La condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción es consecuencia de por lo menos tres circunstancias. La primera es que el tribunal que la juzgó soportó las fuertes presiones políticas a pie firme, no se dejó intimidar y le aplicó la ley vigente. Ese temple ha dado como resultado un progreso institucional semejante al del juicio a las Juntas en los ochenta.
La segunda circunstancias fue la abundancia de pruebas en su contra y, la tercera, el persistente deterioro de su poder.
Frente a esa triple desventaja su estrategia de victimización resultó ineficaz, porque podía servir como argumento para sus adictos, pero no ante un tribunal penal. Equivocó desde el principio su defensa. Pretendía ser juzgada por la Historia, situarse en un plano superior, pero terminó formando parte de la crónica judicial al lado de personajes insignificantes de la picaresca estatal como Lázaro o De Vido.
No entendió el problema frente al que se hallaba desde el principio, un error político imperdonable, porque delitos puede cometer cualquiera, pero hacerlo impunemente es un privilegio de políticos poderosos. Ella ya no lo parece. Por lo menos en Comodoro Py.
Cabe recordar que Amado Boudou, otro vicepresidente convicto, fue acusado de coimero cuando presidía el Senado, pero la condena lo alcanzó en el llano, en 2018, cuando ya era presidente Mauricio Macri.
Los tiempos de la Justicia no sólo son pausados, sino también elocuentes. Se activaron después del desastre electoral que la vice sufrió en 2021 y en medio de una crisis económica terminal que anuncia nuevas derrotas. Descalificar a jueces y fiscales, enfurecerse, torpedear el funcionamiento institucional y repetir una y otra vez patéticamente los mismos argumentos no modifica esa realidad.
La única salida para la vice consistía en someter a su voluntad a todo el Poder Judicial, algo que no ocurrió. Ese fracaso sumado a barrabasadas como las de los bolsos en el convento o los negocios con Lázaro o los cuadernos de las coimas se convirtieron en una combinación fatal.
Es llamativo que la vice haya enfrentado tanto a la Justicia como al periodismo con la misma receta: intentó reemplazarlos por adictos, una tarea ciclópea fuera de su alcance. Pretendió armar un Estado totalitario, pero le salió una chapucería. Aprobó una ley de medios y una reforma del Consejo de la Magistratura para controlar a la prensa y manipular a la Justicia, pero en ambos casos la Corte le torció el brazo.
Todos los encuestadores detectan un 30% de votantes que la siguen sin dejarse influenciar por procesos judiciales, pero ese sería el techo electoral de toda la coalición peronista si continúa sometiéndose ella. Tal vez unos puntos más, pero no los suficientes para ganar un balotaje.
Lo que lleva a la pregunta sobre el impacto que el fallo judicial tendrá en el peronismo. Los caciques provinciales no tienen más de tres meses para elegir su camino: si van a las urnas con un candidato elegido otra vez por Cristina Kirchner o no. De eso depende su supervivencia. A ellos, más que a Cristina Kirchner, debería preocupar el pronunciamiento de los jueces.