De “La Corte al gobierno” a “El Gobierno a la Corte”

Allá por 1945, la oposición a la dictadura de entonces – que encontraría su sucesor en Perón, hombre de sus filas – reclamaba la renuncia de Farrell, que la presidía, proponiendo y coreando el eslogan de: “La Corte al gobierno”.

    Pretendía entonces que se delegara el poder político en la Corte, para que ésta llamara a elecciones. Por cierto que no es función de la Corte asumir el Poder Ejecutivo. Pero teniendo en cuenta que entonces lo ejercía un militar, a título de cuartelazo y siendo todas las opciones de facto, la de la Corte parecía ser más adecuada para asegurar la pureza de los comicios. 

    Mucha agua –y de las más distintas vertientes– corrió desde entonces. Y, vaya paradoja, hoy, tres cuartos de siglo después, el Ejecutivo, en procura del poder absoluto, pretende descabezar a la Corte Suprema y colocar en ella algunos polichinelas letrados que le sean de toda obediencia.  

    En otras palabras, sin corearlo, pero a plena luz del día, quiere extender su poderío a la cúspide judicial: “El Gobierno a la Corte”.  

    Y esto no sería provisorio, como aquel pedido inverso del 45. Entonces se quería que la Corte ejerciera el Ejecutivo por muy breve tiempo, al solo efecto de llamar a elecciones. 

    En cambio, ahora se quiere que la Corte se limite a girar en la órbita del Ejecutivo, y que guarde debida obediencia con lo que hagan ese poder y el legislativo. 

    En este juego de antifaces, ya el Ejecutivo está siendo ejercido -sin el menor miramiento– por la vicepresidente. Que aúna ese poder al que legalmente detenta, de presidir el Senado. Si el Ejecutivo consigue desembarcar en la Corte, también lo hará pues, a título de mero personero de Cristina. 

    Como en esas muñecas en las que cada una encierra otra, aquí –al descorrer los distintos velos- aparece tras ellos la real titular del Poder, Cristina. Que araña, ya, su rama Judicial. Para ella, como para Federico el Grande de Prusia, la Constitución es tan sólo “un pedazo de papel”. 

    El Presidente Alberto Fernández, ha adherido a una marcha convocada por lo peor de los mercenarios K, para desestabilizar a la Corte. Esto que parece propio del teatro del absurdo o del “realismo mágico”, es de estricta actualidad.

Cuando se llega al extremo que, desde un Poder del Estado se convoca a marchar contra otro, la forma republicana de gobierno - que asegura el artículo 1 de nuestra Constitución - pende de un hilo. 

Y esa Constitución, desde 1994, asegura que su imperio continuará aun cuando “se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.” Y a continuación establece que tales “actos serán insanablemente nulos” (art. 36). 

Sin duda, mediante ese texto, el constituyente quiso precaverse de los cuartelazos que sacudieron a nuestro país durante el siglo pasado. Ahora bien, que cuando un Presidente alienta una marcha contra la Corte Suprema ¿no comete acaso “un acto de fuerza contra el orden institucional”?  ¿Puede un Poder del Estado agredir impunemente a otro? La sola intención de hacerlo, revela tal grado de desquicio institucional que convierte a nuestra Constitución en“un pedazo de papel”.

Para peor, la oposición se muestra tal fláccida como siempre ante este intento de golpe palaciego. ¿Cómo no ha convocado ya a una marcha – no más de 48 horas posterior a la del gobierno - por la independencia del Poder Judicial? ¿Qué espera? ¿Y qué espera el Colegio Público de Abogados para hacer otro tanto?

Además, aunque fuera igualmente repudiable, ese golpe palaciego ni siquiera se inspira en cuestiones ideológicas. La República está en juego porque Cristina quiere asegurar su impunidad. Y teme que esta Corte no se la garantice. Así de claro. Así de simple.