Cueste lo que cueste
La semana levantó el telón con una noticia que mantuvo la tensión informativa durante días. Los portales de noticias hicieron foco casi con exclusividad sobre las elecciones en Venezuela y dejaron en un segundo plano los aconteceres de la economía local, que continuaron fluyendo como un magma subterráneo.
La autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras unas elecciones manchadas por la trampa le sirvieron a Javier Milei para subirse al ring y dar otro round en su eterna pelea contra el comunismo.
De manera inusual ya el lunes temprano la jornada se presentó con altos decibeles. Y mientras el debate giraba en torno a la política internacional, los mercados se hamacaban al vaivén de las medidas económicas de un gobierno que apunta todos los cañones a sostener el superávit fiscal y bajar la inflación, cueste lo que cueste.
El movimiento fue audaz, arriesgado. El equipo económico decidió hace un puñado de días salir a achicar la brecha cambiaria en su afán porque los dólares bursátiles y el paralelo bajen hasta converger en un punto cercano a la cotización del oficial. Había una razón clara: los formadores de precios empezaban a mirar los precios de la divisa en otros segmentos y eso, tarde o temprano, azuzaría la inflación.
Así las cosas, el Gobierno, contra lo que manda el manual libertario, intervino reiteradamente en la plaza cambiaria vendiendo dólares para abastecer la demanda. La jugada tuvo consecuencias. En primer lugar, en los últimos días de julio el Banco Central quedó en una posición netamente vendedora y borró el saldo positivo que había juntado a lo largo del mes.
El segundo punto, no menor, los mercados hicieron una lectura negativa de la estrategia. El desprendimiento constante de divisas por parte del BCRA fue para los bonistas una luz de alerta. ¿Con qué plata se pagarían los vencimientos de deuda si las arcas se vacían?
El correlato de este temor, infundado o no, fue la rauda suba del riesgo país, que sólo se retrajo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones clave y garantizó que, ingeniería financiera mediante, se honrarán los pagos por venir.
Si el movimiento sale bien, aún afrontando el costo de que se desangren las reservas, se reducirá la brecha cambiaria y el Gobierno podrá consolidar la tendencia a la baja del proceso inflacionario. El futuro, claro está, es por demás incierto, sobre todo porque todavía resta actualizar las tarifas de los servicios y salir del cepo.
INFLACION
Bajar la inflación al siguiente escalón, es decir al 3%, para apuntalar la tendencia a la baja no será tarea sencilla. Nunca lo fue. Hay aún mucho por corregir y el mes de agosto llegó con una agenda cargada de aumentos. Entre los principales puntos se encuentran los peajes, telefonía y comunicaciones, agua, transporte y combustibles. El impacto en los precios del resto de la cadena será inevitable.
El mes de julio también dejó su huella cruel. El precio de las verduras, aseguran que a raíz de las heladas, escaló un 9%, al punto que el kilo de tomates en algunos barrios porteños llegó a costar $7.500.
Las mediciones de las consultoras comienzan a ofrecer lecturas disímiles en un abanico que va desde la extrema cautela hasta los pronósticos más audaces. El dato oficial de la inflación de julio será dado a conocer el miércoles 14 pero los economistas ya tienen hecha la tarea. Según la Fundación Libertad y Progreso, el IPC alcanzará el 3,8%.
“La tendencia a la desaceleración de la inflación es clara y, en la medida que se siga revirtiendo la depreciación de la moneda gestada en mayo y junio, podemos ver algunos meses que empiecen con 2. Eso va a depender de cómo y cuándo se vayan corrigiendo los atrasos de los precios regulados y las tarifas de servicios públicos”, explicó el director de la entidad, Aldo Abram.
En el escenario local siempre hay matices. Las cosas cambian cuando se hace foco exclusivamente sobre el Gran Buenos Aires, la zona más poblada del país. Allí, según datos de la consultora C&T, conducida por Camilo Tiscornia, el incremento mensual promedio de julio fue de 4,4%, por debajo del 4,9% registrado en junio.
