Debe trabajar el hombre…

De los mal medidos 45 millones de habitantes de Argentina, es posible, entre empleados públicos, privados, cuentapropistas, monotributistas, independientes, en blanco, en negro o en gris, que se llegue a 20 millones de trabajadores (en un cálculo generoso con estadísticas de la burocracia). Más 7 millones de jubilados, 4 millones simplemente subsidios. Las mediciones las maneja el Diablo. Las estadísticas dicen que el total de planeros asciende también a 7 millones. El total de empleados públicos, incluido en esos números, en las provincias es alrededor de 2.8 millones y en Capital de 0.7 millones. Sin contar los contratistas y tercerizaciones, la gran estafa nacional, incluidos en los cuentapropistas. 

En todas esas cifras no se discrimina entre ciudadanos argentinos, inmigrantes legales e ilegales.  Esas mediciones no se pueden o no se quiere hacer. 

Aún antes del efecto de la Inteligencia Artificial, la tendencia del empleo es de parálisis o declinante, sin analizar la calidad de los salarios y su relación con el costo de vida, o sea los índices de pobreza e indigencia, de todos modos mezquinos en sus estándares. Esa tendencia se acentuará en los próximos cinco años de modo dramático, de nuevo, sin considerar aún la influencia de la IA.  Los intentos de reactivarlo con inflación han sido catastróficos, como se sabe. Las razones son diversas y controvertidas. 

La primera es que los países no centrales, con PBI basado en la producción agropecuaria o primaria, sufren con el crecimiento poblacional, porque su volumen/tipo de actividad no le permite ofrecer oportunidades laborales ni de crecimiento de ingresos ni de cantidad, se entiende que en guarismos significativos. El incremento marginal del empleo es muy bajo.  Medir la población con relación al territorio no es racional. 

A eso se debe agregar que la carga impositiva, en especial la que no es proporcional a los beneficios, como en el caso de los impuestos, tasas y gabelas provinciales o municipales, resta posibilidades de crecimiento y hasta de supervivencia tanto en el mercado interno como en el externo. 

El país que no crece

Con el mismo grado de importancia, el sistema laboral en su totalidad, incluyendo la Justicia, hace que no exista la posibilidad de que los salarios y costos relativos se sometan a las mismas exigencias y avatares de competitividad que cualquier otro bien, con lo que el país tiene acotado su crecimiento en todos los frentes: su tipo de producción, su competitividad tanto impositiva como laboral, y una gran cantidad de participantes. (Por eso la absurda cantidad de empleados públicos del interior del país, que son en su mayoría un gasto estatal, no un factor de productividad. 

Si bien el sindicalismo defiende los intereses del trabajador, al mismo tiempo está condenado a rechazar cualquier reducción de ingresos en pos de la competencia, lo que también es una desventaja, cuando se compite con países que vienen de una situación más precaria. (Como ocurrió con Japón, Corea, los países asiáticos incluido China, que empezaron desde la pobreza y en muchos casos están pagando por igual trabajo sueldos internacionales merced a su desarrollo tecnológico). Basta comparar un auto chino con uno argentino para entenderlo. Argentina no puede competir en precio ni en tecnología con sus autos que produce desde mucho antes que China se lanzase al mercado mundial. 

El introito tiene por objeto defender la prédica de Milei sobre la importancia de tener una ley laboral moderna, flexible y competitiva, entre otros requisitos. Sería demasiado optimista pensar que ese objetivo se ha cumplido con la presente pieza de legislación que está a un paso de sancionarse. Si bien las votaciones en el Congreso fueron celebradas como el “gol del triunfo” por el gobierno, los cambios que se han logrado son bastante moderados, aun aceptando que se trata de “pasos” que se deberán ir dando según lo que se pueda. 

De modo que tampoco son justificados los paros y denuestos del sector sindical, que además ha visto salvaguardada su caja vía las amenazas seguidas por negociación a través de los gobernadores y legisladores, que preservó la extracción prepotente del bolsillo del trabajador de una cuota sindical impuesta, lo que sí debería considerarse un robo al proletariado. Como las Obras Sociales, privilegios que se tratan de disimular con marchas, huelgas y declaraciones sin sustento de gremialistas y diputados verseros (sic). 

Eternización obesa

Tampoco se han tocado el sistema de eternización obesa de los jefes gremiales, con mandato de por vida dignos de la época de los faraones. En este punto, la nueva norma es insulsa, sin demasiados efectos. Como es sabido, la industria prebendaria nacional es socia o cómplice de esta eternización gremialista, que le permite mantener el statu quo de su proteccionismo secular, otro factor del atraso de la producción local en tecnología, inversión y competencia. 

