Por Bárbara Morelli *
En Argentina, la denuncia por abuso sexual es -y debe seguir siendo- una herramienta fundamental para proteger a niños, niñas y adolescentes. Pero cuando esa herramienta es usada con fines de revancha, de estrategia judicial o de venganza personal, el daño ya no es solo institucional: es humano, profundo e irreparable.
El caso del Dr. Pablo Ghisoni lo deja claro. Fue acusado falsamente por su exesposa Andrea Karina Vázquez, médica y militante feminista, por supuestos abusos contra sus propios hijos. No hubo pruebas. Hubo relato. Hubo presión judicial. Hubo prisión preventiva. Y hubo silencio de las organizaciones que dicen defender la niñez. Años después, Ghisoni fue absuelto por unanimidad, pero para entonces ya había pasado por el infierno: pérdida de vínculo con sus hijos, persecución mediática, estigmatización profesional, y un daño emocional que aún no tiene nombre.
Dos de sus hijos, Tomás y Valentina, lo defendieron públicamente. Tomás grabó un video estremecedor donde relató cómo fue manipulado por su madre para mentir ante la justicia. Desde entonces, fue bloqueado por ella en redes y aislado de sus abuelos maternos. El aparato de poder se activó para proteger el relato. Para silenciar la verdad.
IMPUNE
¿Por qué lo traemos de nuevo? Porque Vázquez no es cualquier persona. Es funcionaria pública. Ocupa un cargo relevante en el área de salud. Y a pesar de estar denunciada penalmente por instigación a una denuncia falsa, ninguna agrupación de derechos humanos o feminista pidió su renuncia.
Ninguna periodista de género la interpeló. Ninguna agrupación “por la niñez” pidió justicia por Tomás, ni por sus hermanos.
Más aún: quienes intentamos visibilizar estos hechos fuimos sistemáticamente atacados. Nos acusaron de “revictimizar”, de “machistas”, de “negadores”.
Nos acusaron por hablar de la otra cara: la de las falsas denuncias, la manipulación infantil, el uso de la justicia como herramienta de poder. Nos acusan por pedir que también se respete el derecho a la verdad. Pero no callamos.
Esta semana, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se sumó al repudio institucional a Andrea Vázquez y también a la funcionaria Liliana Hendel, secretaria de Políticas de Género de La Matanza.
¿Por qué Hendel? Porque, aún frente a un caso de esta gravedad -con evidencia, con fallo judicial, con daño directo a menores- eligió callar. Eligió proteger a la madre, militante como ella. Eligió ignorar el principio de inocencia, los derechos del niño y los límites de su función pública.
Desde la Asociación Morelli valoramos este repudio porque marca un punto de inflexión. Porque la política, al menos en algunos sectores, empieza a tomar nota de que las falsas denuncias existen, de que destruyen, de que son violencia. Porque cada caso silenciado por militancia es un mensaje a los niños: “si el adulto que te manipula pertenece al sector correcto, nadie te va a escuchar”.
Y esto no es una exageración. Lo vivimos todos los días. Con madres bloqueadas por denunciar irregularidades en IOMA. Con padres que pasan años sin ver a sus hijos por medidas cautelares basadas en relatos sin pericia o con peritos parciales. Con niños que transitan cámaras Gesell revictimizantes, sin un adulto neutral, sin contención real. Todo, mientras quienes dicen luchar por la niñez se sacan fotos, arman congresos con palabras bonitas, y firman campañas que les garantizan financiamiento.
Estamos hartos de ver cómo la perspectiva de género es usada como comodín para justificar cualquier atropello procesal. Para cerrar expedientes sin investigar. Para condenar sin pruebas. Para callar a quienes denuncian mentiras. Lo que se instaló no es una agenda por los derechos de la niñez: es una narrativa de impunidad, sostenida por una red de poder que tiene más de marketing que de justicia.
FALSAS DENUNCIAS
El Congreso de la Nación tiene hoy la oportunidad de avanzar en proyectos como el de la diputada Lilia Lemoine o la senadora Carolina Losada, que buscan tipificar y agravar las penas por falsas denuncias, especialmente en el ámbito familiar.
No son leyes “anti-mujeres”. Son leyes para evitar que menores sean usados como armas judiciales. Son leyes para proteger a todos: a los inocentes, a las víctimas reales y a los vínculos que no deberían romperse por ideología.
Desde la Asociación Morelli vamos a seguir acompañando a las víctimas de este sistema deformado. Seguiremos reclamando justicia para Tomás, para Ghisoni, para cientos de padres e hijos que hoy están separados por el silencio de quienes deberían protegerlos. Y no vamos a dejar de señalar a quienes se esconden detrás de discursos progresistas para ejercer violencia institucional, psicológica y familiar.
La niñez no se defiende con hashtags. Se defiende con verdad, con justicia y con coraje. El mismo que hoy nos obliga a hablar, aunque incomode.
* Presidente de la Fundación Morelli.