Por GB(R) Dr. Oscar Armanelli
Desde Hamburgo (Alemania)
Tras la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia es considerada por los análisis estratégicos como la amenaza militar directa más grave e inmediata para la OTAN y Europa.
La posibilidad de un ataque de alta intensidad contra miembros del flanco oriental de la OTAN (como los países bálticos) obligaría a Alemania a actuar de inmediato como nodo de despliegue principal (Hub Logistico) y suministrador de fuerzas blindadas pesadas (ej. la Brigada Lituana).
Durante décadas, hablar de defensa nacional fue casi sinónimo de hablar de Fuerzas Armadas, fronteras y territorio. Ese concepto ya no alcanza para describir los desafíos estratégicos de un Estado moderno.
Alemania ofrece un ejemplo particularmente interesante. En 2023, su primera Estrategia Nacional de Seguridad incorporó formalmente el concepto de Integrierte Sicherheit -seguridad integrada-, bajo tres principios: ser capaz de defenderse, ser resiliente y actuar de manera sostenible. El concepto no se limita a la Bundeswehr: comprende diplomacia, policía, protección civil, ciberseguridad, infraestructura crítica, cadenas de suministro, energía y cooperación internacional.
La propia Cancillería alemana señala expresamente que la seguridad integrada es más que defensa. La razón es sencilla: un país puede tener Fuerzas Armadas modernas y, sin embargo, ser estratégicamente vulnerable si no puede garantizar energía, comunicaciones, transporte, abastecimiento, infraestructura, información o capacidad industrial en una crisis.
Alemania está llevando esa concepción hacia una dimensión adicional: la defensa integral, en la que la defensa militar se articula con la defensa civil y la capacidad de la sociedad para sostener el funcionamiento del Estado durante una crisis o un conflicto.
La lógica es que una guerra contemporánea no comienza necesariamente con el cruce de una frontera por tropas enemigas. Puede comenzar afectando una red eléctrica, un puerto, un sistema informático, una cadena logística, un satélite, un suministro energético o una infraestructura crítica.
Pero aquí aparece una cuestión particularmente relevante para la Argentina. Nuestra propia Ley de Defensa Nacional, la Ley 23.554, sancionada en 1988, establece que la Defensa Nacional es “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación” para enfrentar agresiones de origen externo cuando sea necesario el empleo de las Fuerzas Armadas.
Además, establece que el sistema debe preparar a la Nación para un eventual conflicto y contempla la movilización nacional.
Es decir, el concepto de integración no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Está allí desde hace casi cuatro décadas. La diferencia fundamental está en cómo se articula ese concepto en la práctica.
SEPARACIÓN CRUCIAL
La legislación argentina también establece expresamente una separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Esa distinción es esencial y no debería perderse. Integrar capacidades del Estado frente a amenazas externas no significa convertir a las Fuerzas Armadas en una fuerza policial ni borrar las competencias institucionales. Significa coordinar aquello que debe coordinarse, manteniendo las responsabilidades que corresponden a cada organismo.
En este contexto debe analizarse el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso el 17 de septiembre de 2026.
Según la comunicación oficial, la iniciativa busca proteger los derechos soberanos argentinos y se estructura alrededor de tres ejes: enfrentar la explotación ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para impedir esas conductas y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
La cuestión conceptual resulta entonces inevitable: ¿Estamos comenzando a pasar de una concepción estrictamente sectorial de la defensa hacia una concepción más amplia de seguridad nacional?
La comparación con Alemania puede ser útil, pero debe hacerse con precisión. Integrierte Sicherheit no es exactamente lo mismo que Defensa Nacional. Es un concepto más amplio: busca que todas las políticas públicas relevanes contribuyan a la seguridad del país.
Gesamtverteidigung en cambio, se aproxima más a la idea de defensa integral: la preparación militar, civil, económica, logística e institucional necesaria para sostener al Estado y a la sociedad ante una crisis o una guerra.
La Argentina posee elementos de esa arquitectura en su legislación. La Ley 23.554 habla de integración de las fuerzas de la Nación, preparación de toda la Nación, movilización y conducción de los distintos sectores afectados por un conflicto.
El desafío contemporáneo consiste en transformar esas formulaciones jurídicas en capacidades reales.
Porque la soberanía no se protege únicamente con soldados y armamento. Se protege también con infraestructura, industria, energía, conocimiento, tecnología, comunicaciones, capacidad logística, control del territorio marítimo, protección de los recursos naturales, resiliencia de las instituciones y capacidad de decisión política.
Para un país como la Argentina, esto adquiere una dimensión geopolítica evidente. El Atlántico Sur, la plataforma continental, los recursos pesqueros, hidrocarburíferos y minerales, la Antártida, las rutas marítimas y las Islas Malvinas forman parte de un espacio estratégico que excede ampliamente la tradicional noción de frontera terrestre.
La pregunta del siglo XXI, por lo tanto, ya no debería ser solamente quién custodia nuestras fronteras, la pregunta es mucho más amplia ¿Tiene la Nación capacidad para proteger aquello que considera vital cuando enfrenta una crisis estratégica?
Alemania está intentando responder esa pregunta mediante la seguridad integrada y una concepción reforzada de la defensa nacional. La Argentina tiene en su legislación instrumentos que permiten pensar en una dirección semejante, aunque con su propio marco institucional y sus propias prioridades estratégicas.
No se trata de copiar modelos extranjeros. Se trata de comprender una transformación que ya está ocurriendo: la defensa dejó de ser exclusivamente una función militar para convertirse en una responsabilidad estratégica del Estado y, en determinadas circunstancias, de toda la sociedad.