La regulación de honorarios e intereses en los juicios y algunos topes a las costas de juicios son positivas, aunque tampoco se ha ido a fondo en el ataque contra la corrupción y el negocio de la justicia laboral, salvo la intención esbozada de cambiar la jurisdicción de los litigios, que seguramente será motivo de largas discusiones, arreglos, frustraciones y soluciones a medio camino que serán publicitadas como “un primer paso”. No es una novedad que el foro laboral debe ser atacado con una topadora, no ya una motosierra, antes de que sus arbitrariedades hagan desaparecer a todas las Pyme del país. Acaso todo el sistema de justicia requiere igual tratamiento. Provincias incluidas. Hay tecnología de contralor de la eficiencia del sistema judicial que debería aplicarse, si alguna vez se quiere ser serio en un punto vital para la confianza dentro y fuera del país. El sistema de designación de jueces también es corrupto, porque son corruptos o fanáticos los electores.

La Justicia debería ser el pilar del futuro nacional, principio elemental del liberalismo y de libertad que tanto se esgrimen. El actual sistema no le sirve al país, y se debería poner todos los esfuerzos prioritariamente en encarar allí una reforma revolucionaria, que incluya la honestidad como herramienta de fondo. Y no sólo aplica al fuero laboral 

Es conocido que el mayor problema de las Pymes, destrozadas por la conjunción de factores gremiales y judiciales -además de impositivos y cambiarios- son los litigios. laborales, que no sólo tornan incierto el resultado y los costos, sino que son garantía de desaparición. La duración de 4 o 5 años de cada juicio no se debe a la complejidad de los casos. Es un accionar deliberado para justificar que se apliquen ajustes, intereses, multas, cálculos desproporcionados y anatocismo, que no están en la ley o que se “interpretaron” generosamente por los jueces y peritos. 

La corrupción es una bandera

Cualquiera que haya debido gerenciar una empresa con tres empleados sabe que el sistema de “in dubio pro operario” es una excusa para que ningún demandante pierda un juicio, ni se vaya con al menos la mitad de lo que reclama. Por eso los fallos se inflan, con prescindencia de quién tenga la razón. No sólo hay que regular los honorarios de los abogados y peritos. Se debería regular los “honorarios” de los jueces. Ni hace falta mencionar los acuerdos secretos entre el abogado de la demandada y la demandante, como todos saben. La corrupción es una bandera. 

La nueva legislación avanza en estos temas, en el mismo sentido que el Decreto de necesidad y urgencia del comienzo del mandato del presidente, que también fue desconocido por varios jueces. Es de esperar que el contubernio judicial no se ocupe de desvirtuar estos cambios, de todas maneras bastante moderados. 

En el camino también se archivaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias, objetivo importante, por la patriótica, estratégica y jurídica razón de que los gobernadores sintieron que perderían ingresos de coparticipación si se aplicaban. La motosierra corta pero no ahoga. 

El cuasi blanqueo y demás estímulos para regularizar la informalidad suenan bien pero no tendrán efecto alguno. El cómodo negocio de los planes hace que el trabajador sea cómplice y a veces generador de la informalidad. La columna no tiene muchas esperanzas en este estímulo, que por otra parte aumentaría los costos de mano de obra en un momento complicado para que ello ocurra. 

Donde el Gobierno ha cometido un craso error conceptual y técnico es en la creación del FAL o Fondo de Asistencia Laboral, con sigla de fusil. Se crea un fondo cuyo manejo no está claramente establecido, pero que se supone será invertido por la empresa en valores financieros, con el objeto de que sea usado por cada empresa individual para afrontar si lo desea el costo de las indemnizaciones. Esta reserva se fondea destinando a esos efectos parte del Aporte Patronal que percibe la Anses. 

Por si el lector no se ha dado cuenta, esto significa que el Estado sacrificará parte del ingreso del Aporte Patronal para pagar las indemnizaciones del sector privado. Esto es porque, si bien aparentemente el FAL tiene financiación específica, en realidad es un engaño, porque se usan los fondos destinados al pago de las jubilaciones para otro fin, con lo que el Estado deberá aportar con recursos cuyo origen no se especifica la diferencia así generada, en un sistema que ya es largamente deficitario. 

El truco de prestidigitación consiste en crear un nuevo gasto y como dice la legislación explicitar cómo se financiará, pero en un mecanismo de manta corta desfinancia aún más el sistema jubilatorio, sin explicar de dónde saldrán los fondos para ello. Se parece a la dolarización sin dólares, un mecanismo habitual del ministerio de reducción del gasto. 

Por las dudas no quede claro, pasando en limpio el pase de magia, el Estado argentino se hace cargo de todas las indemnizaciones que deba abonar el sector privado. Un concepto ligeramente opuesto al cambio de paradigma o de cultura que el gobierno sostiene.  Se podría llamar subsidio, también, pero enojaría a los apóstoles libertarios de “X” y de streaming.  

El criterio mussoliniano de Perón

Nunca hubo demasiado derecho a creer que un cambio en la legislación laboral, aunque fuera perfecto, modificaría el empleo, la calidad de salarios y la competitividad de los productos nacionales. El resto de factores indicados al comienzo, endógenos y exógenos, respaldan ese modo de pensar. A lo que hay que agregar otro factor. Luego de un siglo de vivir con el cepalismo de Prebisch en el alma, se han generado estructuras, formatos, hábitos, leyes, conquistas sociales, precedentes, derechos adquiridos, composición sociológica y educativa, tendencias económicas y poblacionales, modos de creación de empleo y recaudación impositiva, políticas monetarias, proteccionistas y cambiarias que de uno u otro modo responden al criterio mussoliniano de Perón, que rige hasta hoy. 