“La brecha entre ambas mediciones refleja una fuerte incidencia de los componentes estacionales en la medición total. Algunos componentes de alimentos y bebidas también se aceleraron en el arranque del mes pero luego perdieron impulso. En consecuencia, alimentos y bebidas aumentó 4,2% en el mes”, destaca el informe.
Ya sea porque miden otras variables o porque el optimismo es grande, hay algunas consultoras, tal el caso de Orlando Ferreres y Asociados, que proyectan una inflación más baja. Tal como adelanta Fausto Spotorno en la nota de tapa del suplemento de Economía, el IPC de julio sería del 3,5%, “mientras que la núcleo nos da 2,2%. Es decir que, según el experto, no sería una locura pensar en una inflación núcleo del 1% en septiembre.
ESTANDARTE FISCAL
Hay banderas que el Gobierno no negocia. La del equilibrio fiscal es una de ellas. Quizás venga a ser su estandarte principal. “No hay plata” es una frase que el equipo económico repite como un mantra. Las provincias, acostumbradas al grifo siempre abierto del Tesoro Nacional, sufren las consecuencias.
De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el Gobierno completó el segundo trimestre del año con una fuerte caída de los envíos, tanto de coparticipación como los no automáticos. De acuerdo con datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, durante ese período el total de fondos transferidos desde la Capital Federal bajó al 18,7% interanual en términos reales.
En el primer semestre las provincias que soportaron un recorte menor fueron Jujuy y San Juan, con 14,3% real interanual. La provincia más afectada fue Buenos Aires, con 24,4% de baja interanual.
Hay gobernadores que, sin embargo, buscan a toda costa gambetear el ajuste. Uno de ellos es el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ante la escasez de pesos mandó a imprimir los Chachos, una cuasi moneda provincial que nos mete en el túnel del tiempo hacia comienzos del siglo.
Los Chachos pueden utilizarse para pagar hasta un 30% de los salarios de los empleados públicos provinciales y para cancelar deudas y pagos con proveedores y contratistas del estado provincial. Los bonos emitidos vencen el 31 de diciembre de 2024. Dado que son recibidos por el estado riojano como medio de pago de impuestos, tasas y tarifas, y por una porción del sector privado de esa provincia, circulan dentro de La Rioja como una moneda adicional al peso. Milei se burló de la medida pero, en su fuero íntimo, teme el efecto contagio.
INVERSIONES
Sobre el cierre de la semana ganó otra vez espacio en los medios la pulseada que sostienen el presidente de la Nación, Javier Milei, con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
El eje, en esta oportunidad, estuvo dado por la decisión de YPF y la empresa malaya Petronas de instalar la planta de Gas Natural Licuado en Río Negro, pese a que negociaron hasta el último minuto con Buenos Aires.
El hecho fue interpretado a priori como una fase más de la puja ideológica entre Nación y provincia. Con el correr de las horas surgió otra explicación: Buenos Aires no adhirió al RIGI (Régimen de incentivo a las grandes inversiones), contenido en la Ley Bases, y Petronas no hundirá u$s 30.000 millones de inversión en un territorio que no le garantiza seguridad jurídica.
La empresa YPF, de mayoría accionaria estatal, optó por despegarse del debate político y emitió un comunicado con un enfoque técnico en el cual explicaba que el puerto de Punta Colorada, en la localidad de Sierra Grande, tiene una mejor proyección para albergar los buques de GNL.
Más allá de la tirantez o la mojada de oreja política, queda claro que el encuadre normativo del famoso RIGI opera a manera de salvaguarda para las inversiones de grueso calibre. No es casual que en los últimos días también se anunciara que las mineras Lundin (canadiense) y BHP (australiana) se unirán para desarrollar la mina de cobre de Josémaría y Filo del Sol, en San Juan. La inversión total rondaría los u$s 10.000 millones.
Ese parece ser, al fin de cuentas, el sendero. La razonable explotación de los recursos naturales que generará dólares para un país quebrado y trabajo en una sociedad con 55% de pobreza y 45% de empleo en negro.