Cuidado con lo que le pides a los dioses: te lo pueden conceder

Ahora que finalmente el Congreso ha sancionado la Ley de Bases y su capítulo fiscal adicional, el Gobierno, y consecuentemente el país, se encuentran ante un fenomenal desafío.

La columna sostuvo desde antes del balotaje que la mayor dificultad que tenía el partido de Milei era su incapacidad de gestionar, por la combinación de inexperiencia política, la falta de cuadros experimentados en cada una de las áreas, la carencia de gerentes que fueran capaces de comprender la burocracia y manejaran técnicas presupuestarias indispensables para reducir el gasto seriamente. 

Ninguna de esas objeciones ha desaparecido, como tampoco ha desaparecido el aluvión de funcionarios heredados de las administraciones anteriores que, además de su inutilidad y su vocación al dispendio, obran como una rémora en cualquier administración razonablemente proba y eficaz. 

La sanción de ambos paquetes legales, aun luego de haber sido mutilados prolijamente por enemigos y amigos, enfrenta al Gobierno con la necesidad de llevar a la práctica los contenidos de las normas, casi como decir el plan de acción para el cuatrienio ya reducido por la demora. 

Entre las trampas de los legisladores, está el haber otorgado poderes especiales al Ejecutivo por sólo un año, lo que comprime dramáticamente los tiempos, sobre todo si se considera lo expresado en los párrafos anteriores.  Nada más que la reglamentación de ambos paquetes puede llevar fácilmente el 20% de ese lapso, siendo generosos.

Un primer paso

Muchos optimistas sostienen que se trata de un primer paso, y que luego se ampliarán los alcances, contenidos y plazos de estas leyes. No se puede argumentar contra el optimismo, pero tampoco se puede omitir que la oposición y la cuasioposición no van a mostrar el mismo grado de flexibilidad que ahora en el futuro, sobre todo si en el camino se intentan practicar ajustes tan contundentes como los que se anuncian, los que crearán un malestar político que, sobre las elecciones de medio término, no serán demasiado digeribles para los legisladores y gobernadores.

Por sobre los anticipos y expectativas, los contenidos de las normas y el tiempo real que tomará aplicarlas, aun descontando la efectividad en la ejecución, no pareciera que fueran a generar un alivio inmediato en la presión del ajuste sobre la población ni en su duración.  

El crecimiento del PBI, la salida de la recesión, la baja de impuestos, los resultados del blanqueo, no están a la vuelta de la esquina, requieren mucha tarea, mucha confianza, y una importante modificación en la política cambiaria e impositiva que no están necesariamente garantizados por las dos leyes de fondo recientemente sancionadas. 

El Gobierno prometió (y promete) que al sancionarse la Ley Bases bajaría los impuestos, uno de los factores más importantes para el crecimiento y la mejora salarial y del empleo. Eso no surge del texto de las leyes, salvo en el caso de Bienes Personales, que se analizará más adelante. Esa rebaja está más bien atada al tipo de cambio, al aumento de exportaciones, y todavía así, lo que el gobierno ve como una rebaja es simplemente volver a la tasa de Impuesto País que se aplicaba al comienzo de su gestión y que él mismo subió al 250%.  Mientras se acaba de reinstaurar el Impuesto a las Ganancias en su cuarta categoría. Casi una prestidigitación verbal. 

Tampoco está muy claro lo que ocurrirá con la política cambiaria. Cuando el presidente y sus ministros hablan de utilizar transitoriamente “el régimen de flotación administrada que se utiliza en Uruguay”, parecen desconocer que en Uruguay no existe tal cosa como la flotación administrada, sino que existe un mercado libre de cambios. Esa supuesta ignorancia no debería pasar desapercibida. Buena parte de las dudas para impulsar la salida del cepo es que ese paso no significa ir a un mercado libre, sino simplemente conseguir dólares vía préstamos o saldo positivo de la balanza de pagos para subsidiar algún tipo de cambio controlado y pagar intereses, por un tiempo que queda en manos del destino. Habrá que ver si eso es posible, y sobre todo, si es suficiente para crecer. El ministro Caputo sostuvo ayer que esta etapa se ha completado, con lo cual la emisión debería ser cero de aquí en más. Lo mismo que se dijo hace siete meses y no se cumplió. 

El fiasco de la dolarización

En este orden de ideas, el Gobierno ha abandonado su idea y promesa original de dolarizar, que ahora finalmente reconoce que no es posible con la deuda del Banco Central representada por los pases, Leliq y otros endeudamientos en pesos, algunos indexados, que se incurrieron en los últimos 15 años, gobierno de Macri (y Sturzenegger) incluido. Un asesoramiento superficial y fantasioso le hizo perder bastante tiempo al Gobierno en este tema. 

Con su capacidad para anular el pasado, el Presidente ha dicho que “pasó el período del déficit cero”, y ahora viene el período de la emisión cero”. Un modo elegante de aceptar que desde su asunción el Banco Central incendiado emitió pesos hasta casi duplicar la base monetaria, algo que si bien hizo para recomponer las reservas negativas y pagar los intereses de la deuda en pesos, es decir para comprar dólares y así reponer las divisas que pertenecen a los depositantes y de los que se había apoderado Sergio Massa, tiene también efectos inflacionarios, aunque al ministro Caputo le parezca que no.

