Por Beltran María Fos y Rodolfo Carlos Barra
A nadie escapa la existencia hoy en la Argentina de una seria crisis de representatividad política. Nadie se asombra ya de que la abstención sea protagonista en los actos eleccionarios, rondando desde el retorno de la democracia entre los 20 y los 30 puntos porcentuales. Si a ello le sumamos el voto en blanco (que según un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, de Rosendo Fraga, promedió el 3,9% en las 16 elecciones presidenciales realizadas desde que rige el voto obligatorio), tenemos que la mayoría de los votantes argentinos no se encuentran representados por ningún espacio político.
Al parecer no existe una sola grieta, sino que habría más de una fractura. El análisis de sus causas excede el propósito de este artículo. Sin embargo, hay una cuestión que siendo vital (y tal vez, la más vital de todas las que hacen a la vida y pervivencia de una Nación, de un Pueblo jurídicamente organizado) no ha sido tratada en general por ninguno de los partidos políticos con la seriedad que merece para asegurar que las eventuales decisiones de gobierno en esa materia estuvieran respaldadas popularmente. La cuestión del aborto.
Ninguno de los entonces partidos políticos mayoritarios que (transversalmente) concurrieron con los votos de sus legisladores para el dictado de la ley eufemísticamente llamada de “interrupción legal del embarazo” propusieron su tratamiento en su campaña política. Mucho menos lo declaraban como un objetivo en sus plataformas. Sin perjuicio de ello, se arrogaron la potestad de dictar esa ley de espaldas a la voluntad popular y cediendo a las para nada disimuladas presiones de lobbys y organismos internacionales.
En la actual campaña presidencial un solo candidato propone reabrir el debate, por la vía de la directa decisión del pueblo, cuyo mecanismo constitucional admite diversas modalidades y ello parece producir escozor en cierto espectro del arco político.
DEMOCRACIA CONSULTIVA
La reforma constitucional de 1994 incorporó estos mecanismos de democracia consultiva (activa o pasiva, como veremos) modernizando nuestras instituciones con respecto a las viejas concepciones propias del siglo XIX.
Así, a la par que resaltar el papel mediador de los partidos políticos (art. 38, CN) –cabe advertir que la decadencia de estos no es culpa de la norma constitucional sino de la indignidad de muchos de sus dirigentes- en los arts 39 y 40 diseñó diversos procedimientos de democracia consultiva, que podemos calificar de activa, si la consulta parte del Pueblo, o pasiva, si parte de los poderes representativos
ACTIVA (art. 39): “iniciativa popular” que parte del pueblo y en la cual, en las condiciones reglamentarias, aquél aprobará un proyecto de ley al que el Congreso deberá dar expreso tratamiento dentro del término de 12 meses desde la presentación del proyecto votado. La iniciativa no puede versar (por expresa prohibición constitucional) sobre las materias de reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y penal.
PASIVA (art. 40): el Pueblo es consultado según dos procedimientos:
-b.1) VINCULANTE: la iniciativa parte de la Cámara de Diputados, que somete a aprobación popular un determinado proyecto de ley (se excluyes aquellas materias para las que la Constitución exija Cámara de origen (p. ej., materia tributaria) o mayoría parlamentaria especial (p.ej reforma constitucional). El voto afirmativo por el Pueblo automáticamente convierte el proyecto y lo promulga como ley. En este procedimiento de consulta, como en el anterior (“ACTIVA”) la votación será obligatoria como en las elecciones para cargos representativos políticos.
-b.2) NO VINCULANTE: Tanto el Congreso como el Presidente de la Nación pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre cualquier materia, con excepción de las mismas establecidas para la consulta vinculante. El voto no será obligatorio. La ley reglamentaria de la norma constitucional (ley 25.432) dispone que si la consulta obtiene, a su favor, el voto afirmativo de los votos válidos emitidos, quedará automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados correspondiente a la sesión inmediata a la proclamación del resultado de la consulta.
Regresando al tema del aborto, desde un punto de vista jurídico constitucional no hay ninguna razón para excluir el mecanismo de la consulta PASIVA NO VINCULANTE para debatir, sea un proyecto de ley que pretendiese derogar la ley 27.610 y restablecer la vigencia de los antiguos arts. 85 a 88 del Código Penal o cualquier otra que fuese la decisión específica a tomar, en vista de que según el art. 9 de la Ley 25.432 reglamentaria de la consulta popular, podrán someterse a este mecanismo no sólo proyectos de ley sino también “decisiones políticas”.
PROGRESISMO JURIDICO
Resulta chocante que los corifeos del progresismo jurídico alcen sus voces contra este llamado. Por un lado salen presurosos a suscribir las recomendaciones (no vinculantes) de organismos internacionales sin ninguna representación democrática ni electoral, meros burócratas muchas veces sospechados de estar influidos por corporaciones internacionales como IPPF (la Federación Internacional de Paternidad Planificada) mientras por el otro, se niegan con hábiles pero estériles elucubraciones jurídicas a escuchar la voz del Pueblo.
No es de extrañar. Son los mismos que inflaban las estadísticas de aborto clandestino en la Argentina, aduciendo la existencia de quinientos mil abortos por año, cuando, la realidad, que no deja de ser triste y constituir un verdadero exterminio demográfico, es que al año 2022 y luego de casi dos años de vigencia del aborto “legal”, la cifra, en todo el país (según informes del propio Ministerio de Salud de la Nación), no alcanza los noventa mil (promedio de los años 2021 y 2022). Es decir, en dos años le hemos quitado la vida a aproximadamente 180.000 niños (así califica al por nacer la Constitución y el Código Civil), sin causa, entendiendo que los casos de verdadera violación o peligro para la vida de la madre son minoritarios. Una mentira ya ha quedado al descubierto, ¿será que temen que quede al descubierto la inexistencia de apoyo popular a la malhadada ley?