la ley también incursiona, aunque deja abierta la puerta de una larga tarea de libertad que todavía no está ni cerca. Pero también la ley se mete con el tópico.

Los puristas estarán de acuerdo, es de esperar, con las modificaciones a la Ley de Sociedades y los requisitos para ser presidente de la IGJ, cargo que durante el kirchnerato puso en manos de un Marat de las empresas, a quienes acosó más allá de la ley, lo que no mereció críticas. 

También la ley limita los saqueos impositivos de falsas aduanas de las provincias, lo que también fue una habitual práctica inconstitucional de las satrapías provinciales, que da la impresión que hasta hoy no constituían actos en contra de la Carta Magna, en la visión de los juristas que ahora cuestionan un proyecto de Ley. 

Otros pasos loables

Es también loable los pasos que se dan tendientes a la privatización y transparencia de las empresas del Estado y también de sus concesiones y concesionarios. La columna lamenta que no se haya incluido en ese listado de transparencias y eliminación de entes y contralores la actividad de Aeropuertos 2000 y su auditor estatal-socio formal-socio informal que es el ORSNA, un ente con más empleados que la empresa que debe controlar, culpables de muchas de las dificultades que se le inventan a las low cost.

 También es de suponer que los puristas liberales apoyarán el concepto de boleta única, la eliminación de las PASO, la elección de diputados por circunscripción uninominal, y el resto de reformas a la ley electoral, un mecanismo de continuismo y manoseo electoral despreciable. Y aquí un punto que muestra el desvío partidista de algunos enfoques: rápidamente los partidos salieron a decir que la ley crea un sistema de circunscripciones arbitrario que puede ser manoseado por este y futuros gobiernos. Si se lee el articulado, nada de eso es cierto. Pero conviene decirlo, sobre todo por aquellos que inventaron La Matanza seleccionando cuidadosamente su pobreza clientelar para hacer un bastión K. 

Todo lo que hace a los aspectos productivos, contrataciones del Estado, prebendas, proteccionismos y otros obstáculos están tratados con mucha profundidad y conocimiento, y en línea con una gran cantidad de reclamos de los sectores que finalmente mantienen a esta sociedad. Por supuesto que aun debe escarbarse y profundizarse.  

Y es acertado el tratamiento de la educación universitaria, que mantiene la gratuidad para ciudadanos y residentes permanentes, pero permite terminar con la estupidez de subsidiar extranjeros, un delirio o una coima que dilapida recursos. (Y ni siquiera se animó a eliminar el ingreso irrestricto)                   

Jubilaciones miserables                                                                                                                                              

No ocurre lo mismo con las jubilaciones, donde como continuidad al reciente bono que favorece mayoritariamente a los jubilados sin aportes en detrimento de los ilusos que pagaron durante toda su vida laboral, se declara específicamente que se deroga el régimen de actualización, ya miserable, y se lo reemplaza por un sistema graciable decisional del gobierno, al mejor estilo Alberto Fernández, y para colmo se deja claro que se seguirá dando prioridad a las remuneraciones más bajas, incumpliendo con alevosía el contrato obligatorio que han debido aceptar quienes pagan sus contribuciones, default previsional que se disfraza bajo el mote de “sistema de reparto”. En esas condiciones, los aportes laborales son un impuesto más caro que el de las Ganancias, que paga el trabajador a todo nivel, sin otra contraprestación que más saqueo. El tratamiento de este tema es ilegal, injusto y no está en línea con el pensamiento liberal ni libertario, ni con lo que piensa Milei ni con lo que piensa cualquier persona honesta. Este sistema, por provisorio que fuera, debe ser repensado.

Algo parecido ocurre con una serie de prestaciones imposibles de justificar que están bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Aquí se hacen apenas modestas modificaciones formales a regímenes de subsidio disfrazados de promoción, con total ignorancia de muchos robos y estafas que se cometen a diario. Desde el INCAA hasta el Instituto de protección a la música, que se crea, en un desprecio total a ese gran liberal que fue Gardel, sin saberlo, claro. 

También se han creado otros entes ridículos en ese ministerio, subsidiando cuanta reivindicación suelta existe, en un acto que habrá que dudar si se debe a una convicción, a un afán demagógico de complacer resentidos, o al simple temor. Este ministerio amenaza convertirse en el equivalente al Ministerio de Salud y Seguridad Social de Carolina Stanley, que culminó con el reinado de los piqueteros. 

Tanto el régimen de ajuste y maltrato a los jubilados como los permisos demagógicos que se le otorgan al Ministerio de Capital humano son tan malos e ineficientes, que seguramente serán de los pocos cambios que resulten aprobados. 

El límite al poder callejero de los piqueteros rentados parece estar bien resuelto en el proyecto, no así en el régimen laboral, que no muestra la tan declamada flexibilización en el rubro. Pese a las huelgas ya programadas. 

El capítulo del blanqueo es un punto al que el gobierno le da mucha importancia para conseguir una mágica aparición de dólares del colchón, de ahí los 100,000 dólares de límite, y de cualquier lado, de ahí que se aplique con una modesta tasa a cuanta cosa haya para blanquear  y. En ese sentido, parecen ser interesantes los cambios practicados en el Impuesto a los Bienes personales, su reducción gradual garantizada y la posibilidad de asegurarse de que no habrá aumentos a traición en ese rubro, una crítica que se le hacía de antemano al blanqueo. 

Para hacer un grosero resumen, parecen estar mejor tratados los temas de eliminación de trabas de todo tipo a la actividad productiva que la reducción del gasto. No se advierten ideas creativas en este plano, salvo las limitaciones que obligan a la presencialidad y la posibilidad de subsidiar las cargas sociales de nuevos contratados, que se deja librada a futuras reglamentaciones. 

Simplemente ignorantes

Este breve análisis se hace para beneficio del lector, que tal vez no esté entusiasmado en recorrer los 663 artículos de la ley ómnibus, con perdón del ajuste del boleto. Aunque la preocupación central es si, aun de buena fe, este proyecto podrá ser considerado durante 2024, con una masa de legisladores poco familiarizados con estos asuntos en detalle, o simplemente ignorantes. 

Si a eso se agregan los intereses espurios de tantos empresarios y prebendarios afectados por la eliminación o limitación de un sistema que desde 1946 les ha resultado tan rentable, los intereses de los sindicatos, los intereses de los políticos, o sea la casta, y si se quiere ser romántico las ideologías, se abren algunas fuertes dudas sobre la suerte del proyecto. Con cualquier excusa se enfrentará a una gran resistencia, a modificaciones burdas, a inconsistencias, a desvirtuaciones, directamente al rechazo.

El proyecto de ley, en su parte central, es un mensaje y se ajusta al discurso libertario liberal de Milei. Pero eso mismo le abre un frente incansable y pérfido de oposición. Si el Gobierno tuviera algún funcionario relevante con experiencia política, tal vez tendría pergeñado o debería pergeñar un plan B.