Al eliminar la autorización para privatizar las empresas del Estado que carcomen el presupuesto y la seriedad del sistema, los legisladores eliminaron la discusión alternativa sobre el cierre de muchos de esos entes, que ahora se supone que gracias a la tarea de un nuevo super ministerio serán reducidos drásticamente. 

Suponiendo que eso fuera lograble por algún ser humano, este espacio sostiene que los gasto de TVA, Aerolíneas Argentinas, Telam y Radio Nacional y varios otros sólo se puede reducir no ya mediante una privatización imposible, sino haciendo desaparecer esos entes. Ese paso requiere otros mecanismos que no están considerados. En el breve plazo de un año, difícilmente se logre ningún resultado importante, fuera de la discursiva. No es realista prever una reducción de estos gastos, de los que además lucran tantos intereses sindicales, políticos, empresarios, delincuentes comunes, militantes y amigos. 

La creación de un Ministerio del Ahorro o como se le quiera denominar para reducir gastos y déficit plantea varios inconvenientes, el primero la inevitable confrontación entre los propios ministros y la colisión de facultades. No sería demasiado prudente esperar resultados significativos en el corto plazo. ¿Ni en el largo?  De todos modos, se debe estar preparado para sufrir la esperable ola de conflictos, verdaderos sabotajes a la gestión de un gobierno democrático que intenta manejar con seriedad los dineros públicos. 

Lenguaje confuso

El lenguaje con que el Presidente analiza el futuro económico del país también es sumamente confuso. Habla por caso de los “abusos de las prepagas que fueron solucionados”, mientras cualquier afiliado a ese régimen sabe que las facturas mensuales por ese concepto siguen aumentando hasta hoy, lo que difícilmente conforme al público ni provoque un aumento de la credibilidad, al menos entre los consumidores. Tampoco parecen ser muy creíbles sus afirmaciones sobre la recuperación de los ingresos de los jubilados, además de la injusticia que ha ratificado de que se continuará “igualando para abajo" las jubilaciones, y favoreciendo a los jubilados de favor, sin aportes plenos. 

También existe una gran vaguedad en cuanto al momento en que los cambios que anuncia el Gobierno tendrán lugar, que ahora no tienen fecha. Ayer el propio ministro Caputo se encargó sutilmente de desmentir al Presidente al decir que no se han fijado fechas sino que dichos cambios se implementarán “cuando estén dadas las condiciones”. O sea que el cepo sigue vivito y dañando. 

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, patentó ayer otro oxímoron al sostener que ya no existirán los problemas monetarios planteados por la emisión y el déficit fiscal, porque las deudas de ese banco han sido transferidas al Tesoro, como si el Tesoro perteneciera a otro país. Su afirmación de que “desde el lunes se empezará a hablar con los bancos sobre el nuevo esquema” hace pensar en una suerte de formato de Plan Bonex para bancos, (Letra de regulación monetaria, se llama ahora) más allá del vacío de las palabras, cuya tasa será fijada por el estado. Se supone que semejante alejamiento de los principios monetarios es transitorio. Sin fecha, dijo Bausili, en su fraseo supuestamente teórico.   “Las reservas bajaron porque se adelantó el invierno”. El intento por intentar convencer de que se trataba de un plan cuidadosamente elaborado está sujeto en su credibilidad a la buena voluntad del lector. 

Ninguno de los temas planteados ayer en la Conferencia de prensa tiene que ver con la ley de Bases, ni con el final del cepo, que sigue siendo una posibilidad difusa. Caputo sepultó allí cualquier esperanza de corto plazo de crecimiento al dejar en el limbo la salida del cepo. 

Tal vez el más claro logro en los despojos de la ley que acaba de sancionar el Congreso sea la baja en las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales y la inmunidad impositiva planteada hasta 2038, también una inequidad con quienes no evadieron, aunque habrá que esperar la reglamentación respectiva, que seguramente presentará condicionamientos importantes, porque la AFIP odia cualquier inmunidad impositiva.  Y cualquier rebaja.

Esa dependencia de la reglamentación se aplica a todo el contenido de las recientes leyes, que no podrán comenzar a aplicarse sin ese requisito, que se debe esperar que cree otros condicionamientos. En el caso del RIGI, por ejemplo, tal regulación es fundamental para no incurrir en injusticias entre quienes ya han invertido y quienes inviertan en el futuro, o entre las Pyme y las grandes empresas. El RIGI es otro gran interrogante y otra gran discusión que sigue estando pendiente. 

No parece que nada importante haya cambiado. Seguramente la combinación de la aprobación de la Ley Bases y los anuncios de ayer serán presentados como medidas fundamentales o liminares, pero ello no surge tan claramente de sus contenidos. 

En un reportaje de ayer el Presidente sostuvo que las reformas contenidas en la ley Bases superan varias veces las de Menem; habría que recordarle que Menem hizo efectivamente las reformas, mientras que -aceptando por un momento su afirmación sobre la importancia del contenido – las reformas de la ley no han empezado a hacerse. 

Como reiteradamente ha dicho el Gobierno y ratificado ampliamente ayer, “todo este plan se irá cumpliendo en la medida en que se den las condiciones”.