Cambiar eso y aplicar reglas de economía abierta y libre, por más que sea lo que seriamente corresponde hacer en una economía sana, genera una revolución de todo tipo, y una destrucción que, aún con la promesa de un futuro promisorio, toma muchos años en florecer en crecimiento y bienestar. Es como si a un enfermo le dijeran que para sobrevivir se tiene que extirpar un pulmón y un riñón. 

Eso es difícil de soportar para cualquier sociedad, crea cientos de miles de inequidades y dramas por bien que se haga, a más de rechazo social y votos en contra. Difícil de soportar para la sociedad, que además quiere soluciones urgentes, no estrategias. También para los políticos, que quieren ser reelectos de por vida. Sin excepción. 

Fate es un hecho desafortunado, además de por sus consecuencias, por el efecto en el momento político. Pero sería erróneo e injusto atribuirlo a las políticas de Milei. Las empresas no son heroicas. Habrá muchas Fate en el país y en el mundo. Aún si se viviera una reconversión, es un hecho inevitable, casi imprescindible. 

En una de sus conversiones socioeconómicas, al principio del gobierno de Macri, el actual presidente defendía el gradualismo, tal vez por esa razón. Ahora está preso de su propio éxito, en algún sentido, y de su propia prédica. Por eso muchas de las reformas se quedan cortas, son parciales, o formales. También por todo el sistema residual que defiende sus privilegios, claro. 

Generar nuevos emprendimientos e inversiones no es fácil, menos en el contexto proteccionista mundial, cuyo profeta es Donald Trump. Cuando se analicen los supuestos tratados comerciales se verá la verdad de este aserto. El primer paso, bajar el gasto y eliminar el déficit es un paso fundamental, pero ha costado mucho sacrificio y también muchas críticas. Bajar impuestos será más difícil aún, sobre todo si el Gobierno cree que ha bajado tanta carga impositiva, como sostiene. Generar empleo será dificilísimo, en cualquier parte del mundo. Los recursos y remedios habituales no serán suficientes. Por eso es mejor ni imaginar los efectos de la IA. 

Un invento como el RIGI de exención impositiva a las nuevas megaempresas, (que serán mayoritariamente de actividades extractivas) que ahora se extiende parcialmente a otras de menos envergadura, requiere profundo análisis. El estado se cuelga de un hipotético empleo adicional y sacrifica ingresos que podría usar para repartir mejor la carga impositiva. Un PBI de segunda en términos fiscales. En términos del empleo, se parece mucho al argumento de las empresas subsidiadas que signaron la historia nacional: el riesgo es que cada empleo cueste mucho más caro que un subsidio. Con el agravante de que el diseño, la robótica y la tecnología reemplazan buena parte del trabajo humano. 

En 1990 Alvin Toffler, el gran sociólogo y tratadista estadounidense, culminó una trilogía genial sobre la evolución de las sociedades modernas con su obra Powershift (El cambio del poder). En ella hacía una predicción incómoda: “Hasta ahora el individuo está preparado para cambiar dos o tres veces de empleo en su vida. Ahora el individuo debe prepararse para cambiar de profesión 3 o 4 veces en su vida". 

Dos libros proféticos

Sin embargo, Toffler era todavía optimista. Soñaba con una reconversión como la que se produjo luego de la invención del ferrocarril, la electricidad, el motor a vapor y el automóvil. Un lustro después Jeremy Rifkin hizo otra predicción más negra en su libro emblemático El fin del trabajo, basado en razonamientos y tendencias parecidas a las de Toffler, pero con conclusiones mucho más pesimistas: simplemente no habría más empleo. De ahí que imaginara soluciones tan drásticas como la desesperada idea de crear un salario o renta universal abonada por el estado, vaya a saber financiada con qué mecanismo. 

Así como se tornó obsoleta la teoría de la plusvalía y del valor trabajo de Marx, parece también estar camino a la obsolescencia la teoría del derrame vía empleo, la idea de que las empresas proveen trabajo, y la de que todo aumento poblacional crea una demanda tal que genera su propio empleo. 

Todo parece indicar que se está ahora mismo más cerca de Rifkin que de Toffler.  Se podría agregar que con el polémico y chapucero Donald Trump a cargo de la nave capitalista y destruyendo la materia prima esencial de la economía, que es la credibilidad, el próximo libro se llamará El fin del dinero. En ese entorno está girando el futuro. 

La Biblia Gaucha

Volviendo al Martín Fierro, citado al principio, la Biblia Gaucha decía: 

Debe trabajar el hombre

Para ganarse su pan, 

Pues la misera en su afán

De perseguir de mil modos

Llama a la puerta de todos

Y entra en la del haragán. 

En el contexto global distópico que ya golpe la puerta, tal vez ser un haragán no sea criticable, tal vez sea un destino inexorable. 

Por eso no hay que celebrar esta modesta ley como un gol. Es apenas un córner.